domingo, 22 de diciembre de 2024

La época, ¿Cuál es la mía?

Por Gregorio Moya E.


Cuando uno es niño vive, vive con intensidad, los límites los ponen los otros, o lo pone la materialidad física de la que formamos parte. El suelo que nos detiene al caernos, una pared que nos obliga a cambiar de curso, la gravedad que nos impide subir al cielo, nuestra pequeñez, y todas las fuerzas del mundo que nos contienen. En ese momento vivimos, en ese vivir, relativamente inocente, concentrados en satisfacer ya nuestros deseos, no tenemos conciencia de que hay una época. Tiempo y espacio no son importantes, solo como límites. No tenemos época, porque ella no existe para los niños. Vivimos el ahora, ahorita, o cuando mucho, mañana.

Cuando uno es joven, es muy joven para opinar, decidir, incluso para tener medios para una vida propia se limita cunado uno es joven. Pero, como quiera, se vive con cierta intensidad, aunque ya uno va siendo consciente de los límites de la física de la tierra, de la fisiología y anatomía humana que nos limita, de los límites sociales, sobre todo económicos y no menos importantes los sociales. Los morales y éticos también limitan, no tanto.

Como jóvenes ya tenemos conciencia de la época, la mejor de todas, la consideramos nuestra, queremos vivirla con intensidad, pero el conocimiento de ella nos hace aflorar alguna responsabilidad. Pensamos en el mañana, no tanto, el presente es como agua que no queremos dejar escapar de nuestras manos. Pero, ya aflora el futuro en nuestras mentes.

Ese deseo de monopolizar la época, en la que los niños no existen y en la que los adultos (los viejos) ya están pasados, no ocupan mucho espacio. Y, en ese deseo de engullirla, mucho de la época se nos sale, la perdemos. Y no nos damos cuenta que no puede ser de otra manera.

Que cómo jóvenes, con la flexibilidad del niño y la fuerza del adulto, no podemos correr más rápido que la pelota, que por más que nos develemos en una fiesta, en una cita, en un juego, o donde sea, el día no tendrá ni una milésima de segundo adicional. Así las cosas, al final, la época en nuestra juventud no es tan nuestra. Cuando jóvenes sentimos que los adultos, que consideramos pasados controlan gran parte de la época.

Cuando adultos, menos veloces y resistentes, quizás con la misma fuerza. Con la vista y los reflejos reducidos, muchas cosas de la época se nos van pasando, y hasta la memoria nos traiciona, olvidando momentos presentes. Aunque nos sentimos dueños del momento que llamamos época, dedicamos mucho tiempo a administrarla, en cuidar detalles. Los aspectos sociales y éticos nos limitan, los compromisos nos mediatizan en nuestras decisiones. Terminamos pensando, quien controla la época, quien es el dueño.

Y con el paso del tiempo, la época como conciencia de estar en un momento significativo, es cada vez más limitado. Se nos acaban los amigos, algunos lo hemos olvidado, muchos se han ido a otros lugares, incluso de donde no pueden volver. Se nos acaban los lugares por el cambio permanente, el que nos dejó atrás. Y nos damos cuenta que la época se nos va, que realmente va muy rápido.

Los recuerdos, lo más preciado que tenemos, porque son el archivo de nuestras vidas, nuestras memorias, se nos van haciendo confusos, imprecisos y hasta van desapareciendo, borrándose, o dejando una huella tan tenue, que es tanta la brega para reconocerla que o decidimos no recordar o sufrir la angustia de no saber con precisión qué es.

Por eso, me pregunto: ¿la época, cuál es la mía?

 

 

sábado, 14 de diciembre de 2024

Unificación de sueldos a los médicos en el sector público, legal y ético


Por Gregorio Moya E.

El tema de la unificación del sueldo a médicos en el sector público es un asunto legal y ético que ha suscitado debate en la República Dominicana. Recientemente, el Colegio Médico ha alcanzado acuerdos que mejoran las condiciones salariales de los médicos, logrando un último aumento salarial del 30% de forma escalonada, y pensiones del 100% de su último salario.

Sin embargo, estas reivindicaciones no llegan a todos los médicos. Una parte importante de los galenos son excluidos de estas conquistas, particularmente aquellos que trabajan en el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, lo que puede ser tipificados como discriminación.

Legalidad de la Unificación Salarial

La Ley 42-01, específicamente en el artículo 95, establece que los salarios de los profesionales de la salud deben ser "uniformes y equitativos". Esta disposición legal implica que no debería haber diferencias salariales entre médicos que desempeñan funciones similares en diferentes instituciones del sistema de salud pública. Por lo tanto, desde un punto de vista legal, es necesario unificar los salarios para todos los médicos del sector público, ya que la disparidad actual contradice lo estipulado por la ley y crea una situación de inequidad.

Justificación Ética y Moral

Desde una perspectiva ética, es fundamental considerar la justicia en el tratamiento de todos los profesionales de la medicina. La labor de los médicos que trabajan en gestión, investigación y otras áreas es igualmente valiosa para el sistema de salud. La falta de reconocimiento salarial para estos profesionales no solo es injusta, sino que también puede desincentivar su trabajo y afectar la calidad del servicio prestado a la población.

Conclusión

Es imperativo que el Colegio Médico Dominicano incluya en sus demandas la unificación salarial para todos los médicos del sector público. Esto no solo responde a un enfoque de mérito y justicia, sino que también es un paso necesario para cumplir con las disposiciones legales existentes y garantizar una atención médica equitativa y digna para todos. Igualmente, las autoridades del MISPAS y del SNS, como contratantes deben cumplir lo establecido por la ley, la constitución y la equidad.

miércoles, 11 de diciembre de 2024

Delay, deny, defend: Retrasar y denegar estrategia de defensa financiera de las ARS


Por Gregorio Moya E.

La prensa ha dado cuenta de la trágica muerte de Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, a manos de un atacante frente al hotel Hilton en la Sexta Avenida de Manhattan, a las 6:46 a.m. del pasado miércoles 4 de diciembre.

Las autoridades detuvieron este lunes en Altoona, Pensilvania, al sospechoso de matar a Thompson, por posesión de un arma de fuego que coincide con la utilizada en el crimen. La policía de Nueva York informó que el detenido se llama Luigi Mangione y tiene 26 años. "Negar, defender, deponer". Esas son las palabras que fueron grabadas en los casquillos que las autoridades neoyorquinas encontraron en la escena del asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, el pasado 4 de diciembre en Nueva York.

El caso generó muchas especulaciones dado que en los casquillos encontrados en el área del crimen se encontraron escritas las palabras delay, deny, defend. Ese es el título de libro "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" escrito por Jay M. Feinman y publicado en 2010. Este texto aborda las prácticas comunes de las compañías de seguros, que frecuentemente retrasan el pago de reclamaciones, niegan la cobertura y defienden estas acciones a través de litigios. La obra se ha convertido en una referencia importante sobre cómo estas tácticas afectan a los asegurados y critica el enfoque sistemático hacia la maximización de beneficios en la industria aseguradora.

Esto generó una conexión con el público, que ha sido víctima de agencias de seguros en EEUU, como la que dirigía la víctima. En efecto, el victimario generó cierta simpatía en la población, que lo comenzó a ver como un justiciero, figura esta que se promueve como parte de lo que podríamos decir mitos urbanos, y que llena muchos de los argumentos de películas y series de televisión. 

El propósito de las aseguradoras privadas de salud es maximizar las ganancias y minimizar los gastos y las inversiones. Esas son sus prioridades como en toda actividad mercantil, esta son las razones que impulsan sus decisiones cuando se trata de coberturas de servicios o pagos de reclamaciones. Al reducir coberturas o la cantidad que pagan en reclamaciones, las aseguradoras pueden aumentar sus márgenes de beneficio y proteger su estabilidad financiera, aunque ello reduzca los beneficios de los afiliados.

