domingo, 31 de enero de 2021

PANDEMIA DE COVID 19 Y DERECHOS HUMANOS

Por Gregorio Moya E. La situación de crisis sanitaria y sus secuelas económicas, sociales e institucionales son de gran impacto, y afectan los derechos humanos. En la mayoría de los países, incluyendo la República Dominicana, el ordenamiento jurídico contempla que ante situaciones de emergencia como es una epidemia, limitar o derogar algunos derechos con el fin legítimo de proteger la salud pública, pero esta limitación no es una carta en blanco, que borra todos los derechos. La limitación de derechos, que es votada por el poder legislativo debe estar acorde con el objetivo de proteger la salud pública, debe ser necesaria, efectiva y basada en la evidencia, no puede ser ni generar arbitrariedades y discriminación. Y es que la declaratoria de emergencia, desde marzo 2020 a la fecha, está siendo utilizada de forma tal que se extralimitan las autoridades, sobre todo policiales y militares, golpeando hasta la tortura, apresando y reteniendo en la cárcel, imponiendo multas ilegales, violando domicilios, todas otras violaciones de derechos, sin ninguna justificación basada en la evidencia como medida de protección de la salud pública. Pero lo que es peor, los apresamientos, abarrotar las cárceles constituyen acciones que aumentan los riesgos de contagio, que es lo que supuestamente se busca enfrentar. Como dice la Federación Internacional de los Derechos humanos, la situación es tal, que la pandemia de Covid-19 ha sido una excusa para las autoridades “aumentar ilegalmente sus prerrogativas, retener el poder, controlar a su población y atacar los derechos fundamentales y las libertades individuales. La crisis ha afectado de manera desproporcionada a la población más vulnerable y ha agravado la falta de protección por parte del gobierno”, https://www.fidh.org/es/. Hay que recalcar que hay derechos fundamentales que no admiten derogación, y su violación es mucho más pernicioso que el fin de protección que supuestamente se propone. El derecho a la vida, el derecho a la integridad y a no ser torturado ni encarcelado ni retenido sin causa justificada, son derechos que no puede derogar ninguna ley de emergencia. La violación sistemática de derechos fundamentales cometidos por la policía en República Dominicana socava el orden público, porque el respeto a los derechos humanos forma parte del orden público, de acuerdo a los Principios de Siracusa.