Por Gregorio Moya E.
Un fallo que
indigna
La reciente condena al pelotero de Grandes Ligas Wander Samuel Franco Aybar ha dejado al descubierto las grietas más profundas de nuestro sistema judicial y de nuestra sociedad. Franco fue sentenciado a 2 años de prisión, con la pena suspendida, y obligado a pagar 10 salarios mínimos al Estado dominicano, además de las costas penales, tras ser hallado culpable de abuso psicológico y sexual contra una adolescente. En contraste, la madre de la víctima recibió una condena de 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos. La condena a la madre es correcta, pero los jueces fueron benignos e injustos con Franco Aybar. Puede decirse que la madre recibió lo que merecía, no así Wander Franco. Indignante.
Justicia a
medias para los poderosos, es injusticia
Resulta
imposible no notar la benignidad de la pena impuesta al pelotero, un confeso
abusador sexual y psicológico. Amparado en el poder del dinero y la influencia
de su estatus, Franco recibe una condena que no cumplirá en prisión, sin que
exista una justificación razonable para semejante indulgencia. La pena económica es risible para el daño producido. Las condiciones
para la suspensión de la pena no podrían ser más ridículas: el tribunal
simplemente le prohibió acercarse a adolescentes con fines sexuales. ¿Es esto
suficiente para reparar el daño causado y proteger a otras posibles víctimas?
No se espera que para la justicia sea inaceptable que un adulto se acerque a
una persona menor con fines sexuales. Una justicia a medias es injusticia.
Culpables,
pero no iguales ante la ley
El caso se
agrava al considerar el origen del lavado de activos por el que fue condenada
la madre: el pago recibido por prostituir a su hija, realizado por el propio
Franco. Así, ambos delitos se entrelazan, pero la balanza de la justicia parece
inclinarse solo hacia quien carece de poder y recursos. La condena a la madre
luce justa, la del abusador sexual es claramente benigna para él.
Ambos acusados, hoy culpables, abusaron de su posición. La madre, que debía proteger a su hija, contrario a lo que se espera, comercializó su cuerpo y su alma, su intimidad y la entregó a
la explotación por lucro personal. Franco, por su parte, utilizó su dinero y
estatus para comprar favores sexuales y aprovecharse de la vulnerabilidad de
una menor.
La desigualdad
como raíz del problema
Este caso no
solo expone fallas legales y morales, sino que desnuda la profunda desigualdad
social que permite que los poderosos eludan las consecuencias de sus actos, tengan poder para comprar voluntades de personas vulnerables y de la institucionalidad de la justicia.
Como advirtió Rousseau: “Ningún ciudadano debe ser tan rico como para poder
comprar a otro, ni tan pobre como para verse forzado a venderse”. Mientras no
luchemos por una sociedad más igualitaria, estos abusos seguirán repitiéndose.
¿Y la víctima?
La pregunta
más dolorosa sigue sin respuesta: ¿qué será de la víctima? Sin una madre
protectora, el padre ni se diga, en este caso ha sido un cero a la izquierda, y con una justicia complaciente con los poderosos, ¿Qué futuro le
espera? Si el sistema judicial es indulgente con los abusadores solo porque son
celebridades y millonarios, no podemos esperar que las instituciones de protección
sean efectivas ante la dura realidad que enfrenta la víctima.
Reflexión
final
En este caso, la desigualdad y la injusticia han ido de la mano. No solo se ha fallado a la víctima, sino a toda una sociedad que merece un sistema judicial más justo, equitativo y humano. No podemos resignarnos ante la impunidad de los poderosos. Debemos exigir cambios reales, por el bien de nuestras niñas, niños y adolescentes. Para ello debemos cambiar la determinación social, económica y política que reproduce la injusticia en todas sus manifestaciones. Hay que subvertir esta realidad.