Por ello, las denegaciones de reclamos médicos a aseguradoras en EEUU se han incrementado un 31% de 2022 a 2024, según una encuesta realizada por Experian y citada por Reuters. UnitedHealthcare, de la cual Brian Thompson era director ejecutivo, facturó 100.800 millones de dólares solamente en el tercer trimestre del año, rechazó 8,7% de las solicitudes (https://acento.com.do/autor/france24.html).

Todo asesinato es condenable, y este no puede ser la excepción, independientemente de sus motivaciones.

Pero esta tragedia debe llamar a la reflexión acerca de la cantidad de muertes que generan las empresas que negocian con la salud como una mercancía más, como es el caso de estas en EEUU, que retrasan y niegan coberturas, y tienen un cuerpo de abogados listos para defenderse de esas atrocidades en los tribunales.

Con la entrada de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible – popularmente conocida como 'Obamacare' en 2010, las aseguradoras comenzaron a implementar un proceso de preautorización en el servicio, que requiere examinar los procedimientos recomendados por los doctores antes de acceder a pagar por sus clientes. Según una encuesta de la Asociación Médica Estadounidense, realizada en 2023, el 94% de los médicos reconoce que la implementación de la preautorización retrasa la atención médica, mientras que el 78% dijo que dicha acción lleva al abandono de los tratamientos.(https://acento.com.do/autor/france24.html). 

Igual que las aseguradoras de salud de EEUU, ocurre en República Dominicana con las mal llamadas administradoras de riesgos de salud (ARS), que niegan y retrasan atenciones, con lo cual, causan que los padecimientos de salud se agraven, arruinen y empobrezcan a los afiliados, produzcan más dolor y sufrimiento, y hasta la muerte. 

Las ARS cuentan también con un cuerpo de defensores compuesto por barras de abogados que llegan hasta las últimas instancias para defender el crimen de denegación de servicios. Cuentan también con abogacía en los medios de comunicación, en el congreso, en organismos del gobierno, en los partidos políticos del sistema, las universidades privadas, y lógicamente, las asociaciones de empresarios y bancos comerciales.

La oligarquía empresarial capitalista defiende las ARS junto con organismos del Estado a su servicio, de la gran prensa y de la sociedad civil cuyas opiniones son rentadas. Con los mismos aportes de los afiliados se pagan campañas publicitarias, contratan expertos internacionales, todo ello para convencernos de que las ARS realmente administran los riesgos de salud de la ciudadanía y garantizan el acceso y calidad de las atenciones de salud.

Pero la verdad es dura de matar, aunque a diario lo intenten, aunque para ello utilicen los mejores recursos publicitarios, los más simpáticos, admirados y queridos comediantes, los más fluidos y elegantes discursos, la verdad es que en el país negar servicios (deny) es el socorrido “no cubre”, o el “no está en el catálogo”, o “no está en el PDSS”.

La gente “no coge esa”. La población no cree en las mentiras y manipulaciones de las ARS orquestadas con mucho cuidado y con mucho presupuesto, sacado de los aportes de las trabajadoras y trabajadores.

Por ello, tarde o temprano, es posible que surjan reacciones violentas por parte de la población. Desde las organizaciones y activistas de la Coalición por la Seguridad Social Digna propugnamos para que las reacciones de la población sean organizadas, conscientes y orientadas al corazón del sistema jurídico-institucional, que niega y retrasa atenciones necesarias.

Cada día más la gente es consciente del latrocinio de las ARS y la necesidad de cambiar este modelo. Trabajamos educando, organizando para que la gente no tome en sus manos la justicia, como parece ocurrió en el caso de la fatídica muerte del director ejecutivo de United Healthcare.

Apostemos a desarrollar un movimiento cívico, masivo, participativo, pacífico y democrático. Y confiamos en ello, porque confiamos en el pueblo dominicano, sobre todo las y los que con su trabajo diario construyen las riquezas que exhiben las estadísticas oficiales y el empresariado.

 





domingo, 8 de diciembre de 2024

La defensa de la cesantía: persistir y resistir para defender este derecho colectivo

Por Gregorio Moya E.



El Diario Libre, en su edición del 6 de diciembre, informa que los empresarios se mantienen firmes en su intención de modificar la cesantía. El sector patronal ha planteado a los senadores que la reforma de la ley laboral debe limitar la cesantía a seis años de trabajo, con un pago establecido bajo un cálculo de diez salarios mínimos. Esto significa que, si una persona ha trabajado 20 o 30 años para una empresa, solo se reconocerán seis años de cesantía.

El senador Ricardo de los Santos, presidente del Senado, rechazó la propuesta patronal, argumentando que "en este Gobierno hemos demostrado que los derechos adquiridos de cada ciudadano o ciudadana son respetados y así seguirá siendo". Esta posición trae alivio a las trabajadoras y trabajadores, pero tiene un matiz que, si no se aclara, podría convertirse en una justificación para traicionar a la clase trabajadora dominicana.

Es necesario señalar que la cesantía, como derecho adquirido, es un derecho colectivo de la clase trabajadora. Los derechos colectivos son un conjunto de derechos humanos que protegen a grupos sociales; a diferencia de los derechos individuales, donde el sujeto es un individuo, los derechos colectivos pertenecen a grupos sociales o comunidades. Aunque estos derechos suelen referirse a comunidades indígenas y otros colectivos con identidad cultural o histórica, los derechos laborales también deben ser considerados derechos colectivos.

Como derechos colectivos son indivisibles, en espacio y tiempo, su ejercicio beneficia tanto al grupo como a cada uno de sus miembros y a la sociedad en sentido general. Por lo tanto, la propuesta de algunos sectores patronales y de la opinión pública afectos a la patronal, que sugieren que se puede respetar el derecho adquirido de los trabajadores hasta la fecha, pero que al modificar la ley de cesantía estos derechos también se cambiarían o reducirían en el monto y tiempo de cobertura, o a un seguro de desempleo, constituye una negación de un derecho que no es individual sino colectivo.

El derecho a la cesantía está claramente establecido en cuanto a su titularidad: los trabajadores son los titulares de estos derechos. Este derecho es colectivo, al igual que el derecho a negociar que tienen los trabajadores con los empleadores las condiciones laborales como grupo.

Una característica fundamental de los derechos colectivos es que se refieren a intereses concretos y determinados de un grupo específico; en este caso, los empleados tienen una relación económica con sus empleadores, quienes, como dueños del capital, tienen poder sobre ellos. Uno de esos poderes es el despido sin justificación.

Por lo tanto, la clase trabajadora debe estar atenta a las maniobras de los empresarios y del Congreso, teniendo en cuenta la falta de consistencia e integridad de muchos congresistas dominicanos. En un país capitalista, el Congreso suele ser un instrumento al servicio de los sectores poderosos.

Así pues, la firmeza en la defensa de la cesantía es una necesidad urgente para la clase trabajadora y sus organizaciones aliadas.

