domingo, 31 de enero de 2021
PANDEMIA DE COVID 19 Y DERECHOS HUMANOS
Por Gregorio Moya E.
La situación de crisis sanitaria y sus secuelas económicas, sociales e institucionales son de gran impacto, y afectan los derechos humanos.
En la mayoría de los países, incluyendo la República Dominicana, el ordenamiento jurídico contempla que ante situaciones de emergencia como es una epidemia, limitar o derogar algunos derechos con el fin legítimo de proteger la salud pública, pero esta limitación no es una carta en blanco, que borra todos los derechos. La limitación de derechos, que es votada por el poder legislativo debe estar acorde con el objetivo de proteger la salud pública, debe ser necesaria, efectiva y basada en la evidencia, no puede ser ni generar arbitrariedades y discriminación.
Y es que la declaratoria de emergencia, desde marzo 2020 a la fecha, está siendo utilizada de forma tal que se extralimitan las autoridades, sobre todo policiales y militares, golpeando hasta la tortura, apresando y reteniendo en la cárcel, imponiendo multas ilegales, violando domicilios, todas otras violaciones de derechos, sin ninguna justificación basada en la evidencia como medida de protección de la salud pública. Pero lo que es peor, los apresamientos, abarrotar las cárceles constituyen acciones que aumentan los riesgos de contagio, que es lo que supuestamente se busca enfrentar.
Como dice la Federación Internacional de los Derechos humanos, la situación es tal, que la pandemia de Covid-19 ha sido una excusa para las autoridades “aumentar ilegalmente sus prerrogativas, retener el poder, controlar a su población y atacar los derechos fundamentales y las libertades individuales. La crisis ha afectado de manera desproporcionada a la población más vulnerable y ha agravado la falta de protección por parte del gobierno”, https://www.fidh.org/es/.
Hay que recalcar que hay derechos fundamentales que no admiten derogación, y su violación es mucho más pernicioso que el fin de protección que supuestamente se propone. El derecho a la vida, el derecho a la integridad y a no ser torturado ni encarcelado ni retenido sin causa justificada, son derechos que no puede derogar ninguna ley de emergencia. La violación sistemática de derechos fundamentales cometidos por la policía en República Dominicana socava el orden público, porque el respeto a los derechos humanos forma parte del orden público, de acuerdo a los Principios de Siracusa.
jueves, 21 de mayo de 2020
Desescalada mal preparados
Desescalada mal preparados
Por Gregorio Moya E.
La apertura gradual de la
actividad económica se realiza por parte de las autoridades mal preparadas,
toda vez que el gobierno no sabe a ciencia cierta la dinámica real del
comportamiento de la epidemia.
Lo de San Francisco de Macorís
fue una bomba que le explotó a las autoridades en la cara, y cuando vinieron a
actuar ya la circulación comunitaria fue casi incontrolable, gracias a la
actuación de la sociedad francomacorisana se contuvo la situación, que actuó
con presteza con acciones de reclamo a las autoridades y también con acciones
de solidaridad.
En la capital, en La Ciénega
explota una situación donde de 100 pruebas, 26 fueron positivas, pero luego,
otras pruebas resultaron negativas. Esta incoherencia el gobierno la maneja con
incapacidad y con manus militaris, para
tapar dicha incpacidad.
En Villa Juana, el reconocido
médico cardiólogo e internista Pedro Ureña de 314 pruebas realizadas el domingo
10 de mayo, el 40 % arrojó resultados positivos. En Villas Agrícolas la
situación es similar, así como en otros barrios.
Por otra parte, las denuncias de
desatención y abandono de pacientes en sus hogares es muy grande. Incluso
personas activas, educadas tienen que esperar una y dos semanas para recibir
los resultados de las pruebas, cuando las mismas pueden ser entregadas en 24
horas, pueden ser enviadas a los pacientes por whatsapp o por teléfono.
Las Unidades de atención primaria
están trabajando con más deficiencias que con las que trabajaban antes. La
salud colectiva, esa que es prevención de la salud es un desastre.
El gobierno admite que no tiene
pruebas suficientes. Aunque se han anunciado millones de mascarillas, todavía
vemos en las calles personas con trapos en la cara o mascarillas que no
protegen lo suficiente.
En los comercios y empresas no
vemos medios de rastreos de la pandemia como son termómetros, tampoco se están
realizando cuestionarios a los trabajadores que están siendo activados para
conocer su sintomatología.
El transporte no ha sido
preparado. Vimos las aglomeraciones del metro, el protocolo general y especial,
no hay que lo supervise y lo haga cumplir en el sector económico. Está a la
buena intención de los empresarios, los cuales con la destrucción de sus
inventarios y tejido económico están más preocupados por mantener sus empresas,
y los trabajadores por no poder su empleo.
En fin, estamos haciendo una
reapertura de la economía sin ninguna preparación por parte de las autoridades,
lo cual puede ser causa de un repunte de la epidemia con una curva ascendente,
que podría ser peor.
sábado, 23 de noviembre de 2019
El derecho a la salud bajo amenaza tras el golpe de Estado en Bolivia
Por Gregorio Moya E.
A comienzo de 2019 inició el Sistema Único de Salud
de Bolivia, que universaliza la protección de la salud por parte del sistema de
salud, por su carácter público y gratuito, constituyéndose en un sistema universal
de atención en salud que proyectaba dar cobertura a 6 millones de bolivianos
excluidos. Un gran paso para uno de los países más empobrecidos de América
Latina, y que con el Movimiento Al Socialismo ha comenzado a salir del marasmo.
Este fue un paso fundamental en la dirección de
reconocimiento de derechos, del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS)
encabezado por Evo Morales, un luchador social que el pueblo lo convirtió en presidente
para mejor suerte de los bolivianos.
El SUS que inició el 1 de marzo de este 2019,
financiado con recursos del presupuesto de la nación, como debe ser, según el director
de Sistemas de Salud de OPS, el Dr. James Fitzgerald, “el Sistema Único de
Salud que propone Bolivia se presenta como una oportunidad, por un lado, y un
reto, por otro lado. Bolivia está en un momento de oro para tomar decisiones
profundas que tendrán impacto en la salud de los bolivianos de aquí a 40 años”.
Y es que el fundamento de la universalidad de la
atención en Bolivia con el SUS se basa en el reconocimiento y cumplimiento del
acceso a servicios de salud para todos como derecho fundamental, y como tal, es
el Estado quien tiene que garantizarlo, independientemente de la condición
social, laboral o de cualquier índole de los ciudadanos. Esta universalidad no
es la promovida cobertura universal, que es diferenciada según los ingresos de
la población, si se tiene empleo o no.
Este paso fundamental de Bolivia y los gobiernos progresistas
del MAS están amenazados, como todas las conquistas democráticas, sociales y la
soberanía de la nación, por el artero golpe de estado que como todos los de
América Latina se basan en la mentira y son patrocinados por las embajadas de
Estados Unidos de América.
