sábado, 14 de diciembre de 2024

Unificación de sueldos a los médicos en el sector público, legal y ético


Por Gregorio Moya E.

El tema de la unificación del sueldo a médicos en el sector público es un asunto legal y ético que ha suscitado debate en la República Dominicana. Recientemente, el Colegio Médico ha alcanzado acuerdos que mejoran las condiciones salariales de los médicos, logrando un último aumento salarial del 30% de forma escalonada, y pensiones del 100% de su último salario.

Sin embargo, estas reivindicaciones no llegan a todos los médicos. Una parte importante de los galenos son excluidos de estas conquistas, particularmente aquellos que trabajan en el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, lo que puede ser tipificados como discriminación.

Legalidad de la Unificación Salarial

La Ley 42-01, específicamente en el artículo 95, establece que los salarios de los profesionales de la salud deben ser "uniformes y equitativos". Esta disposición legal implica que no debería haber diferencias salariales entre médicos que desempeñan funciones similares en diferentes instituciones del sistema de salud pública. Por lo tanto, desde un punto de vista legal, es necesario unificar los salarios para todos los médicos del sector público, ya que la disparidad actual contradice lo estipulado por la ley y crea una situación de inequidad.

Justificación Ética y Moral

Desde una perspectiva ética, es fundamental considerar la justicia en el tratamiento de todos los profesionales de la medicina. La labor de los médicos que trabajan en gestión, investigación y otras áreas es igualmente valiosa para el sistema de salud. La falta de reconocimiento salarial para estos profesionales no solo es injusta, sino que también puede desincentivar su trabajo y afectar la calidad del servicio prestado a la población.

Conclusión

Es imperativo que el Colegio Médico Dominicano incluya en sus demandas la unificación salarial para todos los médicos del sector público. Esto no solo responde a un enfoque de mérito y justicia, sino que también es un paso necesario para cumplir con las disposiciones legales existentes y garantizar una atención médica equitativa y digna para todos. Igualmente, las autoridades del MISPAS y del SNS, como contratantes deben cumplir lo establecido por la ley, la constitución y la equidad.

miércoles, 11 de diciembre de 2024

Delay, deny, defend: Retrasar y denegar estrategia de defensa financiera de las ARS


Por Gregorio Moya E.

La prensa ha dado cuenta de la trágica muerte de Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, a manos de un atacante frente al hotel Hilton en la Sexta Avenida de Manhattan, a las 6:46 a.m. del pasado miércoles 4 de diciembre.

Las autoridades detuvieron este lunes en Altoona, Pensilvania, al sospechoso de matar a Thompson, por posesión de un arma de fuego que coincide con la utilizada en el crimen. La policía de Nueva York informó que el detenido se llama Luigi Mangione y tiene 26 años. "Negar, defender, deponer". Esas son las palabras que fueron grabadas en los casquillos que las autoridades neoyorquinas encontraron en la escena del asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, el pasado 4 de diciembre en Nueva York.

El caso generó muchas especulaciones dado que en los casquillos encontrados en el área del crimen se encontraron escritas las palabras delay, deny, defend. Ese es el título de libro "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" escrito por Jay M. Feinman y publicado en 2010. Este texto aborda las prácticas comunes de las compañías de seguros, que frecuentemente retrasan el pago de reclamaciones, niegan la cobertura y defienden estas acciones a través de litigios. La obra se ha convertido en una referencia importante sobre cómo estas tácticas afectan a los asegurados y critica el enfoque sistemático hacia la maximización de beneficios en la industria aseguradora.

Esto generó una conexión con el público, que ha sido víctima de agencias de seguros en EEUU, como la que dirigía la víctima. En efecto, el victimario generó cierta simpatía en la población, que lo comenzó a ver como un justiciero, figura esta que se promueve como parte de lo que podríamos decir mitos urbanos, y que llena muchos de los argumentos de películas y series de televisión. 

El propósito de las aseguradoras privadas de salud es maximizar las ganancias y minimizar los gastos y las inversiones. Esas son sus prioridades como en toda actividad mercantil, esta son las razones que impulsan sus decisiones cuando se trata de coberturas de servicios o pagos de reclamaciones. Al reducir coberturas o la cantidad que pagan en reclamaciones, las aseguradoras pueden aumentar sus márgenes de beneficio y proteger su estabilidad financiera, aunque ello reduzca los beneficios de los afiliados.

Por ello, las denegaciones de reclamos médicos a aseguradoras en EEUU se han incrementado un 31% de 2022 a 2024, según una encuesta realizada por Experian y citada por Reuters. UnitedHealthcare, de la cual Brian Thompson era director ejecutivo, facturó 100.800 millones de dólares solamente en el tercer trimestre del año, rechazó 8,7% de las solicitudes (https://acento.com.do/autor/france24.html).

Todo asesinato es condenable, y este no puede ser la excepción, independientemente de sus motivaciones.

Pero esta tragedia debe llamar a la reflexión acerca de la cantidad de muertes que generan las empresas que negocian con la salud como una mercancía más, como es el caso de estas en EEUU, que retrasan y niegan coberturas, y tienen un cuerpo de abogados listos para defenderse de esas atrocidades en los tribunales.

Con la entrada de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible – popularmente conocida como 'Obamacare' en 2010, las aseguradoras comenzaron a implementar un proceso de preautorización en el servicio, que requiere examinar los procedimientos recomendados por los doctores antes de acceder a pagar por sus clientes. Según una encuesta de la Asociación Médica Estadounidense, realizada en 2023, el 94% de los médicos reconoce que la implementación de la preautorización retrasa la atención médica, mientras que el 78% dijo que dicha acción lleva al abandono de los tratamientos.(https://acento.com.do/autor/france24.html). 