NO A LA ELIMINACION NI MODIFICACION DE LA CESANTÍA LABORAL

sábado, 30 de noviembre de 2024

La seguridad en el trabajo de construcción se logrará con la lucha

Por Gregorio Moya E.
El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana ha ordenado la paralización inmediata de las labores de construcción en una torre ubicada en el sector Piantini, tras identificar graves irregularidades en los procesos constructivos que representaban un riesgo significativo para la vida y seguridad de los trabajadores, según informan los diarios del 24 de noviembre de 2024. Esta decisión se produce después de un accidente en el que perdió la vida un trabajador de nacionalidad haitiana.
La suspensión fue determinada por el Ministerio de Trabajo luego de una exhaustiva inspección técnica, encabezada por el director de Coordinación de Inspectoría de Trabajo del Ministerio, Juan Ramón Ventura, quien confirmó que la constructora involucrada incumplió importantes regulaciones legales. El sector de la construcción es uno de los más propensos a accidentes laborales, especialmente mortales. La Organización Internacional del Trabajo estima que cada año ocurren aproximadamente 355,000 accidentes laborales mortales a nivel mundial, de los cuales al menos 60,000 se producen en obras de construcción, lo que representa cerca del 17% del total. (1) La escasa importancia que a veces se le asigna a la seguridad y salud en el trabajo en las obras surge de dos ideas arraigadas en el sector: (a) la construcción es una actividad peligrosa y, por lo tanto, los accidentes son inevitables; y (b) los accidentes laborales tienen poco impacto en los beneficios empresariales.(2)
Una característica del mercado laboral en el sector construcción es su informalidad. La contratación informal se da incluso entre empresas formalizadas para evitar compromisos con los derechos laborales, lo que resulta en pagos inferiores a lo establecido por ley y la falta de contribuciones a la seguridad social. Esto lleva a la contratación de mano de obra extranjera, principalmente haitiana, que es más económica y con la cual no se tienen compromisos laborales. Además, no existe un registro real de accidentes laborales debido a que aproximadamente el 54% de la población ocupada trabaja en la informalidad, cifra que es aún mayor en el sector construcción. Los datos estadísticos oficiales sobre accidentes laborales en este sector no representan adecuadamente la realidad; solo se reportan incidentes que afectan a menos de la mitad de la población trabajadora dominicana.(3)
La explicación del reciente accidente y la alta accidentalidad en el sector construcción radica en el afán de lucro presente en este contexto capitalista, donde se desatienden los derechos laborales y se generan condiciones propicias para accidentes fatales. Los accidentes laborales que frecuentemente cobran la vida de humildes trabajadores son consecuencia del deseo de maximizar ganancias a expensas de la seguridad y salud laboral. Como ha dicho el Papa Francisco: "El capitalismo es una economía que mata". La lucha por reducir los accidentes laborales y las muertes relacionadas con las condiciones laborales es parte integral del conflicto entre trabajo y capital; no es simplemente un asunto técnico o legal, sino una cuestión de lucha de clases. Los accidentes laborales son prevenibles; las lesiones, discapacidades y muertes son evitables. Estos incidentes son resultado de injusticias inherentes al modo de producción capitalista y reflejan la indiferencia por parte de las autoridades competentes.
La lucha contra los accidentes laborales representa una búsqueda por justicia frente a relaciones laborales que generan muertes prematuras, enfermedades y discapacidades temporales o permanentes. Es una lucha contra el sufrimiento causado por la explotación. Esta defensa por reducir los accidentes laborales implica también proteger los derechos de todos los trabajadores, sin importar su nacionalidad. La solidaridad entre trabajadores debe basarse en la dignidad humana y en los derechos fundamentales. En esta lucha no hay lugar para divisiones políticas, religiosas o raciales dentro de la clase trabajadora. No hay espacio para nacionalismos ni campañas de odio que están tan presentes hoy en día.
Notas: (1) Alberto L.V., “Panorama internacional de la seguridad y salud en el trabajo (SST) de construcción. El criterio de la OIT”, OIT 2003 
(2) Alberto L. V., Oficina Internacional del Trabajo (OIT), “Seguridad y salud en el trabajo de construcción: el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”, OIT. 2000. 
(3) Cano, J.L; Neris, K. Situación de la Seguridad en la Construcción en la República Dominicana. 12th International Conference on Project Engineering. Atenas, Grecia. 2022

lunes, 25 de noviembre de 2024

Ciudad sanitaria, un caso de lo que no se debe hacer en inversión pública

Por Gregorio Moya E.
El proceso de construcción inconclusa de la ciudad sanitaria es un caso de estudio en cuanto a la inversión pública, un maestro negativo, un ejemplo de lo que no se debe hacer en inversión pública, y mucho menos en un sector tan complejo como el de la salud. Un proyecto ambicioso sin planificación La Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar es un complejo hospitalario cuya construcción fue contratada el 8 de julio de 2013, con un costo inicial de RD$6,993,757,022.28. A la fecha, la inversión supera los RD$18,000 millones, tres veces más de lo presupuestado, y aún falta concluir el hospital clínico-quirúrgico y garantizar que las demás instalaciones funcionen a plena capacidad. Se han realizado tres adendas al contrato original, lo que evidencia la falta de planificación de la obra, una situación que constituye un grave perjuicio a los recursos públicos. La entonces directora de la Dirección General de Compras y Contrataciones, Yokasta Guzmán, determinó que era necesario realizar un nuevo proceso de contratación, pero no actuó en consecuencia, dejando de lado su responsabilidad.
Este proyecto forma parte de los numerosos casos de corrupción durante los gobiernos del PLD, caracterizados por una gestión desorganizada y desmedida corrupción que dilapidó recursos y frenó oportunidades para un desarrollo con bienestar El proyecto abarca 152,000 m² distribuidos en 12 edificios, entre ellos: • Hospital Clínico-Quirúrgico (6 niveles) • Edificio de Imágenes (5 niveles) • Hospital Materno Infantil (7 niveles) • Nueve edificios de soporte
El complejo está diseñado para albergar aproximadamente 1,000 camas distribuidas en diversas especialidades. A pesar de utilizar la metodología BIM (Building Information Modeling) para una gestión más eficiente, la obra ha estado marcada por la opacidad. En junio pasado, el Ministro de Vivienda y Edificaciones informó que, a diferencia de lo declarado por Danilo Medina (98% de avance), la obra estaba completada en un 73% y actualmente se encuentra en un 85%, un progreso limitado debido a problemas legales con contratistas.
Falta de estudios de preinversión hospitalaria La construcción de una infraestructura hospitalaria requiere estudios previos para evaluar la viabilidad desde el punto de vista poblacional, ambiental, social y de movilidad. Estos análisis no se realizaron, ni se alineó la obra con el modelo de atención de la República Dominicana, el modelo de redes de servicios que contempla la forma de organización del sistema de salud.
Pérdidas económicas y en salud La no terminación del proyecto ha generado pérdidas económicas significativas, como el deterioro de instalaciones y equipos sin uso, muchos de los cuales han perdido su garantía. Además, la delincuencia ha causado daños por la falta de seguridad, incluyendo el robo de equipos y materiales costosos.
En términos de salud, las pérdidas son aún mayores. Se estima que la Ciudad Sanitaria podría ofrecer hasta 15,000 consultas diarias una vez terminada, ampliando considerablemente la cobertura y calidad de atención en el país. Servicios especializados proyectados • Hospital Materno Infantil: 196 camas, incluidas 74 para cuidados intensivos neonatales, quirófanos obstétricos y servicios prenatales y postnatales. • Unidad de Fisiatría: Terapias avanzadas como hidroterapia. • Odontología: Desde profilaxis hasta cirugía maxilofacial. • Laboratorio clínico: Capacidades avanzadas, incluyendo pruebas para trasplantes. • Servicios de imágenes: Diagnósticos con resonancia magnética, tomografía, y tecnologías integradas con inteligencia artificial para análisis de precisión. Continuar la lucha por su carácter público
El carácter público de este complejo hospitalario está en riesgo debido a intentos de privatización promovidos por sectores financieros y de salud. Es esencial que la ciudadanía mantenga la vigilancia y movilización hasta que el proyecto sea concluido y garantizado como un servicio público.

