27-06-2013

Dominicana solo permitirá el aborto terapéutico

Otramérica

El parlamento de República Dominicana ha avanzado sólo un milímetro en el respeto a la vida de las mujeres y ha aprobado una reforma legal que permite el aborto cuando la vida de la mujer corra peligro. Las mujeres dominicanas exigían más. La defensa de la dignidad, también.
Este martes 25 de junio será mal recordado en República Dominicana. Sus diputados, tras una fuerte presión de la Iglesia católica, han ‘modernizado’ el Código Penal vigente desde hace 129 años y han abierto un milímetro la mano para permitir el aborto, prohibido totalmente en el país hasta ahora, sólo cuandio la vida de la mujer esté en peligro.
La decisión forma parte de una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, aumenta de 30 a 40 años la pena máxima, incluye el cúmulo de penas, castiga el sicariato y la autoría intelectual de los crímenes de sangre, y penaliza con 40 años a los culpables de feminicidio. Los adultos que utilicen menores de edad en actos delictivos pueden pagar de 4 a 10 años de cárcel y los secuestradores, entre 20 y 30 años.
En el caso del aborto, se seguirá penando con 2 a 3 años de cárcel a toda persona que colabore con un aborto o a la mujer que lo practique en todos los casos excepto en el que su vida corra peligro. Médicos y enfermeras que participen en los abortos podrán ser condenados a penas de entre 4 y 10 años. En todo caso, con la aprobación de la reforma, República Dominicana se cae de la lista de Estados en los que no se permite el aborto terepéutico en la que quedan: Chile, El Salvador, El Vaticano, Malta y Nicaragua.
El Parlamento aprobó el nuevo Código tras 11años de consultas, debates, y polémica. En la calle, un grupo de mujeres de organizaciones feministas exigían una reforma más valiente y acorde con los principios de igualdad, protección y libertad para las dominicanas.
"Es un Código bien trabajado y consensuado, los redactores originales, que son los mejores juristas del país, han estado en esta década con nosotros asesorando", dijo a EFE el presidente de la Cámara de Diputados local, Abel Martínez Durán.
Sin embargo, el Foro Feminista, horas antes de la aprobación de esta reforma animaba a os diputados a ir más allá y legalizar sobre el aborto de una forma más progresista y respetuosa para los derechos de las mujeres. La organización recordó que República es “el país donde el porcentaje de mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo, el parto o puerperio es más del doble que en el resto de la región de América Latina y el Caribe”. También criticó que la nueva legislación se refiere sólo al feminicidio íntimo, restringiendo las agresiones a las mujeres al entorno de la pareja. Hay que destacar que en Dominicana fueron asesinadas 127 mujeres en 2012 en el marco de la violencia de género siendo el país con más incidencia del feminicidio seguido por Colombia y Perú.
Sergia Galván, directora de Colectiva Mujer y Salud de Dominicana, aseguraba a el diario El País hace unos días que “la incidencia de la jerarquía eclesial católica determina no solamente que no se despenalice el aborto por causales de incesto, violación o peligro de la vida de la mujer, sino prohibir y limitar la educación sexual en las escuelas, el uso de métodos anticonceptivos o del condón”.

Fuente: http://otramerica.com/radar/republica-dominicana-solo-permitira-aborto-terapeutico/2937

Posición del Foro Laico “Eugenio María de Hostos” ante el recurso de amparo de la Iglesia católica contra PROFAMILIA

El recurso de amparo interpuesto por la Iglesia católica contra la campaña de PROFAMILIA a favor de los derechos sexuales y reproductivosconstituye una clara demostración de por qué resulta tan urgente y necesaria la vigencia efectiva de la laicidad del Estado en la República Dominicana. En países de sólida tradición democrática, donde el Estado actúa como garante real de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos, ninguna Iglesia se hubiera atrevido a elevar una instancia como ésta, mucho menos una con tan escasa sustentación jurídica.

En primer lugar, dado que su propósito es silenciar la difusión de ideas contrarias a sus enseñanzas, la iniciativa de la Iglesia constituye un intento de censura eclesiástica, lo que viola el derecho constitucional a la libertad de expresión. Desafortunadamente para nuestras autoridades religiosas, en el país ya no rige el Index librorum prohibitorum et expurgatorum, el tristemente célebre catálogo de libros considerados perniciosos para la fe que la Sagrada Congregación de la Inquisición mantuvo vigente desde 1559 hasta 1966. De ahí la decisión de apelar a la autoridad laicapara amordazar a PROFAMILIA y, junto a ella, a cualquier organización o persona que en lo sucesivo pretenda reivindicar el derecho a la educación sexual escolar, al aborto terapéutico o al uso de anticonceptivos. A fin de cuentas, como acaba de señalar el Cardenal López Rodríguez, los derechos sexuales y reproductivos “son un invento de gente carente de moral y principios”.[1]