Igual que las aseguradoras de salud de EEUU, ocurre en República Dominicana con las mal llamadas administradoras de riesgos de salud (ARS), que niegan y retrasan atenciones, con lo cual, causan que los padecimientos de salud se agraven, arruinen y empobrezcan a los afiliados, produzcan más dolor y sufrimiento, y hasta la muerte. 

Las ARS cuentan también con un cuerpo de defensores compuesto por barras de abogados que llegan hasta las últimas instancias para defender el crimen de denegación de servicios. Cuentan también con abogacía en los medios de comunicación, en el congreso, en organismos del gobierno, en los partidos políticos del sistema, las universidades privadas, y lógicamente, las asociaciones de empresarios y bancos comerciales.

La oligarquía empresarial capitalista defiende las ARS junto con organismos del Estado a su servicio, de la gran prensa y de la sociedad civil cuyas opiniones son rentadas. Con los mismos aportes de los afiliados se pagan campañas publicitarias, contratan expertos internacionales, todo ello para convencernos de que las ARS realmente administran los riesgos de salud de la ciudadanía y garantizan el acceso y calidad de las atenciones de salud.

Pero la verdad es dura de matar, aunque a diario lo intenten, aunque para ello utilicen los mejores recursos publicitarios, los más simpáticos, admirados y queridos comediantes, los más fluidos y elegantes discursos, la verdad es que en el país negar servicios (deny) es el socorrido “no cubre”, o el “no está en el catálogo”, o “no está en el PDSS”.

La gente “no coge esa”. La población no cree en las mentiras y manipulaciones de las ARS orquestadas con mucho cuidado y con mucho presupuesto, sacado de los aportes de las trabajadoras y trabajadores.

Por ello, tarde o temprano, es posible que surjan reacciones violentas por parte de la población. Desde las organizaciones y activistas de la Coalición por la Seguridad Social Digna propugnamos para que las reacciones de la población sean organizadas, conscientes y orientadas al corazón del sistema jurídico-institucional, que niega y retrasa atenciones necesarias.

Cada día más la gente es consciente del latrocinio de las ARS y la necesidad de cambiar este modelo. Trabajamos educando, organizando para que la gente no tome en sus manos la justicia, como parece ocurrió en el caso de la fatídica muerte del director ejecutivo de United Healthcare.

Apostemos a desarrollar un movimiento cívico, masivo, participativo, pacífico y democrático. Y confiamos en ello, porque confiamos en el pueblo dominicano, sobre todo las y los que con su trabajo diario construyen las riquezas que exhiben las estadísticas oficiales y el empresariado.

 





domingo, 8 de diciembre de 2024

La defensa de la cesantía: persistir y resistir para defender este derecho colectivo

Por Gregorio Moya E.



El Diario Libre, en su edición del 6 de diciembre, informa que los empresarios se mantienen firmes en su intención de modificar la cesantía. El sector patronal ha planteado a los senadores que la reforma de la ley laboral debe limitar la cesantía a seis años de trabajo, con un pago establecido bajo un cálculo de diez salarios mínimos. Esto significa que, si una persona ha trabajado 20 o 30 años para una empresa, solo se reconocerán seis años de cesantía.

El senador Ricardo de los Santos, presidente del Senado, rechazó la propuesta patronal, argumentando que "en este Gobierno hemos demostrado que los derechos adquiridos de cada ciudadano o ciudadana son respetados y así seguirá siendo". Esta posición trae alivio a las trabajadoras y trabajadores, pero tiene un matiz que, si no se aclara, podría convertirse en una justificación para traicionar a la clase trabajadora dominicana.

Es necesario señalar que la cesantía, como derecho adquirido, es un derecho colectivo de la clase trabajadora. Los derechos colectivos son un conjunto de derechos humanos que protegen a grupos sociales; a diferencia de los derechos individuales, donde el sujeto es un individuo, los derechos colectivos pertenecen a grupos sociales o comunidades. Aunque estos derechos suelen referirse a comunidades indígenas y otros colectivos con identidad cultural o histórica, los derechos laborales también deben ser considerados derechos colectivos.

Como derechos colectivos son indivisibles, en espacio y tiempo, su ejercicio beneficia tanto al grupo como a cada uno de sus miembros y a la sociedad en sentido general. Por lo tanto, la propuesta de algunos sectores patronales y de la opinión pública afectos a la patronal, que sugieren que se puede respetar el derecho adquirido de los trabajadores hasta la fecha, pero que al modificar la ley de cesantía estos derechos también se cambiarían o reducirían en el monto y tiempo de cobertura, o a un seguro de desempleo, constituye una negación de un derecho que no es individual sino colectivo.

El derecho a la cesantía está claramente establecido en cuanto a su titularidad: los trabajadores son los titulares de estos derechos. Este derecho es colectivo, al igual que el derecho a negociar que tienen los trabajadores con los empleadores las condiciones laborales como grupo.

Una característica fundamental de los derechos colectivos es que se refieren a intereses concretos y determinados de un grupo específico; en este caso, los empleados tienen una relación económica con sus empleadores, quienes, como dueños del capital, tienen poder sobre ellos. Uno de esos poderes es el despido sin justificación.

Por lo tanto, la clase trabajadora debe estar atenta a las maniobras de los empresarios y del Congreso, teniendo en cuenta la falta de consistencia e integridad de muchos congresistas dominicanos. En un país capitalista, el Congreso suele ser un instrumento al servicio de los sectores poderosos.

Así pues, la firmeza en la defensa de la cesantía es una necesidad urgente para la clase trabajadora y sus organizaciones aliadas.

NO A LA ELIMINACION NI MODIFICACION DE LA CESANTÍA LABORAL