lunes, 4 de noviembre de 2024

Por un sistema de seguridad social que brinde tranquilidad a la población

Por Gregorio Moya E. En la República Dominicana, la población trabajadora enfrenta una creciente angustia cuando se aproxima a la edad de jubilación debido a la incertidumbre sobre su futuro una vez que ya no pueda seguir trabajando de manera remunerativa y vea reducir o perder todos sus ingresos.
Los profesionales, que suelen tener una mayor seguridad de acceder a una pensión, desconocen el monto exacto que recibirán al retirarse. A excepción de los maestros y los médicos, la mayoría de los trabajadores no goza de la seguridad que tienen los diputados, senadores, jueces de la Suprema Corte de Justicia y miembros de la Junta Central Electoral.
Hombres y mujeres que han dedicado su vida al trabajo, contribuyendo al sistema de seguridad social y pagando impuestos, enfrentan la incertidumbre de no saber qué les depara el futuro. Muchas de estas personas, que a pesar de su edad son el sostén de sus familias, incluidos hijos, menores o adultos, o familiares con discapacidades, sienten la angustia de pensar que podrían convertirse en una carga para esos hijos o familiares, que muchas veces dependen de ellos.
Por eso, desde la Coalición por la Seguridad Social Digna, luchamos por un régimen de seguridad social y de protección para la población vulnerable. Con la ley actual (Ley 87-01) el 80% de esta población trabajadora no podrá acceder a las mínimas prestaciones que las ARS (Administradoras de Riesgos de Salud) tienen previsto entregar al 20% que ha tenido la fortuna de trabajar 30 años ininterrumpidos para recibir una pensión precaria, que será entre el 24 y el 30% de su salario. Las personas que se acercan a los 60 años y que van a pensionarse saben que este sistema les retira de inmediato la cobertura de seguro de salud, pese a haber contribuido durante años al mismo, dejándolos desprotegidos justo cuando más lo necesitan. Es fundamental continuar la lucha para que las mujeres y los hombres de nuestro país puedan retirarse con dignidad y acceder a una pensión que cubra con modestia, pero con dignidad, sus necesidades económicas y las de sus familias.

sábado, 3 de agosto de 2024

Lo increíble en Venezuela para Stefanoni, Boric y otros

Por Gregorio Moya E.
El científico social Pablo Stefanoni consideró en un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad de julio 2024 titulado Venezuela: «difícil de creer», que “El resultado electoral en Venezuela plantea dudas fundadas, por lo ocurrido tanto durante el propio conteo de los votos como en los meses anteriores, y vuelve a sumir al país en la incertidumbre. ¿Tiene la oposición un plan B?”. La frase “difícil de creer” es del Presidente Gabriel Boric de Chile.
Sin dudas que en Venezuela es difícil creer que un gobierno como el de Maduro no haya caído después de tantas sanciones económicas, que ha producido una gran pobreza en ese país, pese a la recuperación económica de la que se habla. Porque después de 11 años de ataques a la economía por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, no es posible la recuperación de la misma y mejoras significativas en las condiciones de vida de la población. Esta variable olvidada por Stefanoni, Boric y otros, que escriben asombrados y denunciando las irregularidades y fraude en Venezuela. Los que hablan de la crisis electoral venezolana no la enmarcan dentro de la crisis capitalista mundial. Ni siquiera los trostkistas y otros que se autodenominan marxistas contextualizan dicha crisis en la crisis estructural del capitalismo. Tampoco comprenden la crisis electoral venezolana en el contexto de las relaciones imperialistas, que se caracteriza por el dominio monstruoso de una oligarquía financiera, que en este momento ese dominio es planetario, y que con el modelo neoliberal que exacerba las políticas neolocoloniales y el desconocimiento de la soberanía de los pueblos y las naciones. Además, el imperialismo significa profundos riesgos de guerras, invasiones, incluyendo la hecatombe nuclear, a la que se juega y amenaza en Ucrania y en el medio oriente. El riesgo del fascismo a escala planetaria. Volvamos a las dudas. Para Stefanoni Amoroso, el funcionario que anunció una investigación que anuncio el triunfo de Maduro es un Ex-diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y representante del ala dura del chavismo. Es decir, esto confirma que el CNE no es confiable, como ha relatado la oposición. Stefanoni cuenta otras cosas. Destaca que el gobierno de Maduro llevó a cabo la entrega del patrimonio público (mediante la privatización de PDVSA), tiende a pasar por alto la dimensión del saqueo y la dinámica de «Estado depredador» en la que derivó la Revolución Bolivariana”, que en los hechos, con una retórica revolucionaria: ha provocado un desplome de los servicios de salud y educación y ha derrumbado la producción petrolera. Añadiendo que “Fue el propio madurismo el que desacreditó a la izquierda en Venezuela.” Sin dudas que hay una izquierda acrítica, seguidista en América Latina, que en República Dominicana hace olas celebrando hasta las estupideces e inconsecuencias de Maduro. Dudan del triunfo de Maduro Stefanoni y el presidente Boric. Uno de los elementos que desarrolla Stefanoni ew la retórica desafortunada de Maduro, incluso introduce el baño de sangre para profundizar la confusión de lo dicho por el presidente venezolano, distorsionado por la prensa, los opinadores y colocado por este científico social para aderezar su argumento. Dudan de la derrota de la oposición, dudan todo, incluyendo que el chavismo existe, y que no ha sido derrotado. Dudan de todo los Stefanoni. Pero la duda no les alcanza a ver el papel del imperialismo, la derecha internacional, la gran prensa y el zar de las redes sociales, el señor Musk.

sábado, 27 de julio de 2024

Las muertes en Gaza pueden ser 186,000

Por Gregorio Moya E.
Contar los muertos en Gaza: difícil pero esencial. Ese es el título de un trabajo fundamental de la revista The Lance en su versión digital sobre el número de muertes causadas por el ejercito de Israel, publicada 5 de julio de 2024, que se puede acceder en el siguiente enlace, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01169-3/fulltext.
The Lance establece que, "En los conflictos recientes, la cantidad de muertes indirectas es entre tres y quince veces mayor que la de muertes directas. Si se aplica una estimación conservadora de cuatro muertes indirectas por cada muerte directa” . Y agrega que de las 37.396 muertes reportadas, no es inverosímil estimar que hasta 186.000 o incluso más muertes podrían ser atribuibles al conflicto actual en Gaza. Usando la estimación de población de la Franja de Gaza de 2022 de 2.375.259, esto se traduciría en el 7,9% de la población total de la Franja de Gaza. A propósito de esto,en su página web Oxfam en enero de 2024, también "advierte de la enorme amenaza que el hambre y las enfermedades suponen para la vida, más allá de las víctimas directas. El inicio de la estación fría y húmeda podría hacer aún más crítica la situación, dada la escasez de mantas y la falta de agua caliente y de combustible para los aparatos de calefacción. El personal de Oxfam ha informado de que la población no puede encender fuego debido a la lluvia y que los refugios tampoco son impermeables. Además, el invierno también reduce las probabilidades de encontrar alimentos, cuando el conjunto de la población se encuentra ya al borde de la hambruna." Para enero esta ONG calculaba que el número promedio de muertes por día en Gaza es significativamente mayor que el de cualquier conflicto armado importante reciente, incluidos Siria (96,5 muertes por día), Sudán (51,6), Irak (50,8), Ucrania (43,9) Afganistán ( 23,8) y Yemen (15,8). En Gaza se estimaban 250 por día.
para el 29 de octubre, a solo 22 días de iniciada la agresión contra Gaza, el periodico el País tituló una crónica como La otra amenaza de muerte en Gaza. Señalando la falta de combustible y medicamentos en la Franja pone en riesgo las vidas de quienes dependen de un respirador o una incubadora, pero también las de 350.000 personas con cáncer, diabetes, enfermedades de corazón o renales. El periodico agregaba que "En Gaza hay personas cuya vida pende de un hilo debido a la falta de medicamentos y de combustible en los hospitales. El riesgo de morir a causa de los bombardeos en la Franja es elevado: antes incluso de que Israel anunciara el sábado el inicio de una nueva fase de ataques —previsiblemente más cruenta— en 22 días de asedio han sucumbido ya más de 7.700 palestinos a los misiles".
Esto es un genocidio, es sin dudas limpieza étnica, un crimen de lesa humanidad, que los países llamados libres, desarrollados y democráticos no quieren ver, porque consideran, convenientemente, que el Estado de Israel es un régimen democrático, aunque tenga una población oprimida, como ciudadanos de segunda clase con menos derechos que los israelies, donde impera el apartheid como en los mejores tiempos de la Suráfrica racista y EEUU, llamada cuna de la democracia. Las naciones unidas consideraron que lo que ocurre en Gaza por los bombardeos y cerco israelí es una verdadera crisis de derechos humanos, sin dudas que es totalmente cierto.
Martín McKee, uno de los autores del artículo, es miembro del consejo editorial del Israel Journal of Health Policy Research y del Comité Asesor Internacional del Instituto Nacional de Israel para la Investigación de Políticas de Salud fue copresidente de la 6ª Conferencia Internacional de Jerusalén sobre Políticas de Salud del Instituto en 2016, pero escribe a título personal dice The Lancet, tomando distancia del autor.
Aunque The Lancet Group adopta una posición neutral con respecto a los reclamos territoriales en textos publicados y afiliaciones institucionales, sin dudas que, esta publicación constituye para los pueblos un aval y evidencias del genocidio y la limpieza étnica que comete el Estado de Israel, un país con poder nuclear, cuyo poderío militar ocupa el lugar 17 en 2024, de los 145 países, según Global Fire Power (GFP), con un presupuesto militar para 2023 de 24.300 millones de dólares, pero que cuenta con el apoyo de Estados Unidos de América, que ocupa el puesto número 1, seguido por otras potencias como Reino Unido, Alemania entre otras potencias militares y económicas.