Los latinoamericanos debemos expresar nuestro rechazo al golpismo, al neoliberalismo y a la intromisión de los Estados Unidos de América en los asuntos de los pueblos y naciones soberanas. Combatir el golpismo de derecha, defender las conquistas sociales democráticas en Bolivia pasa por defender la continuidad democrática que ha sido alterada por un golpe de Estado basado en la mentira.
lunes, 31 de diciembre de 2018
Riesgos laborales en RD. El caso Polyplas-Propagas
Gregorio Moya E. Los especialistas Rolando Guzmán y Consuelo Cruz, en un trabajo para el Ministerio de Trabajo, refieren “la OIT indica que ‘el trabajo es más letal que las guerras’: casi 2.2 millones de personas mueren cada año en todo el mundo a causa de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, unos 270 millones sufren lesiones graves, aunque no mortales, y otros 160 millones se enferman por motivos relacionados con el trabajo.[1]”
Los expertos en el tema laboral citan una serie de leyes y reglamentos que constituyen las bases legales del sistema de protección contra riesgos laborales en el país. Estas leyes asignan responsabilidades a distintas entidades como el Ministerio de Trabajo, entre otras. En efecto, los citados autores señalan que mediante el Decreto 522-06, ordenó al Ministerio de Trabajo definir “una política nacional de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tomando en consideración la seguridad deltrabajador, las posibilidades económicas de las empresas y los factores educativos y culturales predominantes”.
Lo explosión ocurrida, caso Polyplas-Propagas, debió a dos causas, primero, porque las entidades gubernamentales y del Ayuntamiento del Distrito Nacional no cumplieron su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes en materia de riesgos laborales, seguridad industrial, medio ambiente, salud, comercio, trabajo, combustibles, ordenamiento territorial y uso de suelo. Segundo,el siniestro fue el resultado no de un accidente, sino de la negligencia de ambas empresas, que, actuando en la lógica del capitalismo salvaje, no hicieron las inversiones que establecen las leyes y que ellos conocen, sólo para reducir costos de producción, exponiendo al riesgo a los trabajadores y la comunidad.
Esta explosión que afectó 87 viviendas, tres escuelas, produjo más de cien de lesionados, y lo que es peor, 8 trabajadores muertos, al parecer, con el pago que están haciendo las aseguradoras se libran de cualquier otra obligación.
Las autoridades no se han manifestado en el sentido de hacer cumplir la reglamentación que proteja a los trabajadores de riesgos, tanto de las empresas Polyplas-Propagas, como de todo el sector industrial y comercial, que funciona sin protección a los trabajadores, y donde no se cumple el objetivo de prevención de accidentes de trabajo, que es la mayor protección de riesgos laborales.
Polyplas-Propagas es un ejemplo de que en República Dominicana el trabajo es tanto o más peligroso que la guerra, no por el trabajo per se, sino por las condiciones de inseguridad en que la gente tiene que ganarse la vida en nuestra patria.
Es necesario que los sectores organizados de los trabajadores, los sectores populares y la ciudadanía tomemos en nuestras manos la demanda de la seguridad en el trabajo como un derecho, y exigir el cumplimiento de las leyes de protección de los riesgos laborales. Y así haremos justicia.
_____
[1]Guzmán, R y Cruz, Consuelo.Estudio, salario y seguridad social En el tránsito de la crisis a la Recuperación. Observatorio del Mercado Laboral Dominicano. Documento formato electrónico. Octubre 2010.
domingo, 2 de septiembre de 2018
Sobre las relaciones diplomáticas China República Dominicana
Por Gregorio Moya E.
El gobierno dominicano ha
establecido relaciones diplomáticas con la República Popular China y ha anunciado
que ha roto las relaciones similares con Taiwán.
Ante esta situación, tanto la
legación diplomática del Taiwán como sectores del gobierno de los Estados
Unidos denuncian este cambio en la política internacional del país como
resultado de la corrupción, atacando la decisión por el flanco más débil del gobierno,
donde no sólo hay un movimiento social y político contra la corrupción, sino
que los escándalos se suscitan diariamente, y un escándalo es sustituido por
otro, llegando incluso a la violencia y el asesinato.
Sin dudas que en el establecimiento
de las relaciones diplomáticas ha mediado el factor económico, y este sin
dudas, sin hipocresía y falsas posturas debe y tiene que estar presente. Los
países no solo son para hablar, compartir cultura y posiciones frente a los problemas
del mundo. Están relacionadas con el comercio y la producción.
Es claro, que las relaciones diplomáticas
y comerciales con China Popular podrían ser más beneficiosas que las sostenidas
con Taiwán, pero tampoco es la solución a nuestros problemas como país. República
Dominicana ha mantenido relaciones con los más grandes y centros económicos del
mundo y no nos hemos desarrollado. Al contrario, esas relaciones han sido causantes
de nuestro atraso, porque hemos estado relacionados como neocolonias, como países
dependientes y subsidiarios, que aportan básicamente recursos naturales,
servicios o productos agrícolas.
Quienes objetan las relaciones
con China Popular lo que han mostrado ha sido, principalmente su anticomunismo,
porque no objetan las relaciones con las tiranías corruptas del mundo árabe y
otras regiones y países donde no hay democracia de ningún tipo, en la que se gobierna
de forma autocrática, por jeques, reyes y reyezuelos, parásitos en la mayoría
de los casos, dictadores que no hacen avanzar sus naciones y pueblos.
Lo fundamental es defender en
estas relaciones la soberanía de la República Dominicana, lo cual no lo hemos
hecho frente a Estados Unidos, porque tenemos una clase dominante que funciona
como furgón de cola de ese país. Somos una neocolonia de los Estados Unidos.
Tenemos el régimen político que ellos han determinado, la economía neoliberal
que han diseñado para nuestros países, que nos hacen más dependientes y
vulnerables. Las políticas públicas en materia social, de seguridad y lucha
contra el crimen y de medio ambiente las definen, monitorean y supervisan
organismos internacionales controlados por Estados Unidos. La política financiera,
económica la dirigen igualmente los organismos financieros controlados por el monstruo
que Martí conoció en sus entrañas.
Las nuevas relaciones con China
Popular nos plantean que las mismas deben basarse en el reconocimiento mutuo de
la soberanía de ambas naciones y pueblos, en la reciprocidad y equidad.
En cuanto a políticas concretas,
las relaciones deben orientarse a desarrollar nuestra capacidad productiva de bienes
y servicios. Por ello, frente a China Popular, debemos oponernos a unas
relaciones en la que el interés extractivista y explotación de recursos
naturales nos lleve a mantener descuidado nuestro aparato productivo y a preferir
la economía extractiva basada en la minería metálica que tanto daño han hecho
al medio ambiente, y que nos han empobrecido y han impedido el desarrollo del
país, porque no se han orientado en el desarrollo de nuestra potencial
productivo, y con ello, el desarrollo global que ello implica en el plano de la
educación, la cultura y la organización del país.
Las relaciones diplomáticas con
China Popular deben promover la amistad y el intercambio entre los dos pueblos.
Finalmente, es falso que el rompimiento
de las relaciones con Taiwán significa la terminación de todo tipo de
relaciones. Taiwán mantiene relaciones económicas con la mayoría de países con
los que no tiene relaciones diplomáticas. Esas relaciones estar normadas por
intereses, que no se rompen como los acuerdos y pactos políticos. De la misma
manera que los norteamericanos tienen relaciones con China Popular y Taiwán, de
esa misma manera estas relaciones deben mantenerse. Una cosa no quita la otra.
