- “Buenos días”, “Buenas noches”
Saludar es una forma de hacer visible a la persona. Mírala sin juzgarla y ofrécele una sonrisa. Hay personas que quizás no han hablado con nadie desde hace días. No te frustres si no obtienes respuesta enseguida. Lo puedes seguir intentando. - “¿Cómo estás?”
Háblale con tranquilidad y respeto, con distancia para no asustarla y agachándote para tener la mirada a la misma altura. A veces, ofrecer un café o un cigarro es una excusa perfecta para iniciar una conversación y saber cómo se encuentra la persona. - “¿Qué necesitas?”
Podría ser una manta, un bocadillo, una llamada…o simplemente una conversación. Pregúntale qué necesita y no te angusties si satisfacer su petición no está en tus manos en ese momento. A veces, escuchar y ofrecer compañía es más útil que procurar cosas materiales. - “¿Puedo hacer algo para ayudarte?”
Conseguir que una persona deje la calle no se hace de la noche a la mañana y tampoco tienes que cargar con esa responsabilidad. La situación puede mejorar si orientas a la persona hacia los recursos donde puede encontrar ayuda. Puede ser que ya los esté utilizando; otras veces no los conocen y se trata de una información útil.
jueves, 18 de septiembre de 2025
¿Qué hacer cuando ves a alguien viviendo en la calle?
domingo, 10 de agosto de 2025
Reforma seguridad social y consejos de accionistas
Por Gregorio Moya E.
El proyecto contempla
que todos los trabajadores y trabajadoras dominicanas puedan retirarse tras
haber acumulado 20 años de trabajo, basánd
ose en un estudio actuarial.
Asimismo, establece que nadie reciba una pensión por debajo del salario mínimo cotizable.
La propuesta
de la Coalición plantea la eliminación de las Administradoras de Riesgos de
Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para utilizar
las ganancias y comisiones que benefician a estas empresas.
Así mismo, se
propone en la iniciativa del movimiento social la eliminación del llamado
Consejo Nacional de la Seguridad Social, de la Superintendencia de Riesgos de
Salud, la Superintendencia de Pensiones y de la Dirección de Información y
Defensa de los Afiliados (DIDA). Esto permitiría ahorrar recursos que
actualmente se destinan a mantener estos “elefantes blancos”, nidos de empleos
para la clientela política, y que funcionan en beneficio de los dueños de las
ARS y AFP. También ayudaría a reducir procesos burocráticos y papeleos
innecesarios que encarecen las prestaciones de la seguridad social.
La propuesta
de la Coalición busca que las decisiones que afectan las prestaciones de la
seguridad social no sean tomadas en los consejos de accionistas de las AFP, las
ARS ni de los bancos como ocurre hoy día. Una política pública de protección social no debe estar en manos privadas.
En contraste
con esta propuesta de la Coalición, en el Congreso Nacional se han introducido varias iniciativas
para modificar la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social
(SDSS).
Veamos algunas
de ellas:
La Comisión
Bicameral conformada en el Congreso para estudiar la modificación integral de
la Ley 87-01 ha unificado varias propuestas legislativas para un análisis más
eficiente. El presidente de esta comisión, el diputado Rafael Castillo, ha
informado que existe un consenso para realizar una reforma integral y se han
presentado diversas iniciativas.
La Comisión de
Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado ha revisado varios proyectos
pendientes, entre los cuales se encuentran una iniciativa que otorga pensión
automática a servidores públicos del área de salud y otra que modifica el
artículo 1 de la Ley 87-01. Esta comisión está presidida por el senador Daniel
Rivera y cuenta con la participación de senadores como Félix Bautista y Omar
Fernández. La gran mayoría de los afiliados están fuera de beneficio alguno.
El
superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, también ha
presentado una propuesta de reforma enfocada en fortalecer la regulación y el
acceso a los servicios de salud dentro del sistema de seguridad social,
planteando cuatro pilares estratégicos para mejorar la gobernanza, la
administración y los derechos de los afiliados. Esta deja en lo fundamental el
sistema tal cual.