domingo, 14 de julio de 2024

Proyecto de código penal, estado de necesidad y aborto

Por Gregorio Moya E.
El artículo 22 del Proyecto de Código Penal aprobado por el Senado en sesión de fecha 3 de julio de 2024, establece el Estado de necesidad, considerando que quien “Actúa en estado de necesidad y no será penalmente responsable quien, ante un peligro actual o inminente que lo amenaza o amenaza a otra persona, con la finalidad de repelerlo o evitarlo, omisión, este código o por la legislación penal”. Este proyecto, aprobado en el Senado, conocido mediante una lectura tan rápida, que era imposible hacerse un juicio fundado del mismo, aprobó en el artículo 112 como eximente de pena: “La interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no será sancionada si, para salvar la vida de la madre y del feto en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles en el centro de salud al momento del hecho". Con esto, los senadores le dieron una puñalada a las aspiraciones de las mujeres de contar con un código penal que las protegiera, al no incluir las Tres causales para la interrupción del embarazo, y redundar en una fómula legal que lo único que garantiza en la función reproductora de la mujer en esta sociedad, aunque ello lleve implícito afectar la salud y hasta la vida de las mujeres .
Pudiera decirse que el artículo 112 es coherente con el artículo 22 referido en el primer párrafo, dadas las condiciones en que se realiza “ante un peligro actual o inminente que lo amenaza”, “para salvar la vida de la madre y del feto en peligro”, agotados “todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho”. Habría que preguntarse, cual es el "momento del hecho" para interrumpir el embarazo, momento que debe ser determinado por el facultativo y decidido por la mujer. La propuesta de las Tres Causales ha sido rechazada por los “honorables” senadores y diputados, no obstante estar sustentada por organizaciones defensoras de las mujeres, de derechos humanos, el Colegio Médico Dominicano, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, la Academia de Ciencias de la República Dominicana, entre otros gremios, movimientos sociales y entidades científicas. Aunque la mayoría de la población se ha manifestado en favor de las Tres Causales, los legisladores dominicanos no han prestado atención a ese sentir del pueblo. Hay que destacar la oposición de los legisladores progresistas Pedro Martínez de Alianza País, José Horacio Rodríguez de Opción Democrática y Juan Dionisio Rodríguez del Frente Amplio. Ellos reafirman que no todo está perdido, ni siquiera en esa sentina que es el congreso de "honorables" que desdicen de su rol de representar al pueblo.
La decisión de los legisladores se realiza contra los deseos del pueblo Según una encuesta realizada por la firma Untold Research en 2018, el 79 por ciento de los dominicanos está de acuerdo en que a las mujeres embarazadas se les permita interrumpir el embarazo por al menos una de las siguientes tres causales: 1. cuando la vida o la salud de una mujer están en peligro, 2. cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto 3. cuando no es posible para el bebé sobrevivir fuera del vientre, según el periódico El Día del 14 junio de 2018. Este apoyo a las Tres Causales ha aumentado, ya que, en 2021, el 83% de la población dominicana considera las Tres Causales como un derecho de la mujer y de las familias dominicanas, según una encuesta realizada por el movimiento Nueva Cultura Política (NCP), como refiere el periódico Hoy en fecha 8 de abril de 2021. Es decir, los legisladores dominicanos, no prestan atención, ni a las entidades científicas con todas las evidencias en que basan sus postulados, ni al sentir de la población, siendo la función de representación una falacia por parte del llamado primer poder del Estado. Legisladores ponen una carga que no pueden llevar las mujeres
Los diputados y senadores, al no aprobar las Tres Causales y el derecho de la mujer a decidir frente al embarazo que represente un riesgo para su vida, que sea fruto de una violación o incesto, o que se hayan determinado malformaciones fetales incompatibles con la vida, colocan una carga que no pueden cargar las mujeres, imponiéndole un sacrificio que no toma en cuenta la naturaleza humana de las mujeres, su salud, su vida y su dignidad. El aborto motivado por las Tres Causales referidas, es un eximente moral, porque procura evitar un mal que afecta la salud, la vida y el honor de las mujeres. Se afecta la salud física de las victimas de violación sexual, así como su estado emocional, que es parte de la salud mental y de la salud integral. Los legisladores dominicanos no han tomado en cuenta el estado de temor, de angustia de las mujeres cuando su vida está en riesgo, cuando conocen que el producto del embarazo tiene malformaciones incompatibles con la vida, o cuando ha sido víctima de violación o incesto. En el caso de la violación, comporta una situación de estrés postraumático en la mujer, que se exacerba cuando queda embarazada de su perpetrador, victimizándose nueva vez y de forma persistente. Un embarazo por violación no es simplemente un embarazo no deseado, es un embarazo forzado de secuelas imprevisibles, sobre todo de sufrimiento para la mujer. Los legisladores que excluyeron las Tres Causales del Código Penal, solidarios con los violadores, minimizan la agresión sexual, minimizan el dolor de las mujeres violadas y algunos, con su pensamiento retrogrado, consideran una cosa buena, dentro de la mala, el embarazo, incluso, algunos sostienen que es una bendición del cielo dicho embarazo. A los diputados y senadores que votaron por la aprobación del código penal no les importa ni son sensibles a los sentimientos de las mujeres víctimas de violación como es el miedo, la ansiedad, la depresión, la indefensión, el sentimiento de degradación y humillación y la impotencia o pérdida absoluta de control de su cuerpo y su voluntad. Todo esto genera discapacidad de las mujeres para el desempeño de roles sociales y familiares que son habituales, así como afectación de sus actividades laborales y escolares. Las víctimas de violación, vivencian menos gratificaciones de la vida diaria y los eventos festivos. La autoestima y la aparición de problemas de comunicación con familiares, amigos y compañeros constituyen secuelas de largo plazo de las mujeres. Eso no lo toman en cuenta los diputados y senadores misóginos, que se burlan de la población que los eligió, votando sin leer la pieza en cuestión, o votando al escuchar la monserga o trabalenguas por parte de Faride Raful, que sin dudas también se burló con deshonra de su función de legisladora, no se sabe a cuenta de qué. Según Rondón (2015), por lo menos el 33% de las personas que han sufrido violación presentan una condición mental crónica y sostiene que no se puede separar el daño a la salud mental del daño a la salud física, y por ello, la autora establece que la sobrevida de las personas con trastornos mentales es menor. Es decir, un embarazo producto de una violación, que afecta la calidad de vida de las mujeres víctimas dañando su salud mental, también reduce la duración de la vida de estas mujeres, es decir, produce muertes prematuras. (Rondon, M. Impacto del embarazo luego de una violación. Argumentos para proteger la salud mental. Perú 2015-2016.-1a. ed. - Lima, promsex, 2016.) El embarazo fruto de una violación perpetúa los daños físicos, mentales y sociales de las víctimas, produce separaciones de pareja cuando el agresor es una persona extraña. El embarazo por violación plantea mayores demandas físicas, sociales y psicológicas de la víctima, reaviva conflictos de la infancia y trae consigo todos los problemas relacionados con el embarazo no deseado, pero exacerbados. Es decir, un embarazo forzado constituye un atentado a la familia y su bienestar e integración que tanto dicen defender los legisladores contrarios a las Tres Causales, que hacen coro a jerarcas de las iglesias que han hecho muy poco, o más bien, han sido complices de violadores sexuales de mujeres y de niños. Obligar por ley a las mujeres a mantener un “embarazo forzado”, fruto de sexo forzado, riesgo de morir o inviabilidad de la criatura prohíbe el derecho a decidir de las mujeres en esos casos, que son casos de necesidad como los define el propio código penal, por la victimización y vulnerabilidad, con lo que se vulneran los derechos reproductivos de las mujeres, el derecho a la salud e incluso, se ponen en juego el derecho a la vida.
Es necesario la mayor respuesta de la sociedad a los legisladores, a los grupos de poder que no sólo vulneran derechos fundamentales de las mujeres, sino que en este código se aseguran impunidad como es el caso de las iglesias, o los que sin consentimiento obligan a las mujeres a tener relaciones sexuales, y buscan cualquier justificación para sustentar sus depravaciones, incluyendo el abuso físico a menores de edad. Es necesario apoyar todas las iniciativas dentro de ellas la petición que circula en la redes https://chng.it/ZwTvGMVdfR para su firma y difusión. Así mismo apoyar la inciativa de Foro Ciudadano, de los movimientos por la defensa de los derechos de las mujeres, la Asamblea Popular Nacional, entre otras. Por la salud y la vida de las muejeres las tres causales van