Otro aspecto, es que los
beneficios que pudiera dar las relaciones con China Popular se orienten al
desarrollo y al bienestar del pueblo dominicano, no como ha ocurrido con PETROCARIBE,
que no ha contribuido con mejorar las condiciones de vida de la población orientando
la inversión en el desarrollo productivo y el sector social.
Finalmente, un reclamo
fundamental es la transparencia en las relaciones diplomáticas y comerciales
con China Popular. Pero también con Estados Unidos, la Unión Europea y todas
las naciones con las que tenemos relaciones.
Proyecto Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad
Este proyecto, todavía provisional, fruto de una elaboración internacional de juristas y de líderes sociales, es presentado por el Foro Mundial de Alternativas a los Movimientos sociales y a las Organizaciones presentes en la «Cumbre de los Pueblos» de Río de Janeiro en junio de 2012, para recibir sus observaciones y propuestas antes de su presentación formal durante el Foro Social Mundial de 2013 en Túnez.
Preámbulo
Vivimos tiempos críticos para la permanencia de la vida de la naturaleza y de la humanidad. Se multiplican las agresiones al planeta, afectando todas las especies vivas, los ecosistemas, la biodiversidad, hasta el clima. La vida de los pueblos se destruye por la desposesión de sus territorios. La concentración monopolística del capital, la hegemonía del sector financiero, la deforestación, el monocultivo, la utilización masiva de agentes tóxicos, pero también las guerras, el imperialismo cultural, las políticas de austeridad y la destrucción de los logros sociales, son el pan cotidiano de la Humanidad.
Vivimos tiempos de una crisis multidimensional: financiera, económica, alimentaria, energética, climática, una crisis de sistema, de valores y de civilización, con lógicas de muerte. Tal momento histórico no permite respuestas parciales sino que exige la búsqueda de alternativas.
Vivimos tiempos marcados por la exigencia de coherencia. Las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), los Pactos de las Naciones Unidas de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados (1974), la Carta Mundial de la Naturaleza (1982), la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Carta de la Tierra (2000), la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), entre otras, exigen la articulación de una visión de conjunto y un sistema de decisiones integrado, ecológico, económico, político y cultural, al servicio de la vida.
Vivimos tiempos en los que los seres humanos se dan cuenta que constituyen la parte consciente de una naturaleza capaz de vivir sin ellos, y que la están destruyendo progresivamente, como resultado de la irracionalidad de sus acciones predatorias, orientadas por lógica de la ganancia y de la acumulación capitalista y alimentadas por la visión antropocéntrica de un progreso lineal infinito en un planeta inagotable. Pasar del antropocentrismo al biocentrismo es condición de supervivencia.
Vivimos tiempos donde se multiplican las acciones de movimientos sociales y políticos, luchando desde abajo por la justicia ecológica y por los derechos colectivos de los pueblos. La percepción de la vida de la Humanidad como un proyecto común, compartido y condicionado por la vida del planeta, se expresó en varios documentos como: la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976), la Declaración Universal de las Mujeres Indígenas del Mundo (Beiging, 1995), la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (Cochabamba, 2010). Eso requiere un esfuerzo que debe intensificarse y repartirse, respetando las especificidades.
Para restablecer los derechos de la naturaleza y construir una solidaridad interhumana al nivel planetario, tareas intrínsecamente vinculadas, se impone hoy en día una nueva iniciativa, paralela a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ella está destinada a redefinir, en una visión de conjunto (holística), los elementos fundamentales de la vida colectiva de la humanidad en el planeta, con el objetivo de proponer un nuevo paradigma y de servir de base a la convergencia de los movimientos sociales y políticos.
Se trata:
I. de pasar de la explotación de la naturaleza, como recurso natural, al respeto de la tierra como fuente de toda vida ;
II. de privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio en la actividad económica ;
III. de introducir el principio de la democracia generalizada en todas las relaciones humanas, incluidas las relaciones entre hombres y mujeres y en todas las instituciones sociales y
IV. de promover la interculturalidad para permitir a todas las culturas, los saberes, las filosofías y religiones esclarecer la lectura de la realidad; participar en la elaboración de la ética necesaria a su permanente construcción; y contribuir en las anticipaciones que permiten decir que “otro mundo es posible”.
Ese es el paradigma del «Bien Común de la Humanidad» o del «Buen Vivir», como posibilidad, capacidad y responsabilidad de producir y reproducir la existencia del planeta y la vida física, cultural y espiritual de todos los seres humanos en el mundo. De ahí, la propuesta de una Declaración Universal.
Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad
I. El respeto de la Naturaleza como fuente de la vida
Artículo 1 - Establecer la simbiosis entre la tierra y el género humano, parte consciente de la naturaleza
La naturaleza es el origen de las múltiples formas de la vida, incluyendo la Humanidad, que tiene la tierra como su hogar. El núcleo y la corteza terrestre, el aire, la luz solar, la atmosfera, el agua, los suelos ; los ríos, los océanos, los bosques, la flora, la fauna, la biodiversidad ; las semillas, el genoma de las especies vivas, son todos elementos constituyentes de su realidad. La naturaleza debe ser respetada en su belleza e integridad fundamental, en sus equilibrios y riqueza de ecosistemas productores y reproductores de la biodiversidad, y en su capacidad de regeneración. Es responsabilidad del género humano, en tanto que su parte consciente, respetar la justicia ecológica y los derechos de la naturaleza, que también forman la base de su propia existencia y del Bien Común de la Humanidad.
Son contrarias a la responsabilidad humana frente a la naturaleza, al Bien Común de la Humanidad y al Buen Vivir, y por eso susceptibles de sanciones, todas las prácticas que destruyen las capacidades de regeneración de la «madre tierra», tales como las explotaciones salvajes de las riquezas naturales, la utilización destructiva de productos químicos, la emisión masiva de gases con efecto invernadero, los monocultivos agotadores de los suelos y de las reservas acuáticas, la utilización irracional de las energías y la producción de armas nucleares, químicas, biológicas.
Artículo 2 - Restablecer la armonía entre todos los elementos de la naturaleza
Los pueblos de la tierra tienen el deber de vivir en armonía con todos los otros elementos de la naturaleza. No se iniciará ninguna acción de desarrollo con peligro de daño grave e irreversible para la vida de la naturaleza, que es también la base de la reproducción de la vida física, cultural y espiritual de la humanidad. La información y consulta previa de las comunidades o de los pueblos concernidos por los proyectos de extracción de minerales, obras públicas o toda forma de utilización de las riquezas naturales, será el principio a respetar.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad y, en consecuencia, serán sancionadas toda acción, institución y todo sistema medioambiental que implementen modelos de desarrollo contrarios a la integridad y a la reproducción del sistema ecológico.