De todas las
propuestas, solo el proyecto de ley presentado por los diputados Pedro Martínez
y Llaniris Espinal busca modificar la Ley 87-01 para fortalecer el alcance, la
equidad y la transparencia del sistema de seguridad social. Esta iniciativa
propone que el sistema sea gestionado por un instituto público supervisado por
el Estado, con mayor cobertura universal y una protección más efectiva de los
derechos constitucionales a la salud y a la pensión.
Los demás
proyectos de ley no cuestionan la privatización de las ganancias de las AFP y
las ARS, ni la carga que se coloca sobre los trabajadores en la formación de
los capitales que generan esas ganancias que las intermediarias financieras se
apropian. Esa es el ahorro nacional que controlan los sectores financieros,
utilizados para auxiliar empresas en dificultades financieras y en el déficit
del gobierno central y del Banco Central.
Ninguno de los
proyectos se atreve a proponer un sistema público controlado por el Estado con
la participación de todos los sectores de la sociedad. Todos los demás
proyectos responden a los intereses de los consejos de accionistas, a quienes
finalmente sirven.
Una política
pública y de protección social no puede seguir en manos de grupos privados, en
consejos de accionistas que van a defender sus propios intereses como se ha
visto históricamente.
martes, 15 de julio de 2025
Cercenar el Jardín Botánico Nacional y las mentiras de un llamado parque lineal
Por Gregorio Moya E.
La Alcaldía del Distrito Nacional inauguró el jueves 1 de mayo el denominado parque lineal La Yagüita, con el objetivo de recuperar un espacio que llevaba más de treinta años abandonado en Los Jardines del Norte. Sin embargo, resulta cuestionable calificar como “parque” a lo que en realidad es una acera remozada: se pintó una pared, se sembraron algunas plantas y se instalaron bancos. Llamar parque a una acera, aunque se le agregue el adjetivo “lineal”, es una distorsión, ya sea por ignorancia o por interés, y en ambos casos perjudica la percepción de lo que debe ser verdaderamente un espacio verde urbano.
¿Qué es, realmente, un parque urbano?
Desde la perspectiva del
urbanismo, un parque es un espacio verde dentro de la ciudad, destinado al uso
público y recreativo, que brinda múltiples beneficios ambientales, sociales y
económicos. Los parques son esenciales para el bienestar de las comunidades
urbanas, ya que facilitan la recreación, el ejercicio, la socialización y el
contacto con la naturaleza.
Un tramo de acera mejorada, con
una pared pintada y algunos bancos, por mucho que se planten algunas matas, no
constituye un espacio verde auténtico. No garantiza la recreación segura ni
aporta los beneficios ambientales que se esperan de un parque público.
La importancia de los verdaderos parques
Es fundamental que la Alcaldía
impulse y proteja los parques reales, porque:
- Favorecen la recuperación del espacio público.
- Ofrecen beneficios ambientales, sociales y económicos.
- Son determinantes para la salud y calidad de vida de la población.
Un ejemplo de la relevancia de estos espacios lo representa la regla 3-30-300: una propuesta internacional que sugiere que toda persona debe poder ver al menos tres árboles desde su vivienda, vivir en un barrio con al menos un 30% de cobertura arbórea y contar con un espacio verde de calidad a no más de 300 metros de distancia[1].
Improvisaciones y amenazas al pulmón verde de la capital
Avanzar en la construcción y
recuperación de parques auténticos es acertado y urgente para el bienestar
social y ambiental de la ciudad. No obstante, improvisar y llamar
"parque" a una simple acera con mobiliario urbano es un error que
termina degradando la idea misma de lo que es un parque. Pruebas de este mismo
desacierto son los denominados “parques” improvisados en el medio de avenidas,
como el llamado “zooberto”.
Resulta aún más grave la amenaza
que pesa hoy sobre el Jardín Botánico Nacional, uno de los pulmones principales
del Distrito Nacional. La posible pérdida de hasta 11,000 metros cuadrados de
su superficie es sencillamente un crimen ecológico, disfrazado de solución al
tránsito de la avenida República de Colombia, cuando en realidad parece
responder a intereses inmobiliarios y a la valorización de la zona.
La capital de la República necesita aumentar su capa vegetal, no disminuirla como proyectan con la ampliación de la avenida República de Colombia. El desarrollo urbano no debe dañar el equilibrio ecológico.