sábado, 22 de junio de 2024

Avances y retrocesos en la lucha por justicia reproductiva en el mundo

marzo 6, 2024 Por María Paula Houghton La lucha por justicia reproductiva nos hace recordar la historia de Sísifo. Cuando creemos conseguir nuestra meta, nos enfrentamos a una nueva lucha para defenderla y a volver a empezar porque una corte judicial de un plumazo, ha echado por la borda nuestros derechos. Debemos luchar para que los derechos conquistados en el papel se conviertan en una realidad para las personas de todas las clases, razas, nacionalidades y contextos. El concepto de Justicia Reproductiva nace en 1994 cuando un grupo de mujeres negras se cuestiona los marcos políticos y estratégicos del “derecho a decidir”, usado por lo general para defender el derecho al aborto. Por considerar por un lado, que es necesario defender no solo el derecho a no ser madre, sino el derecho a serlo con todas las garantías; y adicionalmente por entender que el acceso a derechos sexuales y reproductivos, no está únicamente ligado a la opresión machista o de género, sino a otros contextos, y a otras formas de opresión como el racismo y la xenofobia, y las diferencias de clase social; también en este marco se puede relacionar la lucha por justicia ambiental, económica, etc. Por eso, aunque no es un concepto proveniente del marxismo, es usado hoy en día para dar un marco más amplio al tema de los derechos sexuales y reproductivos, más allá del derecho al aborto. ¿Qué es la justicia reproductiva? El derecho a tener un hijo, el derecho a no tener un hijo y el derecho a criar a tus hijos. Todo el mundo debería tener eso. No es tan difícil de explicar, es simplemente difícil de lograr. Loretta Ross Y es que en el sistema capitalista, no únicamente se controla la capacidad reproductiva de las mujeres, se oprime y se instrumentaliza. Al tiempo que la maternidad se ensalza, no existen realmente condiciones para criar a los hijos, no solo por las largas jornadas de trabajo, falta de acceso a medicinas, alimentos y escuelas; sino también por el riesgo de que sea asesinado a causa de la crisis social, asesinado por el Estado como sucede en muchos países como Brasil, Colombia, o Estados Unidos (en especial si se trata de personas no blancas), o víctima de un genocidio si eres palestina. El derecho a ser madres y no solo a no serlo, ha sido controlado y atropellado en varias ocasiones de la historia reciente. Por ejemplo en los 60`s, los estados de Illinois, Iowa, Ohio, Virginia y Tennessee en los Estados Unidos, consideraron leyes de esterilización obligatoria para madres negras con asistencia social. También es conocido el fallo contra el estado peruano por la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas. Tales prácticas sucedieron a diferentes escalas en todo el continente. Esto quiere decir que, quienes abogan o abogamos por justicia reproductiva, no nos conformamos con luchar por leyes que legalicen y garanticen el aborto, si bien esta es una reivindicación fundamental, sino que buscamos eliminar todas las formas de opresión que hacen que a este nivel exista cualquier injusticia. Pero así como buscar solo el derecho al aborto es insuficiente para lograr justicia reproductiva, la justicia reproductiva no puede conseguirse de manera total en el marco del sistema capitalista de explotación. Por eso para nosotras las mujeres socialistas, la justicia reproductiva, y la justicia social en general, solo pueden ir de la mano con la liberación de la humanidad, y la destrucción del sistema capitalista; en ese sentido vamos aún más allá de este concepto u objetivo de la justicia reproductiva. No concebimos un capitalismo con justicia social; igualmente el derecho a ser o no madres, no lo concebimos únicamente como un tema de justicia, sino que también lo consideramos un asunto de libertad. Mientras una ultra minoría defina los destinos de la humanidad, existan guerras por el control de territorios y mercados y los avances de la ciencia se usen para destruir y para crear nuevas desigualdades, será utópico pensar en un mundo donde podamos tener un verdadero control sobre nuestra capacidad reproductiva y nuestras vidas. Igualmente, para nosotras, la contradicción de clase es fundamental y la ubicamos en un lugar diferente a las formas de opresión de género, raza, etc, al estar en corazón del sistema capitalista, que a su vez utiliza todas las demás formas de opresión. Para nosotras, es claro que la justicia social y reproductiva solo se podría alcanzar en una sociedad socialista, lo que no implica no luchar ahora mismo por derechos, avances y las mejores condiciones posibles. ¿Cuál es el origen y la causa de la opresión reproductiva sobre las mujeres, y por qué esta se exacerba durante las crisis económicas? En el mundo capitalista, las mujeres proporcionan un apoyo fundamental para el capitalismo fuera del lugar de trabajo, a través de su trabajo no remunerado. Esto se hace mediante la reproducción de la fuerza de trabajo con la maternidad y la crianza, y también mediante su sostén a través de todas las actividades de cuidado. Pero sabemos que la opresión a las mujeres y el control sobre su sexualidad/reproducción, son anteriores al capitalismo. La verdad es que la mujer no nació oprimida, ni es oprimida de manera natural por los hombres a causa de su capacidad reproductiva. Fue justamente, como lo dedujo Engels, con el nacimiento de la propiedad privada y las sociedades de clases, cuando la mujer empezó a tener un lugar subordinado. Su maternidad antes motivo de valor, se convierte en motivo de su inferiorización. Antes de esto, la mujer controló de diferentes maneras su maternidad recurriendo a distintos métodos abortivos, a prolongar la lactancia, etc. En la sociedad capitalista si bien la mujer consigue salir de los límites de la familia y vuelve a tener un lugar en la producción social, lo hace de manera subordinada. Su salario se considera secundario o complementario del del hombre; y nunca a pesar de trabajar a tiempo completo, es liberada de sus labores domésticas. Cuando se presentan crisis económicas, las mujeres están en la primera fila de los despidos, reducción de salarios y precarización. Se reproducen ideologías de que la mujer debe estar en el hogar, y se hacen de nuevo esfuerzos por controlar su capacidad reproductiva. Se hacen ofensivas para despojarla de sus derechos y evitar que tenga autonomía. Al mismo tiempo, la dependencia económica la hace vulnerable, víctima fácil de la violencia intrafamiliar o presa fácil del tráfico sexual. Situación del aborto y los derechos reproductivos en el mundo Mucho tiempo ha pasado desde aquel histórico decreto de los bolcheviques que en 1920 despenalizó el aborto en Rusia. Aunque en tiempos de los bolcheviques no existía el término justicia reproductiva, ellos entendieron el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la reproducción mejor que ningún otro gobierno o dirección de la actualidad, bajo dos conceptos fundamentales. El primero, la relación entre el derecho al aborto, las muertes por abortos inseguros, el derecho a la maternidad con garantías, y el contexto socioeconómico de las mujeres; y el segundo, la relación indisoluble entre la libertad y autonomía de las mujeres con su rol reproductivo. Para Lenin y las mujeres del Partido Bolchevique, era imposible liberar a las mujeres, y desarrollar su potencial intelectual, político y humano, sin otorgarles el control sobre su maternidad. Para eso no solo derogaron la penalización del