Artículo 3 - Cuidar la tierra, base de toda vida física, cultural, espiritual
La naturaleza es una realidad única y finita, fuente de la vida de todas las especies que hoy la habitan y también de todos los entes vivos que puedan nacer en el futuro. La tierra puede ser administrada por los seres humanos, con las garantías necesarias de continuidad en la gestión, pero no puede ser apropiada, ni hecha mercancía, ni ser una fuente de especulación. No puede sufrir agresión sistemática e irreversible por ningún modo de producción. Las riquezas naturales (recursos minerales, petroleros, oceánicos, forestales) son patrimonios colectivos que no pueden ser apropiados por individuos ni corporaciones ni grupos financieros. Los elementos de la tierra (suelos, aire, agua, mare, ríos, selvas, bosques, flora, fauna, espacios, genoma, etc.) deben ser administrados, extraídos y tratados respetando la reproducción de los ecosistemas, la biodiversidad, la vida de las especies, el equilibrio del metabolismo entre la naturaleza y los seres humanos, el bien vivir de los pueblos actuales y de las próximas generaciones.
Son contrarias al respeto constructivo de la naturaleza, al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan excluidos y susceptibles de sanciones, la contaminación del agua, de los suelos, de los mares, las patentes sobre la naturaleza, la privatización de la tierra, la mercantilización de las riquezas naturales y de los elementos naturales necesarios a la reproducción de la vida de las especias vivas, en particular, el agua, el oxígeno y las semillas.
Artículo 4 - Regenerar la tierra
La tierra debe ser restaurada urgentemente en su capacidad de regeneración. Todos los pueblos y grupos humanos están obligados a contribuir a este fin. Inventarios y auditorías respeto a los impactos ambientales se imponen, tanto como evaluaciones y reparaciones de los perjuicios causados. Todos los pueblos e individuos, y particularmente las industrias, corporaciones y gobiernos, tienen el deber de reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en la producción, la circulación y el consumo de los bienes.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad, y por eso susceptibles de sanciones, la disminución artificial de la esperanza de vida de los productos, el despilfarro de energía y de otras materias primas, los depósitos irresponsables de desechos peligrosos y las omisiones o aplazamientos de la restauración ecológica.
II. La producción económica al servicio de la vida y de su continuidad
Artículo 5 - Utilizar formas sociales de producción y circulación económicas, sin acumulación privada
Es necesario para el Bien Común de la Humanidad y el Buen Vivir que las personas, las instituciones y los sistemas económicos den prioridad a formas sociales de propiedad de los principales medios de producción y de circulación económica: comunitaria, familiar, comunal, cooperativa, ciudadana, pública, evitando así los procesos de acumulación individual o corporativa que provocan de manera injusta, las desigualdades sociales. El control de la producción y de la circulación de los bienes y servicios por los trabajadores y los consumidores será organizado según las múltiples formas sociales adecuadas, desde la cooperativa hasta la participación ciudadana y la nacionalización.
Es contraria al Bien Común de la Humanidad, y por eso queda prohibida, la apropiación por individuos o corporaciones de medios de producción y de circulación con el propósito de acumulación capitalista privada.
Artículo 6 - Dar la prioridad al valor de uso sobre el valor de cambio
El sistema económico de producción y de circulación está destinado a satisfacer las necesidades y capacidades de todos los pueblos y de todos los individuos del planeta. El acceso a los valores de uso es un derecho fundamental exigido por la producción y la reproducción de la vida. El valor de cambio, producto de la comercialización, debe ser sometido al valor de uso y no servir a la acumulación del capital privado, ni a la formación de burbujas financieras fruto de la especulación y fuente de profundas desigualdades sociales.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidas, todas las acciones individuales o corporativas de circulación económica que mercantilicen los valores de uso como meros valores de cambio, los instrumentalicen con la publicidad para un consumo irracional y animen la especulación para la acumulación privada del capital. Son también contrarios al Bien Común de la Humanidad: los paraísos fiscales, el secreto bancario y la especulación sobre los productos alimentarios, las riquezas naturales y las fuentes de energía. Se declaran ilegales las “deudas odiosas” públicas y privadas, y también la pobreza, por ser el resultado de una relación social injusta.
Artículo 7 - Promover un trabajo no explotado y digno
Los procesos de producción y circulación deben asegurar a los trabajadores un trabajo digno, participativo, adaptado a una vida familiar y cultural, favoreciendo sus capacidades y asegurando una existencia material adecuada.
Las prácticas contrarias se oponen al Bien Común de la Humanidad y al Buen Vivir. Por eso quedan prohibidas todas las formas modernas de esclavitud, de servidumbre y de explotación del trabajo, en particular de los niños, con el propósito de provecho individual o de acumulación privada de la plusvalía, así como todas las limitaciones a la libertad de organización de los trabajadores.
Artículo 8 - Reconstruir los territorios
Frente a la “globalización”, que ha favorecido una economía unipolar, la concentración de los poderes de decisión, la hegemonía del capital financiero y la circulación irracional de los bienes y servicios, es indispensable reconstruir los territorios como base de la soberanía alimentaria, energética y de los principales intercambios; regionalizar las economías sobre la base de la complementariedad y de la solidaridad y, para las regiones de la periferia, “desconectarse” del centro económico hegemónico, para establecer una autonomía comercial, financiera y productiva.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad y por eso quedan prohibidos, la constitución de monopolios y oligopolios, cualesquiera que sean sus campos de actividad productiva, de circulación o financiera.
Articulo 9 - Asegurar el acceso a los bienes comunes y a una protección social universal
Existen bienes comunes indispensables para la vida de los individuos y de los pueblos que constituyen derechos imprescriptibles. Se trata de la alimentación, del hábitat, de la salud, de la educación y de las comunicaciones materiales e inmateriales. Varias formas de control ciudadano o de propiedad social existen para la organización eficaz del acceso a estos bienes y servicios. La “Protección universal” es un derecho de todos los pueblos e individuos, y un deber de las autoridades publicas, que debe ser asegurado por una política fiscal adecuada.
Es contraria al Bien Común de la Humanidad y por eso queda prohibida, la privatización de los servicios públicos con el propósito de contribuir a la acumulación del capital. Es susceptible de sanción la especulación sobre la alimentación, el hábitat, la salud, la educación, las comunicaciones; así como toda corrupción en el ejercicio de los respectivos derechos.
III. La organización colectiva democrática como base de la participación
Artículo 10 - Generalizar la democracia como construcción del sujeto
Todos los pueblos y los seres humanos son sujetos de su historia y tienen el derecho a una organización colectiva social y política que lo garantice. Esta organización tiene que asegurar la armonía con la naturaleza y el acceso de todos a las bases materiales de la vida, con sistemas de producción y de circulación construidos sobre la justicia social. Para realizar estos objetivos, la organización colectiva debe permitir la participación de todos en la producción y la reproducción de la vida del planeta y de los seres humanos, es decir, el Bien Común de la Humanidad. El principio organizador de esta meta es la generalización de la democracia en todas las relaciones sociales de familia, de género, de trabajo, de autoridad política, entre pueblos y naciones y adentro de todas las instituciones sociales, políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas. Junto a las forma políticas de democracia participativa se fomentara la participación en todos los sectores de la vida común, económica, social cultural.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad, y al Buen Vivir, todas las formas no democráticas de organización de la vida política, económica, social y cultural de la sociedad. Se condenan los genocidios como actos irreparables de discriminación. Son susceptibles de sanciones todas las discriminaciones de género, raza, nación, cultura, preferencia sexual, capacidad física o mental, religión y pertenencia ideológica.
