Las declaraciones del presidente del Senado, una amenaza al derecho a la seguridad social

Por Gregorio Moya E.

El Congreso Nacional no fue capaz de atender las demandas mayoritarias presentada por las organizaciones sociales, gremiales, de pequeños y medianos empresarios, de jubilados y de pacientes; que reclamamos una modificación de la ley de seguridad social, en cumplimiento de la Ley 13-20 votada por el mismo congreso que no la cumplió. Un congreso que no cumple ni siquiera sus propias decisiones.

El anuncio de la modificación de la Ley 87-01 por parte del presidente del Senado, quien lo hace ponderando que la misma “es la única que permitió al país tener verdaderos ahorros y ha dado buenos resultados en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social”, se siente como una amenaza, una mala nueva, el augurio de que algo viene mal.

Este anuncio del presidente del Senado Ricardo de los Santos, nos dice que su concepción de la seguridad social es fiscalista, y que no va a incorporar la eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y las Administradoras de Riesgos de Salud, porque a decir de este legislador la actual ley ha dado buenos resultados. El Presidente del Senado no tiene noción de la seguridad social como un derecho, incluso contemplado en la Constitución de la República. Los afiliados de la seguridad social más que una buena noticia interpretamos como una amenaza el anuncio del senador por Sánchez Ramírez, que como la mayoría de los legisladores, está sordo y ciego ante los reclamos de cambios estructurales de la ley de seguridad social, que asegure de verdad la perdida de ingresos por enfermedad, vejez y viudez. Para el senador Ricardo de Los Santos, al igual que la mayoría de sus colegas, la seguridad social ha dado buenos resultados, porque al parecer, como tienen un seguro de salud y pensiones privilegiados, no se ha dado cuenta que el 50 por ciento del gasto en salud lo cubre directamente el paciente o sus familiares según las propias informaciones gubernamentales, y el otro 50% lo hace a través del presupuesto, que sale de la población, y de los aportes de los trabajadores a la seguridad social.

El presidente del senado parece que no ha leído los informes y estudios que dan cuenta de las limitaciones de acceso a servicios de salud en este sistema que ha convertido la salud en una mercancía, y que solo sirve para pagar una parte del gasto en salud, y una parte de lo que pagan los se la quedan las ARS, en un procedimiento de corrupción legalizado. El presidente del senado no tiene información de que los pobres tienen que abstenerse de adquirir los medicamentos, posponer procedimientos, porque sus recursos no le permiten pagar ese 30% de las medicinas cubiertas, y el 100% que no cubre la seguridad social actual, que son la mayoría. Para la salud de los pobres, la actual no es seguridad ni mucho menos social.De manera que, ante este anuncio, que debe ser comprendido como una amenaza, la ciudadanía debe continuar la lucha por la seguridad social por distintas vías y métodos.

Debemos continuar demostrando que este sistema es insostenible desde el punto de vista de sus objetivos de protección social. Para ello debemos seguir difundiendo las propuestas, los estudios e investigaciones que se han realizado en estos últimos años. Igualmente, hay que seguir organizando la movilización social en sentido general, promoviendo asambleas, interviniendo en los espacios de participación popular, en las organizaciones de la sociedad civil, tomando la plaza pública, impulsar pequeñas reuniones, demostraciones, integrando sectores y defendiendo derechos adquiridos como han hecho la ADP y el CMD, así como el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) que se ha mantenido movilizándose por sus derechos.

Mantener y fortalecer la unidad por la seguridad social digna, articulando demandas reivindicativas, sin tutelas, de manera solidaria, transparente, alcanzando comunidad de intereses en la diversidad de sectores de trabajadores.

Y en esta coyuntura, entrar en el debate, demandando el compromiso de candidatos y candidatas que asuman continuar defendiendo la propuesta de una seguridad social digna mediante una propuesta de modificación estructural de la ley de seguridad social, y confutar a quienes quieren continuar con un sistema que saca recursos a los trabajadores y trabajadoras, obtienen fabulosas ganancias, condenando a los mismos pensiones miserables, si les tocan, y al no cubre servicios de salud en clínicas, hospitales, farmacias y laboratorios. Aprovechemos la coyuntura proselitista actual, y en medio de la borrachera y chercha electoral, introducir nuestras demandas en los debates, en las propias actividades de los partidos, en cada municipio o circunscripción electoral reclamar a los candidatos el derecho a la seguridad social negado por la Ley 87-01 y el robo legalizado que realizan las ARS y las AFP.