aborto y todas las leyes antifemeninas, sino que además se propusieron un plan para erradicar las bases estructurales de la desigualdad (creando además guarderías, comedores, lavanderías comunitarias), en busca de una sociedad donde fuera posible no solo no tener hijos, sino tenerlos y criarlos dignamente. Lamentablemente, este proceso fue interrumpido por la contrarrevolución estalinista, y posterior restauración capitalista; hoy Rusia es uno de los países con leyes más restrictivas en derechos sexuales y reproductivos, teniendo leyes antiLGBTI ultra reaccionarias. Es un crudo ejemplo de cómo nuestros derechos siempre han estado en el centro de las luchas, avanzando y retrocediendo. Desde entonces, y siempre a través de la lucha de nuestra clase en diferentes momentos, hemos conseguido muchas conquistas a nivel mundial, con desigualdades de país a país. La igualdad formal o legal de las mujeres es una realidad de casi todo el mundo occidental. Pero a pesar de ello hoy siguen existiendo tanto la explotación capitalista, como la opresión machista, agravadas por la crisis ambiental propiciada por el imperialismo depredador, y que afecta especialmente a la clase trabajadora y dentro de ella con más fuerza a los sectores oprimidos. Las mujeres llevamos la peor parte de los planes de ajuste, siendo las primeras en ser despedidas. Una de las razones que motivó la decisión de los bolcheviques, fue el hecho ya entonces probado, de que la penalización del aborto no evita su práctica, sino que por el contrario aumenta las muertes de las mujeres más pobres y vulnerables, quienes se realizan el procedimiento de manera clandestina e insegura. A inicios del siglo 20 y casi hasta el final del mismo, los pabellones de ginecoobstetricia del mundo tenían alas completas para atender a las “sépticas” (infectadas), muchas de ellas se introducían plantas, alambres y ganchos para en medio de su desesperación, terminar sus embarazos. Esto llevaba a muchas muertes, mutilaciones y complicaciones. Por fortuna, hacia la década de los 90, se hace extensivo en el mundo tanto en el mercado legal como ilegal, el uso del medicamento misoprostol para inducción del aborto, y otros tratamientos relacionados con la salud femenina; gracias a esto hubo una caída drástica de la mortalidad y las complicaciones. Estas aun se presentan aunque de una forma menos dramática. Las recientes victorias Si bien en Francia, el derecho al aborto legal existe desde 1975, el 2024 inicia con una buena noticia para las mujeres francesas. El parlamento ha votado a favor de incluir este derecho de manera explícita dentro de la constitución; aun tiene que pasar por el Senado, de mayoría conservadora, para ser elevado a derecho constitucional, pero esta sola votación es un importante triunfo político. También el plazo para abortar fue aumentado de 12 a 14 semanas, siendo aun restringido. Otra victoria importante se obtuvo en el 2023, en México, donde la Suprema Corte despenalizó el aborto a nivel federal (ya se había despenalizado en el Distrito Federal y en el estado de Coahuila). En 2022, en Colombia luego de una lucha liderada por el movimiento Causa Justa y a pocos meses del estallido social conocido como Paro Nacional, el aborto se despenalizó completamente hasta las 24 semanas y parcialmente hasta el final del embarazo (ya existía un modelo previo de causales desde 2006). Convirtiéndose estos dos países en unos de los más avanzados del mundo, al nivel de Reino Unido, Canadá o Cuba, que cuentan desde hace varios años con legislaciones liberales en la materia. En otros países se ha obtenido fruto de enormes movilizaciones, una legalización parcial durante el primer trimestre como es el caso de Argentina, y Uruguay. En el continente americano Canadá, Guayana y Guayana Francesa también tienen leyes que habilitan el aborto legal libre. En Brasil desde el 2023 se está debatiendo la despenalización hasta la semana 12, siendo la decisión aplazada por el Tribunal Supremo. Actualmente el aborto solo es legal por causa de violación y su acceso es limitado. Retrocesos Sin embargo, en 2022 se dio quizá el retroceso en materia de aborto más grande de la historia, desde la pérdida de este derecho en la antigua URSS. Este gran retroceso histórico, es la caída de la sentencia Roe vs Wade en Estados Unidos, en pleno corazón del imperialismo y de la democracia burguesa. La Corte Suprema, retrocedió una sentencia de más de 50 años, mostrando con un crudo ejemplo de que en el capitalismo todos los derechos son parciales y están amenazados por firmes que parezcan, en especial los de las mujeres. Este fallo cambió el panorama de los derechos reproductivos a nivel continental, afectando gravemente a miles de mujeres, en especial las niñas, las negras y las migrantes. Miles de mujeres se ven obligadas a viajar entre estados por enormes distancias, otras a recurrir a prácticas inseguras o asumir maternidades forzadas. El este de Europa Polonia es uno de los países europeos que cuenta con una legislación más restrictiva sobre el aborto. Un gran retroceso se dio cuando el Tribunal Constitucional en octubre de 2020 ilegalizara el aborto en caso de embarazo inviable. Ahora únicamente se permite cuando la vida o la salud de la mujer embarazada corren peligro o cuando el embarazo es consecuencia de una violación. Esto luego de que en 2016 una multitudinaria huelga de mujeres impidiera el paso de un proyecto que lo prohibía totalmente. En Hungría por su parte, desde 2022 entró en vigencia la ley que obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de abortar, esta práctica es reconocida como una forma de violencia obstétrica. En este país es posible abortar hasta la semana 12 de gestación. Argentina El derecho hace pocos años conquistado por las mujeres argentinas, con enormes movilizaciones conocidas como la marea verde, que prendieron de hecho la llama de la lucha en todo el continente sirviendo como ejemplo y apoyo para casos como México y Colombia, está en riesgo ahora con la llegada del ultra derechista Milei, al gobierno. Se dio a conocer un proyecto de ley presentado por un puñado de diputados de la Libertad Avanza que busca derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Será necesaria la lucha organizada de todas las mujeres y la clase trabajadora argentina para detenerlo. Restricción total Persiste una situación grave en países como R. Dominicana, en El Salvador y en general en Centroamérica, así como en la mayor parte de los países africanos; donde la legislación prohíbe el aborto completamente o lo permite solo en caso de riesgo inminente para la vida de la mujer. Incluso en El Salvador, se presentan casos de cárcel por abortos espontáneos o muertes de neonatos, llegando incluso a condenarse a la mujer por el delito de homicidio. Esto a pesar de que ya se ha demostrado de manera científica que la prohibición del aborto no disminuye su práctica, sino que condena a las mujeres más pobres al aborto clandestino e inseguro, con severas consecuencias para la salud e incluso la muerte. El aborto inseguro fue una de las principales causas de muerte materna en el mundo durante la pandemia. Las consecuencias físicas, emocionales y legales del aborto clandestino e inseguro, muestran que este es un problema fundamentalmente de género y clase, pero también de raza. Las mujeres que cuentan con la capacidad adquisitiva pueden viajar para realizarse un aborto legal en otro país o región, o pueden pagar un aborto clandestino pero seguro. Estas legislaciones