Artículo 11 - Establecer relaciones de igualdad entre hombres y mujeres
Una importancia particular será concedida a las relaciones entre hombres y mujeres, desiguales desde tiempo inmemorial y en los varios tipos de sociedades que se sucedieron en la historia humana. Todas las instituciones y todos los sistemas sociales y culturales deben reconocer, respetar, cuidar y promover el derecho a una vida en plenitud de las mujeres, en igual a los hombres.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad las prácticas sociales y económicas, las instituciones y los sistemas culturales o religiosos, que defienden o aplican la discriminación de la mujer. Son susceptibles de sanciones todas las formas de dominación masculina, y, en particular, las diferencias de ingreso económico salarial y el no reconocimiento del trabajo doméstico intra-familiar vinculado a la reproducción de la vida.
Artículo 12 - Prohibir la guerra
Las relaciones internacionales democráticas no permiten el uso de la guerra para resolver conflictos. Hoy en día la paz no se garantiza por la carrera armamentística. La disposición de armas nucleares, biológicas y químicas pone en peligro directo la vida de la Humanidad. Los armamentos se transformaron en un negocio. Su fabricación provoca un despilfarro enorme de energía, de riquezas naturales y de talentos humanos; y su utilización entraña, además de las pérdidas de vidas, graves destrucciones ambientales.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidos: la fabricación, la tenencia y el uso de las armas de destrucción masiva, la acumulación de las armas convencionales por asegurar hegemonías regionales y controlar los recursos naturales; los pactos regionales hegemónicos, la solución militar para resolver problemas políticos internos.
Artículo 13 - Construir un Estado sobre el Bien Común
Es papel del Estado, como administrador colectivo, asegurar el Bien común, es decir, el interés general frente a los intereses individuales o particulares. Por eso se necesita la participación democrática para definir el Bien Común (las Constituciones) y para sus aplicaciones. Todos los pueblos de la tierra, en la pluralidad de cada uno de sus miembros, organizaciones y movimientos sociales, tienen derecho a sistemas políticos de participación directa o delegada con mandato revocable. Los gobiernos regionales y las organizaciones internacionales deben construirse sobre el principio democrático, en particular las Naciones Unidas. Lo mismo vale para todas las instituciones que representan sectores de actividad o intereses específicos, como empresas industriales, haciendas, organismos financieros o comerciales, partidos políticos, instituciones religiosas o sindicatos, las ONG, grupos deportivos o culturales e instituciones humanitarias.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidas, todas formas dictatoriales o autoritarias del ejercicio del poder político o económico, donde minorías no representativas, formales o informales, monopolizan las decisiones sin participación, iniciativa ni control popular. Quedan prohibidas, también, las subvenciones públicas a organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, instituciones culturales o religiosas que no respecten los principios democráticos o practiquen discriminaciones de género o de raza.
Artículo 16 - Promover la interculturalidad
El Bien Común de la Humanidad supone la participación de todas las culturas, los saberes, las artes, las filosofías, las religiones y los folklores en la lectura de la realidad, la elaboración de la ética necesaria para su construción, la producción de sus expresiones simbólicas, lingüísticas y estéticas, así como en la formulación de las utopías. No se puede agredir la riqueza cultural del género humano, creada como un patrimonio a lo largo de la historia. La interculturalidad supone la contribución cruzada de todas las culturas, en su diversidad, a las varias dimensiones del Bien Común de la Humanidad: respeto de la naturaleza como fuente de vida, prioridad al valor de uso sobre del valor de cambio dentro de un proceso de justicia, democratización generalizada y diversidad e intercambio cultural.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad y al Buen Vivir, y por eso quedan prohibidos los etnocidios culturales, las prácticas, instituciones y sistemas económicos, políticos y culturales que ocultan, discriminan o mercantilizan los logros culturales de los pueblos, así como los que imponen una homogeneización mono-cultural, identificando desarrollo humano con cultura occidental. También quedan prohibidos las prácticas, instituciones y sistemas político-culturales que exigen el retorno a un pasado ilusorio, promoviendo a menudo la violencia o la discriminación hacia otros pueblos.
Artículo 14 - Respetar los derechos de los pueblos originarios
Los pueblos originarios tienen el derecho a ser reconocidos en sus diferencias. Necesitan las bases materiales e institucionales para la reproducción de sus costumbres, lenguas, cosmovisiones, instituciones comunales: un territorio de referencia protegido, una educación bilingüe, la posibilidad de ejercer un sistema judicial propio, una representación pública, etc. De ellos provienen aportes importantes en el mundo contemporáneo: la protección de la madre-tierra, la resistencia al modo extractivo-exportador de producción y de acumulación, y una visión holística de la realidad natural y social.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidos, las acciones, las instituciones y los sistemas económicos, políticos y culturales que destruyen, segregan, discriminan u obstaculizan la vida física, cultural y espiritual de los pueblos originarios.
Artículo 15 - Aceptar el derecho a la resistencia
Todos los pueblos y grupos sociales tienen el derecho a desarrollar un pensamiento crítico, a ejercer resistencias pacíficas contra acciones destructivas de la naturaleza, de la vida humana, de las libertades colectivas o individuales y de las culturas, y, si necesario, a la insurrección.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad las censuras del pensamiento, la criminalización de las resistencias y la represión violenta de los movimientos de liberación. Por consiguiente, esas prácticas quedan prohibidas.
IV. La interculturalidad como dinámica del pensamiento y de la ética social
Artículo 17 - Reconocer el derecho a la información y la circulación de los saberes
Todos los pueblos e individuos tienen el derecho a la información, para intercambiar saberes, conocimientos e informaciones útiles a la construcción del Bien Común de la Humanidad.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidos, los monopolios de los medios de comunicación por grupos de poder financiero o industrial, la mercantilización de los públicos por las agencias de publicidad, el control exclusivo y no participativo de los Estados sobre el contenido de la información y las patentes de los saberes científicos, que impiden la circulación de los conocimientos útiles para el buen vivir de los pueblos.
V. Obligaciones y sanciones por el incumplimiento de la declaración
Artículo 18 - La aplicación del paradigma del Bien Común de la Humanidad
Todos los pueblos de la tierra tienen el derecho a que cualquier incumplimiento o violación de los derechos contenidos en esta declaración, que constituye un conjunto destinado a construir de manera permanente el bien común de la Humanidad, o la no ejecución de los dispositivos previstos en ella, deba ser conocido, enjuiciado, sancionado y reparado, de acuerdo con las dimensiones o efectos del daño ocasionado, y, cuando existen, según las disposiciones de las legislaciones nacionales y del derecho internacional. Medidas de transición a corto o mediano plazo (reformas y regulaciones) permiten trasformar las relaciones con la naturaleza, establecer la prioridad el valor de uso, generalizar la democracía y crear la multiculturalidad. Sin embrago, no podrán significar una simple adaptación del modo de acumulación contemporáneo a las nuevas demandas ecológicas y sociales.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad y al Buen Vivir y por consecuencia nulas, todas las leyes de impunidad, punto final, amnistía o cualquier otra componenda que deje sin justicia a las víctimas: la naturaleza y su parte consciente, el género humano. www.ecoportal.net
François Houtart / FMA
Preámbulo
Vivimos tiempos de una crisis multidimensional: financiera, económica, alimentaria, energética, climática, una crisis de sistema, de valores y de civilización, con lógicas de muerte. Tal momento histórico no permite respuestas parciales sino que exige la búsqueda de alternativas.