En suma, proyectos que cercenan
verdaderos pulmones urbanos y acciones que disfrazan de parques las meras
aceras afectan directamente el medio ambiente y el bienestar colectivo de la
ciudad.
viernes, 11 de julio de 2025
Candidatos progresistas divididos en el CMD darían paso a conservadores y reaccionarios
Por Gregorio Moya E.
En el Colegio Médico Dominicano (CMD) actualmente se presentan cuatro candidaturas principales. Dos de ellas, encabezadas por Clemente Terrero y José Santana, quienes se identifican como progresistas. Según los sondeos más recientes, Terrero cuenta con un 38% de intención de voto, mientras que Santana alcanza un 11%.
Por otro lado, Yubelkis Aquino, proveniente del PRD de Miguel Vargas Maldonado y con apoyo del PRM, registra un 21% de intención de voto. Luis Peña Núñez, quien cuenta con el respaldo del reconocido líder médico Waldo Ariel Suero, suma un 13%.
A pesar de que las propuestas de Clemente Terrero y José Santana son, en términos generales, similares y orientadas al progresismo, ambos mantienen sus candidaturas de manera separada. Esta falta de unidad recuerda lo ocurrido en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), donde la división entre candidatos progresistas, motivada por el sectarismo, facilitó el avance del conservadurismo representado por los candidatos peledeístas.
Resulta contradictorio que los aspirantes progresistas no se sienten a dialogar y valorar una participación unitaria en el CMD, priorizando la posibilidad de impulsar una transformación real del gremio. Una candidatura conjunta permitiría fortalecer el CMD desde posiciones críticas y transformadoras, contribuir a la producción social de la salud, promover la reforma de la ley de seguridad social, democratizar y robustecer el gremio, así como aumentar la participación y la inclusión. Todo esto redundaría en una mejora de la salud del pueblo dominicano y en mejores condiciones laborales, salariales y de seguridad para los profesionales de la medicina.
Es momento de impulsar la unidad progresista en el CMD y dar ejemplo de anteponer los intereses colectivos por encima de los intereses particulares y de grupo.
Nota: los datos de intención de votos fuero obtenidos de Elecciones CMD 2025: Polarización en aumento | Salud News
viernes, 27 de junio de 2025
Caso Wander Franco: desigualdad e injusticia
Por Gregorio Moya E.
Un fallo que
indigna
La reciente condena al pelotero de Grandes Ligas Wander Samuel Franco Aybar ha dejado al descubierto las grietas más profundas de nuestro sistema judicial y de nuestra sociedad. Franco fue sentenciado a 2 años de prisión, con la pena suspendida, y obligado a pagar 10 salarios mínimos al Estado dominicano, además de las costas penales, tras ser hallado culpable de abuso psicológico y sexual contra una adolescente. En contraste, la madre de la víctima recibió una condena de 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos. La condena a la madre es correcta, pero los jueces fueron benignos e injustos con Franco Aybar. Puede decirse que la madre recibió lo que merecía, no así Wander Franco. Indignante.
Justicia a
medias para los poderosos, es injusticia
Resulta
imposible no notar la benignidad de la pena impuesta al pelotero, un confeso
abusador sexual y psicológico. Amparado en el poder del dinero y la influencia
de su estatus, Franco recibe una condena que no cumplirá en prisión, sin que
exista una justificación razonable para semejante indulgencia. La pena económica es risible para el daño producido. Las condiciones
para la suspensión de la pena no podrían ser más ridículas: el tribunal
simplemente le prohibió acercarse a adolescentes con fines sexuales. ¿Es esto
suficiente para reparar el daño causado y proteger a otras posibles víctimas?
No se espera que para la justicia sea inaceptable que un adulto se acerque a
una persona menor con fines sexuales. Una justicia a medias es injusticia.
Culpables,
pero no iguales ante la ley
El caso se
agrava al considerar el origen del lavado de activos por el que fue condenada
la madre: el pago recibido por prostituir a su hija, realizado por el propio
Franco. Así, ambos delitos se entrelazan, pero la balanza de la justicia parece
inclinarse solo hacia quien carece de poder y recursos. La condena a la madre
luce justa, la del abusador sexual es claramente benigna para él.