En segundo lugar, con este recurso la Iglesia trata de utilizar una instancia estatal para imponer a toda la población por la fuerza de la ley -y de no de la fe voluntariamente aceptada- su anacrónico sistema de creencias y prácticas en lo que atañe a la sexualidad y a la reproducción, sobre todo la de las mujeres. Aunque las y los abogados aseguran que los argumentos de la Iglesia no tienen ningún asidero jurídicoa la luz de lo que establece la Ley 137-11 sobreel amparo, no hay que olvidar que esta fue exactamente la estrategia que la Iglesia utilizó con éxito en el caso del Artículo 30 (actual Art. 37 de la Constitución).  En esa ocasión al igual que en ésta el propósito es obligar a toda la ciudadanía a acatar normas religiosas particulares con las que puede o no estar de acuerdo, lo que a todas luces viola la libertad de conciencia y de cultos establecida en la Constitución dominicana.

Parece evidente que la resolución de este recurso de amparo sólo podría resultar favorable a la Iglesia si se anteponen los principios religiosos a los derechos ciudadanos fundamentales, lo que de regir plenamente el Estado laico resultaría impensable. Pero no hay que olvidar queel Art. 30 no fue un hecho aislado sino que forma parte de una larga historia de sumisión de la autoridad estatal ante los designios de la jerarquía católica, como muestra el fallo judicial de la SCJ del 2008 que desestimó la demanda de inconstitucionalidad contra el Concordato. O como más recientemente evidenció la decisión del Presidente del Tribunal Constitucional de conmemorar el primer aniversario de la fundación de este organismo con una misa, aún después de ser intimado por el Foro Laico mediante un acto de alguacil para que se abstuviera de hacerlo.

Vale la pena reconsiderar los argumentos del Foro en esa ocasión porque han resultado proféticos, visto que el Tribunal Constitucional será el llamado a tomar la decisión final en caso de que Profamilia o la Iglesia decidan apelar la sentencia surgida del recurso de amparo. Nuestra nota de prensa planteó: 1) que se viola la libertad de conciencia y cultos establecida por la Constitución cuando una entidad gubernamental patrocina una celebración de carácter religioso particular; 2) que el Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana y sus jueces son los custodios fundamentales de la Constitución y como tales deben permanecer imparciales y alejados de toda disputa ideológica, así como de los símbolos y doctrinas religiosas; 3) que de no obtemperar la intimación del Foro, el Presidente y los demás miembros del TC  quedarían "ipso facto" inhabilitados para conocer y decidir cualquier recurso que directa o indirectamente involucre en el futuro a la Iglesia Católica, porque ya habrían manifestado su inclinación, preferencia y habrían creado un privilegio de esa Iglesia sobre las demás.[2]

La campaña de PROFAMILIA probablemente sería innecesaria si el Estado dominicano hubiera tenido la voluntad política de enfrentar los graves problemas de salud sexual y reproductiva que afectan a la población dominicana, mediante la implementación de políticas públicas dirigidas a prevenir el embarazo adolescente, la violencia de género, el auge del VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual, el embarazo indeseado y el aborto realizado en condiciones peligrosas, etc. Por el contrario, la irresponsabilidad estatal y la injerencia sistemática de la Iglesia en las políticas públicas son las principales responsables de que nuestros jóvenes no reciban educación sexual escolar, de que nuestras leyes obliguen a niñas y mujeres a parir embarazos productos de violación y a morir cuando estos embarazos amenazan su salud, de que una de cada cinco adolescentes ya sea madre.

Todo lo anterior remite a la imperiosa necesidad de rescindir de una vez por todas el Concordato y eliminar los privilegios políticos, jurídicos y económicos de la Iglesia católica, retornando la religión a la esfera privada, de la conciencia individual, que es donde en las democracias modernas le corresponde estar. Es hora de que el Estado dominicano asuma el rol que le corresponde de proteger el derecho de todos y cada uno de los ciudadanos a sus creencias y prácticas religiosas sin interferencia alguna y en condiciones de absoluta igualdad, tal como establecen los principios de laicidad que subyacen nuestro ordenamiento jurídico. El hecho de que todavía hoy en día la Iglesia se atreva a demandar a Profamilia por promover derechos humanos fundamentales debe ser una voz de alerta a toda la sociedad dominicana. Respondamos a la altura que demandan las circunstancias.

Santo Domingo, 12 de mayo del 2013

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[1] Ver la reseña en 7días.com.do, 11 de mayo del 2013, ““Para el cardenal López Rodríguez los derechos sexuales son ‘invento’ de gente sin principios”, http://www.7dias.com.do/index.php/noticias/140532/Para_el_cardenal_Lopez_Rodriguez_los_derechos_sexuales_son_invento_de_gente_sin_principios#.UY-rkII1csc

[2]Lo anterior cita la nota de prensa del Foro Laico del 23 de enero del 2013. La reseña de la misma hecha por el diario El Día aparece en: http://www.eldia.com.do/nacionales/2013/1/24/105146/Movimiento-intima-al-Tribunal-Constitucional-para-que-no-celebre-su

LAS PISCINAS DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO: UN TEMA MAYOR

Por Gregorio Moya E.