Vivimos tiempos marcados por la exigencia de coherencia. Las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), los Pactos de las Naciones Unidas de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados (1974), la Carta Mundial de la Naturaleza (1982), la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Carta de la Tierra (2000), la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), entre otras, exigen la articulación de una visión de conjunto y un sistema de decisiones integrado, ecológico, económico, político y cultural, al servicio de la vida.
Vivimos tiempos en los que los seres humanos se dan cuenta que constituyen la parte consciente de una naturaleza capaz de vivir sin ellos, y que la están destruyendo progresivamente, como resultado de la irracionalidad de sus acciones predatorias, orientadas por lógica de la ganancia y de la acumulación capitalista y alimentadas por la visión antropocéntrica de un progreso lineal infinito en un planeta inagotable. Pasar del antropocentrismo al biocentrismo es condición de supervivencia.
Vivimos tiempos donde se multiplican las acciones de movimientos sociales y políticos, luchando desde abajo por la justicia ecológica y por los derechos colectivos de los pueblos. La percepción de la vida de la Humanidad como un proyecto común, compartido y condicionado por la vida del planeta, se expresó en varios documentos como: la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976), la Declaración Universal de las Mujeres Indígenas del Mundo (Beiging, 1995), la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (Cochabamba, 2010). Eso requiere un esfuerzo que debe intensificarse y repartirse, respetando las especificidades.
Para restablecer los derechos de la naturaleza y construir una solidaridad interhumana al nivel planetario, tareas intrínsecamente vinculadas, se impone hoy en día una nueva iniciativa, paralela a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ella está destinada a redefinir, en una visión de conjunto (holística), los elementos fundamentales de la vida colectiva de la humanidad en el planeta, con el objetivo de proponer un nuevo paradigma y de servir de base a la convergencia de los movimientos sociales y políticos.
Se trata:
I. de pasar de la explotación de la naturaleza, como recurso natural, al respeto de la tierra como fuente de toda vida ;
II. de privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio en la actividad económica ;
III. de introducir el principio de la democracia generalizada en todas las relaciones humanas, incluidas las relaciones entre hombres y mujeres y en todas las instituciones sociales y
IV. de promover la interculturalidad para permitir a todas las culturas, los saberes, las filosofías y religiones esclarecer la lectura de la realidad; participar en la elaboración de la ética necesaria a su permanente construcción; y contribuir en las anticipaciones que permiten decir que “otro mundo es posible”.
Ese es el paradigma del «Bien Común de la Humanidad» o del «Buen Vivir», como posibilidad, capacidad y responsabilidad de producir y reproducir la existencia del planeta y la vida física, cultural y espiritual de todos los seres humanos en el mundo. De ahí, la propuesta de una Declaración Universal.
Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad
I. El respeto de la Naturaleza como fuente de la vida
Artículo 1 - Establecer la simbiosis entre la tierra y el género humano, parte consciente de la naturaleza
La naturaleza es el origen de las múltiples formas de la vida, incluyendo la Humanidad, que tiene la tierra como su hogar. El núcleo y la corteza terrestre, el aire, la luz solar, la atmosfera, el agua, los suelos ; los ríos, los océanos, los bosques, la flora, la fauna, la biodiversidad ; las semillas, el genoma de las especies vivas, son todos elementos constituyentes de su realidad. La naturaleza debe ser respetada en su belleza e integridad fundamental, en sus equilibrios y riqueza de ecosistemas productores y reproductores de la biodiversidad, y en su capacidad de regeneración. Es responsabilidad del género humano, en tanto que su parte consciente, respetar la justicia ecológica y los derechos de la naturaleza, que también forman la base de su propia existencia y del Bien Común de la Humanidad.
Son contrarias a la responsabilidad humana frente a la naturaleza, al Bien Común de la Humanidad y al Buen Vivir, y por eso susceptibles de sanciones, todas las prácticas que destruyen las capacidades de regeneración de la «madre tierra», tales como las explotaciones salvajes de las riquezas naturales, la utilización destructiva de productos químicos, la emisión masiva de gases con efecto invernadero, los monocultivos agotadores de los suelos y de las reservas acuáticas, la utilización irracional de las energías y la producción de armas nucleares, químicas, biológicas.
Artículo 2 - Restablecer la armonía entre todos los elementos de la naturaleza
Los pueblos de la tierra tienen el deber de vivir en armonía con todos los otros elementos de la naturaleza. No se iniciará ninguna acción de desarrollo con peligro de daño grave e irreversible para la vida de la naturaleza, que es también la base de la reproducción de la vida física, cultural y espiritual de la humanidad. La información y consulta previa de las comunidades o de los pueblos concernidos por los proyectos de extracción de minerales, obras públicas o toda forma de utilización de las riquezas naturales, será el principio a respetar.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad y, en consecuencia, serán sancionadas toda acción, institución y todo sistema medioambiental que implementen modelos de desarrollo contrarios a la integridad y a la reproducción del sistema ecológico.
Artículo 3 - Cuidar la tierra, base de toda vida física, cultural, espiritual
La naturaleza es una realidad única y finita, fuente de la vida de todas las especies que hoy la habitan y también de todos los entes vivos que puedan nacer en el futuro. La tierra puede ser administrada por los seres humanos, con las garantías necesarias de continuidad en la gestión, pero no puede ser apropiada, ni hecha mercancía, ni ser una fuente de especulación. No puede sufrir agresión sistemática e irreversible por ningún modo de producción. Las riquezas naturales (recursos minerales, petroleros, oceánicos, forestales) son patrimonios colectivos que no pueden ser apropiados por individuos ni corporaciones ni grupos financieros. Los elementos de la tierra (suelos, aire, agua, mare, ríos, selvas, bosques, flora, fauna, espacios, genoma, etc.) deben ser administrados, extraídos y tratados respetando la reproducción de los ecosistemas, la biodiversidad, la vida de las especies, el equilibrio del metabolismo entre la naturaleza y los seres humanos, el bien vivir de los pueblos actuales y de las próximas generaciones.
Son contrarias al respeto constructivo de la naturaleza, al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan excluidos y susceptibles de sanciones, la contaminación del agua, de los suelos, de los mares, las patentes sobre la naturaleza, la privatización de la tierra, la mercantilización de las riquezas naturales y de los elementos naturales necesarios a la reproducción de la vida de las especias vivas, en particular, el agua, el oxígeno y las semillas.