Ambos acusados, hoy culpables, abusaron de su posición. La madre, que debía proteger a su hija, contrario a lo que se espera, comercializó su cuerpo y su alma, su intimidad y la entregó a
la explotación por lucro personal. Franco, por su parte, utilizó su dinero y
estatus para comprar favores sexuales y aprovecharse de la vulnerabilidad de
una menor.
La desigualdad
como raíz del problema
Este caso no
solo expone fallas legales y morales, sino que desnuda la profunda desigualdad
social que permite que los poderosos eludan las consecuencias de sus actos, tengan poder para comprar voluntades de personas vulnerables y de la institucionalidad de la justicia.
Como advirtió Rousseau: “Ningún ciudadano debe ser tan rico como para poder
comprar a otro, ni tan pobre como para verse forzado a venderse”. Mientras no
luchemos por una sociedad más igualitaria, estos abusos seguirán repitiéndose.
¿Y la víctima?
La pregunta
más dolorosa sigue sin respuesta: ¿qué será de la víctima? Sin una madre
protectora, el padre ni se diga, en este caso ha sido un cero a la izquierda, y con una justicia complaciente con los poderosos, ¿Qué futuro le
espera? Si el sistema judicial es indulgente con los abusadores solo porque son
celebridades y millonarios, no podemos esperar que las instituciones de protección
sean efectivas ante la dura realidad que enfrenta la víctima.
Reflexión
final
En este caso, la desigualdad y la injusticia han ido de la mano. No solo se ha fallado a la víctima, sino a toda una sociedad que merece un sistema judicial más justo, equitativo y humano. No podemos resignarnos ante la impunidad de los poderosos. Debemos exigir cambios reales, por el bien de nuestras niñas, niños y adolescentes. Para ello debemos cambiar la determinación social, económica y política que reproduce la injusticia en todas sus manifestaciones. Hay que subvertir esta realidad.
lunes, 2 de junio de 2025
Propuesta per cápita diferenciados para financiar PNA: más de los mismo y más caro
La
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) ha elaborado una
propuesta para la implementación de un modelo per cápita diferenciado según el
nivel de riesgo de los afiliados que aplicaría a los del régimen contributivo para
financiar la cobertura del Primer Nivel de Atención (PNA) y de la prevención
secundaria y terciaria para personas con hipertensión y/o diabetes, dentro del
Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo en República Dominicana.
El documento metodológico
que sustenta la propuesta de SISALRIL se enfoca en el Régimen Contributivo,
partiendo ya que el Subsidiado tiene una estructura de costos distinta y será
abordado posteriormente.
Ese per cápita diferenciado se basa en la diferencia de siniestralidad por edad, lo cual plantea un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes, objeto de la modifición planteada. Pero este enfoque pierde de vista otros riesgos como son la ocupación, las condiciones de la vivienda y la alimentación, para solo citar unos pocos.
La propuesta de
SISARIL supuestamente asume la atención Primaria en Salud como estrategia para
el desarrollo de redes de servicios contratadas por las Administradoras de
Riesgos de Salud (ARS), articuladas por niveles de complejidad, con énfasis en
la promoción, prevención y atención integral de enfermedades crónicas
prevalentes, comenzando con hipertensión y diabetes.
Se propone la
contratación de los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) bajo el modelo de
capitación, es decir, un pago fijo por persona, incentivando la calidad y
resultados, y eliminando barreras económicas como copagos o cuotas moderadoras.
Desde el punto
de vista de la cobertura la propuesta insiste en el catálogo de servicios, en
este caso, propuesto para el Primer Nivel de Atención incluye 383 coberturas,
clasificadas por sexo y grupo de edad: 198 procedimientos, 34 vacunas y 151
medicamentos. De estas, 294 ya están incluidas en el Plan Dominicano de Servicios
de Salud (PDSS), y se propone agregar 89 nuevas coberturas.
Igualmente, la
propuesta plantea que el acceso a estos servicios sería sin copagos ni cuotas
moderadoras, garantizando la entrega continua de medicamentos y el cumplimiento
de los protocolos nacionales.