La prensa se hizo eco de una disputa mayor, de gran importancia entre el Alcalde del Distrito Nacional Roberto Salcedo, y el Director de la CAASD, ingeniero Alejandro Montás. Pero como los temas de importancia son relegados por la prensa y por los propios actores, este ha desaparecido como un tema mayor de nuestra ciudad.

En efecto, como buenos compañeros, los dos funcionarios públicos resolvieron su diferencia, y el tema central quedó relegado. La falta de agua, el desperdicio que significa los cientos de miles de galones gastados en momentos en que hay una escasez de agua con la que se justifica que se racione este liquido vital, y que se inicie una campaña de persercución contra los lavacarros improvisados.

El mensaje que da el Alcalde es de lo peor. No hay respeto a una situación especial en la que está la ciudad con la escasez de agua. Otro mensaje deprimente da el ingeniero Montás al mostrar la poca firmeza cuando se trata de defender lo correcto frente a sectores de poder. Una cosa es con los lavacarros de los barrios y otra es con el flamante Alcalde. Coger piedras contra los más chiquitos es un abuso de poder, mientas se muestra vacilante frente al síndico.

Hay que preguntarse, aparte del tema del desperdicio de agua. ¿Cuáles son los controles de salud que se han establecido en un país que está viviendo los tiempos del Cólera? ¿Se han puesto a pensar los funcionarios del ayuntamiento, comenzando por el Alcalde, que las enfermedades diarreicas constituyen una de las causas de enfermar y morir de primer orden en el país?

Esta sociedad del espectáculo tiene entre sus funcionarios destacados humoristas que compensan sus deficiencias con los show de mal gusto.

LUCECITA OTRO CASO DE LA VICTIMIZACION MULTIPLE QUE SUFREN LAS ADOLESCENTES

Por Gregorio Moya E.

Las niñas en República Dominicana son múltiple-mente victimas.

En sus hogares las niñas  son relegadas por la preferencia que tienen los padres y otros familiares por los niños. Las niñas y adolescentes son víctimas de violencia de ambos padres y de los hermanos. La violación sexual es más común que ocurra contra las niñas, con el silencio cómplice de sus madres con mucha frecuencia. Los trabajos del hogar y el cuidado de los demás miembros de la familia, son cargados a las niñas y adolescentes para que los progenitores busquen el sustento de la familia.

En las escuelas, los maestros y grupos de padres presionan para que las niñas embarazadas sean sacadas de las escuelas. El acoso sexual, que es más frecuente contra las niñas aumenta porque los profesores ya no ven a esas niñas como tales, sino que la revictimizan y aumentan el acoso.

En los centros de salud las niñas son “víctimas de burlas, degradación, discriminación y desinformación mientras daban a luz  en las maternidades del país” por el personal de salud, como arrojó un estudio realizado por Indira Barinas, una reputada medica investigadora del país.

En las comunidades las niñas embarazadas también son víctimas de degradación, burlas y discriminación. El acoso sexual aumenta porque los adultos tienen el criterio de que la perdida de la “virginidad” le da patente de corso para acosar a estas muchachas.

En las iglesias a las niñas las consideran proclives al pecado. En distintas denominaciones evangélicas le canonizan la forma de vestirse, de peinarse y arreglarse. Si una niña se embaraza se considera pecadora y sucia. La iglesia católica presionó para que en casos de violación se prohibiera la interrupción del embarazo para proteger la salud y la vida de las menores, dándole rango constitucional a esta legalización del asesinato de niñas que promovió la jerarquía católica con amenazas de pogromo contra los legisladores y ciudadanos que promovían el derecho a la vida de las mujeres.

Se pobre y ser niña es una condición para ser mas pobre dentro de los pobres

El de Lucecita es un caso donde podemos asegurar que en ella ha ocurrido la victimización extrema. Por ello estamos de acuerdo con lo planteado por las organizaciones de mujeres frente a este caso. Estamos de acuerdo en que es “extremadamente arbitrario que una mujer, y en este caso una menor de edad víctima de violación sexual, no tenga en nuestro país el derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su sistema reproductivo. Resulta inhumano y cruel obligar a una niña de once años a llevar a término un embarazo”.

Feminicida es esta sociedad, sus leyes, sus iglesias, sus instituciones. Por eso, cuando opinantes, obispos, pastores, ministros, generales y otros tomadores de decisión se rasgan las vestiduras se comportan como dicen que dijo aquel hombre, como hipócritas, templos blanqueados y raza de víboras.

Ayer Esperancita, hoy Lucecita, son los nombres de una tragedia que sufren miles de niñas en una sociedad que hay que transformar.