Por Gregorio Moya E.
El proyecto contempla
que todos los trabajadores y trabajadoras dominicanas puedan retirarse tras
haber acumulado 20 años de trabajo, basánd
ose en un estudio actuarial.
Asimismo, establece que nadie reciba una pensión por debajo del salario mínimo cotizable.
La propuesta
de la Coalición plantea la eliminación de las Administradoras de Riesgos de
Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para utilizar
las ganancias y comisiones que benefician a estas empresas.
Así mismo, se
propone en la iniciativa del movimiento social la eliminación del llamado
Consejo Nacional de la Seguridad Social, de la Superintendencia de Riesgos de
Salud, la Superintendencia de Pensiones y de la Dirección de Información y
Defensa de los Afiliados (DIDA). Esto permitiría ahorrar recursos que
actualmente se destinan a mantener estos “elefantes blancos”, nidos de empleos
para la clientela política, y que funcionan en beneficio de los dueños de las
ARS y AFP. También ayudaría a reducir procesos burocráticos y papeleos
innecesarios que encarecen las prestaciones de la seguridad social.
La propuesta
de la Coalición busca que las decisiones que afectan las prestaciones de la
seguridad social no sean tomadas en los consejos de accionistas de las AFP, las
ARS ni de los bancos como ocurre hoy día. Una política pública de protección social no debe estar en manos privadas.
En contraste
con esta propuesta de la Coalición, en el Congreso Nacional se han introducido varias iniciativas
para modificar la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social
(SDSS).
Veamos algunas
de ellas:
La Comisión
Bicameral conformada en el Congreso para estudiar la modificación integral de
la Ley 87-01 ha unificado varias propuestas legislativas para un análisis más
eficiente. El presidente de esta comisión, el diputado Rafael Castillo, ha
informado que existe un consenso para realizar una reforma integral y se han
presentado diversas iniciativas.
La Comisión de
Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado ha revisado varios proyectos
pendientes, entre los cuales se encuentran una iniciativa que otorga pensión
automática a servidores públicos del área de salud y otra que modifica el
artículo 1 de la Ley 87-01. Esta comisión está presidida por el senador Daniel
Rivera y cuenta con la participación de senadores como Félix Bautista y Omar
Fernández. La gran mayoría de los afiliados están fuera de beneficio alguno.
El
superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, también ha
presentado una propuesta de reforma enfocada en fortalecer la regulación y el
acceso a los servicios de salud dentro del sistema de seguridad social,
planteando cuatro pilares estratégicos para mejorar la gobernanza, la
administración y los derechos de los afiliados. Esta deja en lo fundamental el
sistema tal cual.
De todas las
propuestas, solo el proyecto de ley presentado por los diputados Pedro Martínez
y Llaniris Espinal busca modificar la Ley 87-01 para fortalecer el alcance, la
equidad y la transparencia del sistema de seguridad social. Esta iniciativa
propone que el sistema sea gestionado por un instituto público supervisado por
el Estado, con mayor cobertura universal y una protección más efectiva de los
derechos constitucionales a la salud y a la pensión.
Los demás
proyectos de ley no cuestionan la privatización de las ganancias de las AFP y
las ARS, ni la carga que se coloca sobre los trabajadores en la formación de
los capitales que generan esas ganancias que las intermediarias financieras se
apropian. Esa es el ahorro nacional que controlan los sectores financieros,
utilizados para auxiliar empresas en dificultades financieras y en el déficit
del gobierno central y del Banco Central.
Ninguno de los
proyectos se atreve a proponer un sistema público controlado por el Estado con
la participación de todos los sectores de la sociedad. Todos los demás
proyectos responden a los intereses de los consejos de accionistas, a quienes
finalmente sirven.
Una política
pública y de protección social no puede seguir en manos de grupos privados, en
consejos de accionistas que van a defender sus propios intereses como se ha
visto históricamente.
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