restrictivas afectan de manera desproporcionada a las niñas, las negras, las indígenas, las campesinas, las refugiadas y las migrantes, así como a los hombres trans y las personas no binarias con capacidad de gestar; quienes no solo ponen la mayoría de las muertes, sino que, además, son en mayor medida criminalizadas en los países donde existe la persecución activa por este delito. Un derecho constantemente amenazado Existe una presión constante de organizaciones anti derechos que actúan como una red organizada alrededor del mundo, asociada y articulada a la presión de la agenda de los grupos de la extrema derecha en el mundo; que actúan no solo a través de los partidos como Vox en Estado Español, sino a través de organizaciones que posan de benefactoras, y de las iglesias en especial de las evangélicas pentecostales y el catolicismo. En los países semicoloniales estos grupos reciben subvenciones de sus contrapartes en los países imperialistas. Es el caso de la campaña 40 días por la vida, que tiene presencia en más de 65 países y cuenta con un millón de voluntarios, en general personas reclutadas en sus lugares de oración; que son fácilmente adoctrinadas, y ejercen acciones no solo de incidencia sino de directo hostigamiento en contra de las mujeres que abortan y el personal de salud. Lo hacen con argumentos falsos como el supuesto dolor fetal en momentos de la gestación donde esto es imposible, o el supuesto síndrome posaborto que ha sido desestimado por la psicología, y la psiquiatría. Pero no todos los grupos actúan mediante la oración y el hostigamiento, incluso este tipo de organizaciones ha llegado a cometer acciones terroristas en contra de centros de salud prestadores de aborto, en especial en los Estados Unidos. La realidad que observamos en la mayoría de los países donde existe el derecho al aborto total o parcial, es que al igual que ocurre con otros derechos sexuales y reproductivos, las mujeres enfrentan innumerables barreras de acceso y el derecho al aborto es susceptible de retroceder. Esto es así porque bajo el capitalismo, todos nuestros derechos son parciales y están constantemente amenazados mientras no sea la clase trabajadora la que esté en el poder. No es raro que, el derecho al aborto sea utilizado como moneda de cambio electoral, prometido en la campaña de los más liberales, y estigmatizado y con promesas de hacerlo retroceder en las campañas de la derecha. Cuando gobiernos “progresistas” llegan al poder, lo primero que negocian para garantizar la gobernabilidad es el derecho al aborto; cuando llega al poder la derecha lo primero que hace es eliminar el derecho o al menos intentar impedir el acceso o restringirlo. Pero el derecho al aborto también se ve afectado diariamente, por un problema que amenaza a toda la clase trabajadora y el pueblo pobre, y que afecta con mayor intensidad a las mujeres: la desfinanciación y privatización de los sistemas de salud. Durante la pandemia, los límites de los sistemas de salud en el mundo fueron puestos en evidencia con absoluta claridad, y también las diferencias entre los sistemas privatizados y los que aún conservan niveles de asistencia pública. Un ejemplo es el Estado Español, donde pese a la reforma de la Ley del aborto en vigor desde marzo, no hay garantías de ejercer este derecho en la sanidad pública, tal como recoge la reforma. Según datos oficiales, el 84,3% de las IVE en 2021 se realizaron en la red privada, actualmente hasta en cinco comunidades autónomas todas las interrupciones de embarazo se siguen practicando en clínicas y hospitales privados y miles de mujeres se ven obligadas a salir de su provincia para poder abortar. Igualmente pasa en Colombia, donde tras 18 años de la despenalización por causales, y dos años de la despenalización total hasta las 24 semanas; la mayoría de mujeres siguen buscando realizarse el aborto por fuera del sistema de salud, y se presentan todo tipo de barreras para el acceso en especial para las negras, indígenas y campesinas. Los servicios de maternidad, anticoncepción y aborto fueron recortados en la mayoría de los países del mundo para desviar los recursos hacia la atención del Covid. Por eso la lucha por el aborto legal y seguro, está atravesada por la lucha por el derecho a la salud para toda la clase trabajadora. Ni siquiera en los países con las legislaciones más progresistas tocan la llamada objeción de conciencia, que es un obstáculo para impedir que las mujeres ejerzamos nuestro derecho a abortar. La objeción de conciencia debe garantizar la prestación del servicio por otro profesional, y nunca se debe traducir en obstrucción de la misma. Pero lo que ocurre es todo lo contrario, la objeción de conciencia se utiliza en diferentes países del mundo como una verdadera barrera y como excusa para impedir el aborto, incluso llegando a casos donde la niña o mujer han sido secuestradas por el hospital para obligarlas a continuar el embarazo. Incluso hay países donde se permite la objeción de conciencia institucional o colectiva, lo cual es totalmente contrario a los principios que rigen este derecho. Por supuesto y aunque algunas leyes lo contemplen en el papel, tampoco se garantizan de forma universal anticonceptivos fiables y gratuitos en la sanidad pública para no abortar y menos aún existe una educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas, para prevenir embarazos no deseados. Esto por el peso social de la iglesia en todo el mundo, por la falta de voluntad política, así como por los recortes en Educación. La lucha debe ser de clase, unificada e internacionalista De todo lo dicho podemos concluir que la lucha por justicia reproductiva está ligada a la lucha general contra la opresión machista, contra el racismo, por los derechos de la clase trabajadora a una atención en salud digna, por los derechos de los trabajadores de la salud, contra las privatizaciones y los planes de ajuste y a la propia lucha por el socialismo. Negar el acceso al aborto libre, seguro y gratuito, así como a una atención sanitaria materna decente, refuerza los aspectos más reaccionarios de la vida familiar bajo el capitalismo. Este sistema capitalista en crisis necesita regular y controlar nuestros derechos reproductivos para garantizar que se lleve a cabo la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero al mismo tiempo, trata de que esto se haga al menor coste posible para la burguesía y los gobiernos a su servicio. Por eso, desde la LITCI, no consideramos que la pelea por aborto libre, seguro y gratuito, así como por maternidades libres y deseadas sea sólo de las mujeres, sino de toda la clase trabajadora. Se trata de una expresión de la lucha de clases sobre la reproducción de la fuerza de trabajo, y más concretamente sobre quien controla y con qué criterio, el poder reproductivo de la clase trabajadora: la clase dominante y el Estado, o las mujeres de la clase trabajadora, las comunidades LGBTI y sus familias, es decir nuestra clase. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de la clase trabajadora y la juventud a luchar por el pleno acceso de las mujeres al aborto y a la totalidad de los derechos reproductivos que incluyen los permisos plenos de maternidad y paternidad, las guarderías públicas, el acceso universal a la contracepción y a la educación sexual entre otras cosas. Esta demanda debe ponerse en relación con otras luchas de nuestra clase y no puede darse únicamente en el marco de las fronteras nacionales, sino que debe ser articulada a nivel internacional.