Artículo 4 - Regenerar la tierra
La tierra debe ser restaurada urgentemente en su capacidad de regeneración. Todos los pueblos y grupos humanos están obligados a contribuir a este fin. Inventarios y auditorías respeto a los impactos ambientales se imponen, tanto como evaluaciones y reparaciones de los perjuicios causados. Todos los pueblos e individuos, y particularmente las industrias, corporaciones y gobiernos, tienen el deber de reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en la producción, la circulación y el consumo de los bienes.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad, y por eso susceptibles de sanciones, la disminución artificial de la esperanza de vida de los productos, el despilfarro de energía y de otras materias primas, los depósitos irresponsables de desechos peligrosos y las omisiones o aplazamientos de la restauración ecológica.
II. La producción económica al servicio de la vida y de su continuidad
Artículo 5 - Utilizar formas sociales de producción y circulación económicas, sin acumulación privada
Es necesario para el Bien Común de la Humanidad y el Buen Vivir que las personas, las instituciones y los sistemas económicos den prioridad a formas sociales de propiedad de los principales medios de producción y de circulación económica: comunitaria, familiar, comunal, cooperativa, ciudadana, pública, evitando así los procesos de acumulación individual o corporativa que provocan de manera injusta, las desigualdades sociales. El control de la producción y de la circulación de los bienes y servicios por los trabajadores y los consumidores será organizado según las múltiples formas sociales adecuadas, desde la cooperativa hasta la participación ciudadana y la nacionalización.
Es contraria al Bien Común de la Humanidad, y por eso queda prohibida, la apropiación por individuos o corporaciones de medios de producción y de circulación con el propósito de acumulación capitalista privada.
Artículo 6 - Dar la prioridad al valor de uso sobre el valor de cambio
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidas, todas las acciones individuales o corporativas de circulación económica que mercantilicen los valores de uso como meros valores de cambio, los instrumentalicen con la publicidad para un consumo irracional y animen la especulación para la acumulación privada del capital. Son también contrarios al Bien Común de la Humanidad: los paraísos fiscales, el secreto bancario y la especulación sobre los productos alimentarios, las riquezas naturales y las fuentes de energía. Se declaran ilegales las “deudas odiosas” públicas y privadas, y también la pobreza, por ser el resultado de una relación social injusta.
Artículo 7 - Promover un trabajo no explotado y digno
Los procesos de producción y circulación deben asegurar a los trabajadores un trabajo digno, participativo, adaptado a una vida familiar y cultural, favoreciendo sus capacidades y asegurando una existencia material adecuada.
Las prácticas contrarias se oponen al Bien Común de la Humanidad y al Buen Vivir. Por eso quedan prohibidas todas las formas modernas de esclavitud, de servidumbre y de explotación del trabajo, en particular de los niños, con el propósito de provecho individual o de acumulación privada de la plusvalía, así como todas las limitaciones a la libertad de organización de los trabajadores.
Artículo 8 - Reconstruir los territorios
Frente a la “globalización”, que ha favorecido una economía unipolar, la concentración de los poderes de decisión, la hegemonía del capital financiero y la circulación irracional de los bienes y servicios, es indispensable reconstruir los territorios como base de la soberanía alimentaria, energética y de los principales intercambios; regionalizar las economías sobre la base de la complementariedad y de la solidaridad y, para las regiones de la periferia, “desconectarse” del centro económico hegemónico, para establecer una autonomía comercial, financiera y productiva.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad y por eso quedan prohibidos, la constitución de monopolios y oligopolios, cualesquiera que sean sus campos de actividad productiva, de circulación o financiera.
Articulo 9 - Asegurar el acceso a los bienes comunes y a una protección social universal
Existen bienes comunes indispensables para la vida de los individuos y de los pueblos que constituyen derechos imprescriptibles. Se trata de la alimentación, del hábitat, de la salud, de la educación y de las comunicaciones materiales e inmateriales. Varias formas de control ciudadano o de propiedad social existen para la organización eficaz del acceso a estos bienes y servicios. La “Protección universal” es un derecho de todos los pueblos e individuos, y un deber de las autoridades publicas, que debe ser asegurado por una política fiscal adecuada.
Es contraria al Bien Común de la Humanidad y por eso queda prohibida, la privatización de los servicios públicos con el propósito de contribuir a la acumulación del capital. Es susceptible de sanción la especulación sobre la alimentación, el hábitat, la salud, la educación, las comunicaciones; así como toda corrupción en el ejercicio de los respectivos derechos.
III. La organización colectiva democrática como base de la participación
Artículo 10 - Generalizar la democracia como construcción del sujeto
Todos los pueblos y los seres humanos son sujetos de su historia y tienen el derecho a una organización colectiva social y política que lo garantice. Esta organización tiene que asegurar la armonía con la naturaleza y el acceso de todos a las bases materiales de la vida, con sistemas de producción y de circulación construidos sobre la justicia social. Para realizar estos objetivos, la organización colectiva debe permitir la participación de todos en la producción y la reproducción de la vida del planeta y de los seres humanos, es decir, el Bien Común de la Humanidad. El principio organizador de esta meta es la generalización de la democracia en todas las relaciones sociales de familia, de género, de trabajo, de autoridad política, entre pueblos y naciones y adentro de todas las instituciones sociales, políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas. Junto a las forma políticas de democracia participativa se fomentara la participación en todos los sectores de la vida común, económica, social cultural.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad, y al Buen Vivir, todas las formas no democráticas de organización de la vida política, económica, social y cultural de la sociedad. Se condenan los genocidios como actos irreparables de discriminación. Son susceptibles de sanciones todas las discriminaciones de género, raza, nación, cultura, preferencia sexual, capacidad física o mental, religión y pertenencia ideológica.
Artículo 11 - Establecer relaciones de igualdad entre hombres y mujeres
Una importancia particular será concedida a las relaciones entre hombres y mujeres, desiguales desde tiempo inmemorial y en los varios tipos de sociedades que se sucedieron en la historia humana. Todas las instituciones y todos los sistemas sociales y culturales deben reconocer, respetar, cuidar y promover el derecho a una vida en plenitud de las mujeres, en igual a los hombres.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad las prácticas sociales y económicas, las instituciones y los sistemas culturales o religiosos, que defienden o aplican la discriminación de la mujer. Son susceptibles de sanciones todas las formas de dominación masculina, y, en particular, las diferencias de ingreso económico salarial y el no reconocimiento del trabajo doméstico intra-familiar vinculado a la reproducción de la vida.
Artículo 12 - Prohibir la guerra
Las relaciones internacionales democráticas no permiten el uso de la guerra para resolver conflictos. Hoy en día la paz no se garantiza por la carrera armamentística. La disposición de armas nucleares, biológicas y químicas pone en peligro directo la vida de la Humanidad. Los armamentos se transformaron en un negocio. Su fabricación provoca un despilfarro enorme de energía, de riquezas naturales y de talentos humanos; y su utilización entraña, además de las pérdidas de vidas, graves destrucciones ambientales.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidos: la fabricación, la tenencia y el uso de las armas de destrucción masiva, la acumulación de las armas convencionales por asegurar hegemonías regionales y controlar los recursos naturales; los pactos regionales hegemónicos, la solución militar para resolver problemas políticos internos.