Se estimó una
frecuencia de uso anual de cada cobertura, el monto medio pagado por las ARS y el
gasto esperado para una población proyectada de 4,500,000 afiliados.
En Cuanto a las
coberturas fuera de las atenciones comprendidas en el catálogo, se valoraron
según precios de mercado.
Concretamente,
SISARIL recomienda establecer per cápitas diferenciados para el Primer Nivel y
para la prevención secundaria y terciaria, dada la naturaleza distinta de su
gestión.
Así mismo la
propuesta sugiere la creación de fondos especializados dentro de la Tesorería
de la Seguridad Social para asegurar el financiamiento y monitoreo de los
objetivos de APS y programas especiales de salud pública.
La propuesta
de la SISALRIL, al establecer una gestión diferenciada por niveles de atención
o complejidad, anula el enfoque de integralidad de la atención y profundiza la
fragmentación del sistema de atención en salud.
La propuesta
de la SISALRIL contempla aumento del per cápita. Para los hipertensos se
aumenta a $558.72, de una cápita actual de $427.71. Los diabéticos tendrían una
aumento de $501.39, pasando de $428.93 que son actualmente a $930.32. Y, los
pacientes con hipertensión y diabetes, pasarían a tener un pago per cápita de
$796.59, donde actualmente es de $284.00, lo que significa un aumento de $512.59.
La lista de
medicamentos para para la Prevención Secundaria y Terciaria hipertensión y diabetes
sigue siendo una lista limitada, que deja fuera medicamentos que representan
avances importantes en el tratamiento de estas afecciones, además, de la
variabilidad de estas en cuanto a síntomas, progresión e impacto en la economía
de los pacientes.
Hay que
resaltar que estos aumentos van a beneficiar a las ARS monopólicas del sistema
de seguridad social, ya que se mantiene el 10% de gastos administrativos, cuyos
montos aumentarán.
La propuesta
de SISALRIL establece que el impacto en el per cápita Adicional para el Primer
Nivel y los Servicios de Prevención Secundaria y Terciaria sería de RD$105.55
por afiliado por mes, incluyendo un 10% de Gastos Administrativos, y de
RD$128.32 de implementarse la estructura de Incentivos. Es decir, cargar a los
afiliados es la solución a un sistema que funciona en base a un enfoque
financiero, no de servicio.
Con esta
propuesta, la segmentación que se mantiene con la propuesta de SISALRIL de per
cápita diferenciado se refleja en atenciones segmentadas que son contrarias a
la atención continuada e integral que se establece en el modelo de atención vigente
en el país.
El enfoque de
atención primaria, que se basa en un catálogo y predominantemente por
capitación consagra el enfoque centrado en la clínica y en el hospital,
borrando los determinantes sociales, económicos, culturales y organizacionales
de la salud.
Esta propuesta de SISALRIL es más de lo mismo, con mayor carga para las afiliadas y afiliados.
domingo, 18 de mayo de 2025
Plaza de la Salud no da servicios, factura
Por Gregorio Moya E.
La Plaza de la Salud, un conjunto de hospitales construidos con dinero público, no es un hospital público. Es una plaza donde la mercancía es la salud; por eso, parodiando a Shakira, la Plaza de la Salud no da servicios de salud, factura.
Esta afirmación la hacemos a raíz de la noticia de que el Hospital General de la Plaza de la Salud presentó la mañana del sábado 17 de mayo una interrupción en el registro y seguimiento de facturas, lo que afectó las operaciones del Centro de Imágenes Diagnósticas y obligó al personal a notificar a los pacientes la suspensión de la facturación y demás procesos administrativos.
Sin embargo, lo que realmente se afectó no fueron las operaciones médicas del Centro de Imágenes Diagnósticas, sino la facturación. Como resultado, los servicios fueron detenidos, porque la razón de ser de la Plaza de la Salud, como cualquier plaza comercial, es facturar, comerciar y obtener el dinero de los pacientes, que ahora son considerados clientes.
La prensa informa que los pacientes estuvieron esperando más de cuatro horas, incluidos adultos mayores y niños, muchos de ellos en ayunas, para poder realizarse estudios médicos. ¡Qué abuso!
