Por
Gregorio Moya E.
El
tema de la unificación del sueldo a médicos en el sector público es un asunto
legal y ético que ha suscitado debate en la República Dominicana.
Recientemente, el Colegio Médico ha alcanzado acuerdos que mejoran las
condiciones salariales de los médicos, logrando un último aumento salarial del
30% de forma escalonada, y pensiones del 100% de su último salario.
Sin
embargo, estas reivindicaciones no llegan a todos los médicos. Una parte
importante de los galenos son excluidos de estas conquistas, particularmente aquellos
que trabajan en el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud,
lo que puede ser tipificados como discriminación.
Legalidad de la Unificación Salarial
La
Ley 42-01, específicamente en el artículo 95, establece que los salarios de los
profesionales de la salud deben ser "uniformes y equitativos". Esta
disposición legal implica que no debería haber diferencias salariales entre
médicos que desempeñan funciones similares en diferentes instituciones del
sistema de salud pública. Por lo tanto, desde un punto de vista legal, es
necesario unificar los salarios para todos los médicos del sector público, ya
que la disparidad actual contradice lo estipulado por la ley y crea una
situación de inequidad.
Justificación Ética y Moral
Desde
una perspectiva ética, es fundamental considerar la justicia en el tratamiento
de todos los profesionales de la medicina. La labor de los médicos que trabajan
en gestión, investigación y otras áreas es igualmente valiosa para el sistema
de salud. La falta de reconocimiento salarial para estos profesionales no solo
es injusta, sino que también puede desincentivar su trabajo y afectar la
calidad del servicio prestado a la población.
Conclusión
Es
imperativo que el Colegio Médico Dominicano incluya en sus demandas la
unificación salarial para todos los médicos del sector público. Esto no solo
responde a un enfoque de mérito y justicia, sino que también es un paso
necesario para cumplir con las disposiciones legales existentes y garantizar
una atención médica equitativa y digna para todos. Igualmente, las autoridades
del MISPAS y del SNS, como contratantes deben cumplir lo establecido por la
ley, la constitución y la equidad.
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