Sorprendería leer o escuchar un editorial o comentario crítico de la gran prensa o de los analistas que opinan con fuerza, pero sin tocar el negocio en el que han convertido la medicina; una medicina en la que no duele el sufrimiento ajeno, en la que no se buscan alternativas para atender a los más necesitados. Ni siquiera pensaron en darles un “fiao”, un crédito, a esos pobres de solemnidad.
La crónica del Listín Diario en su versión digital recoge el siguiente testimonio de una paciente:
“Yo tengo
indicios de un posible cáncer de mama y llegué temprano para hacerme unos
estudios en ayunas. No sé cómo no me he desmayado esperando. Tengo 60 años, ya
no estoy como una muchachita”.
Ante las quejas y el hecho de que los pacientes comenzaron a marcharse, el personal recomendó a algunos ingerir alimentos y volver en aproximadamente seis horas, una vez que el cuerpo estuviera nuevamente en condiciones de ayuno. A los pacientes diabéticos se les sugirió reprogramar sus citas. Como puede verse, la prioridad no es el paciente, sino la facturación.
Según la propia web de lo que la gente conoce como Plaza de la Salud, “sus instalaciones y equipos fueron financiados con fondos del Estado Dominicano”. Además, “previo a la inauguración oficial de la obra, el 10 de agosto de 1996, el Poder Ejecutivo emitió dos decretos: el primero, creando el Patronato para la administración del Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), y el segundo, para regir el Hospital General de la Plaza de la Salud”. Ambos patronatos están compuestos por miembros exoficio del sector oficial, profesionales de la medicina, educadores, empresarios y religiosos.
Este centro categoriza a los pacientes y puede otorgarles un descuento, en orden descendente, de hasta un 40% de la tarifa tope establecida para consultas, pruebas, procedimientos y asistencia tanto a pacientes internados como ambulatorios. Una categoría especial se asigna al paciente probadamente indigente, quien queda exonerado de todo pago. Para el patronato que dirige el Hospital General Plaza de la Salud, este es el criterio de solidaridad y equidad en la administración de una obra construida con dinero de la misma gente que acude allí, y que ellos categorizan según criterios de mercado. Por eso la gente se opone a los patronatos que sustituyen la función pública de dirección hospitalaria, sacrificando a la población para mantener niveles de facturación, lo cual es presentado como un indicador de calidad que se antepone a la atención.
Por ello, la reforma de la salud debe partir de un enfoque de derecho, del carácter sagrado de la salud de la población y responder a sus necesidades, como dice la visión de la Plaza de la Salud. No puede ser el dinero y la facturación lo que prime en el funcionamiento de un hospital.
La inversión pública en la Plaza de la Salud se ha mantenido a lo largo del tiempo, utilizándose estos recursos para el pago de sueldos. Es decir, el Estado financió la infraestructura y los equipos, y paga los sueldos del personal, siendo la inversión en 2014 de RD$317,453,158. También aporta el Estado en suministros, medicamentos y factura eléctrica. Estos datos fueron tomados de la auditoría fechada el 15 de diciembre de 2015 a la Plaza de la Salud.
La inversión pública tiene como destino principal la satisfacción de las necesidades de la gente, del pueblo, de manera que impedir el acceso a la población por un problema de facturación va en contra de satisfacer dichas necesidades. Cualquier destino que no sea ese es una forma de defraudación del propósito de la inversión pública.
Esta situación
presentada en la Plaza de la Salud, en la que por un problema técnico de
facturación se les niega la atención a los pacientes, incluso ya citados y en
ayunas, constituye una falta grave para una entidad financiada por el Estado
dominicano.
Un ejemplo de falta de cobertura: se entiende por cobertura sanitaria universal que todas las personas tengan acceso al conjunto de servicios de salud de calidad que necesiten en el momento y el lugar adecuados, y sin sufrir dificultades económicas por ello. El hecho de que no se les hayan proporcionado los servicios en la Plaza de la Salud en el momento en que fueron citados constituye una falta de cobertura, a lo que hay que agregar las dificultades financieras que sufren los más pobres, quienes deben pagar no menos del 40% del costo estimado de los servicios prestados.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)