Artículo 13 - Construir un Estado sobre el Bien Común
Es papel del Estado, como administrador colectivo, asegurar el Bien común, es decir, el interés general frente a los intereses individuales o particulares. Por eso se necesita la participación democrática para definir el Bien Común (las Constituciones) y para sus aplicaciones. Todos los pueblos de la tierra, en la pluralidad de cada uno de sus miembros, organizaciones y movimientos sociales, tienen derecho a sistemas políticos de participación directa o delegada con mandato revocable. Los gobiernos regionales y las organizaciones internacionales deben construirse sobre el principio democrático, en particular las Naciones Unidas. Lo mismo vale para todas las instituciones que representan sectores de actividad o intereses específicos, como empresas industriales, haciendas, organismos financieros o comerciales, partidos políticos, instituciones religiosas o sindicatos, las ONG, grupos deportivos o culturales e instituciones humanitarias.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidas, todas formas dictatoriales o autoritarias del ejercicio del poder político o económico, donde minorías no representativas, formales o informales, monopolizan las decisiones sin participación, iniciativa ni control popular. Quedan prohibidas, también, las subvenciones públicas a organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, instituciones culturales o religiosas que no respecten los principios democráticos o practiquen discriminaciones de género o de raza.
Artículo 16 - Promover la interculturalidad
El Bien Común de la Humanidad supone la participación de todas las culturas, los saberes, las artes, las filosofías, las religiones y los folklores en la lectura de la realidad, la elaboración de la ética necesaria para su construción, la producción de sus expresiones simbólicas, lingüísticas y estéticas, así como en la formulación de las utopías. No se puede agredir la riqueza cultural del género humano, creada como un patrimonio a lo largo de la historia. La interculturalidad supone la contribución cruzada de todas las culturas, en su diversidad, a las varias dimensiones del Bien Común de la Humanidad: respeto de la naturaleza como fuente de vida, prioridad al valor de uso sobre del valor de cambio dentro de un proceso de justicia, democratización generalizada y diversidad e intercambio cultural.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad y al Buen Vivir, y por eso quedan prohibidos los etnocidios culturales, las prácticas, instituciones y sistemas económicos, políticos y culturales que ocultan, discriminan o mercantilizan los logros culturales de los pueblos, así como los que imponen una homogeneización mono-cultural, identificando desarrollo humano con cultura occidental. También quedan prohibidos las prácticas, instituciones y sistemas político-culturales que exigen el retorno a un pasado ilusorio, promoviendo a menudo la violencia o la discriminación hacia otros pueblos.
Artículo 14 - Respetar los derechos de los pueblos originarios
Los pueblos originarios tienen el derecho a ser reconocidos en sus diferencias. Necesitan las bases materiales e institucionales para la reproducción de sus costumbres, lenguas, cosmovisiones, instituciones comunales: un territorio de referencia protegido, una educación bilingüe, la posibilidad de ejercer un sistema judicial propio, una representación pública, etc. De ellos provienen aportes importantes en el mundo contemporáneo: la protección de la madre-tierra, la resistencia al modo extractivo-exportador de producción y de acumulación, y una visión holística de la realidad natural y social.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidos, las acciones, las instituciones y los sistemas económicos, políticos y culturales que destruyen, segregan, discriminan u obstaculizan la vida física, cultural y espiritual de los pueblos originarios.
Artículo 15 - Aceptar el derecho a la resistencia
Todos los pueblos y grupos sociales tienen el derecho a desarrollar un pensamiento crítico, a ejercer resistencias pacíficas contra acciones destructivas de la naturaleza, de la vida humana, de las libertades colectivas o individuales y de las culturas, y, si necesario, a la insurrección.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad las censuras del pensamiento, la criminalización de las resistencias y la represión violenta de los movimientos de liberación. Por consiguiente, esas prácticas quedan prohibidas.
IV. La interculturalidad como dinámica del pensamiento y de la ética social
Artículo 17 - Reconocer el derecho a la información y la circulación de los saberes
Todos los pueblos e individuos tienen el derecho a la información, para intercambiar saberes, conocimientos e informaciones útiles a la construcción del Bien Común de la Humanidad.
Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y por eso quedan prohibidos, los monopolios de los medios de comunicación por grupos de poder financiero o industrial, la mercantilización de los públicos por las agencias de publicidad, el control exclusivo y no participativo de los Estados sobre el contenido de la información y las patentes de los saberes científicos, que impiden la circulación de los conocimientos útiles para el buen vivir de los pueblos.
V. Obligaciones y sanciones por el incumplimiento de la declaración
Artículo 18 - La aplicación del paradigma del Bien Común de la Humanidad
Todos los pueblos de la tierra tienen el derecho a que cualquier incumplimiento o violación de los derechos contenidos en esta declaración, que constituye un conjunto destinado a construir de manera permanente el bien común de la Humanidad, o la no ejecución de los dispositivos previstos en ella, deba ser conocido, enjuiciado, sancionado y reparado, de acuerdo con las dimensiones o efectos del daño ocasionado, y, cuando existen, según las disposiciones de las legislaciones nacionales y del derecho internacional. Medidas de transición a corto o mediano plazo (reformas y regulaciones) permiten trasformar las relaciones con la naturaleza, establecer la prioridad el valor de uso, generalizar la democracía y crear la multiculturalidad. Sin embrago, no podrán significar una simple adaptación del modo de acumulación contemporáneo a las nuevas demandas ecológicas y sociales.
Son contrarias al Bien Común de la Humanidad y al Buen Vivir y por consecuencia nulas, todas las leyes de impunidad, punto final, amnistía o cualquier otra componenda que deje sin justicia a las víctimas: la naturaleza y su parte consciente, el género humano. www.ecoportal.net
François Houtart / FMA
miércoles, 9 de agosto de 2017
JAIME BREILH: “No hay enfermedades de la pobreza. Hay enfermedades de la riqueza con desigualdad” Por Renata Padín*
Tomado de Página 12
Agosto 9 de 2017
“No hay enfermedades de la pobreza. Hay enfermedades de la riqueza con desigualdad. Es necesario cambiar el punto de vista, porque si no aparecen los pobres como responsables de las enfermedades. Lo que el modelo de salud pública dominante llama ‘enfermedades de la pobreza’ debería llamarse ‘enfermedades generadas por un sistema social que necesita de la desigualdad’.”
El doctor Jaime Breilh es un teórico reconocido como uno de los mayores impulsores, desde la década de los 70, de una nueva visión de la epidemiología crítica –rama fundamental de la nueva salud pública– y promotor de la aplicación sistemática de la categoría “determinación social de la salud”. Sus obras circulan en tres idiomas y varias de ellas están reconocidas como clásicos de la literatura científica en salud de América Latina. Establece cuestionamientos esenciales al modelo de investigación convencional (positivista) ligado al funcionalismo y abre caminos innovadores para la metodología científica. Estudiosos de la salud pública y epistemólogos lo han catalogado como uno de los cuatro teóricos sobresalientes de América Latina en el campo de la Epidemiología junto a Asa Cristina Laurell, Naomar Almeida y Cecilia Donnangelo. La Organización Panamericana de la Salud ha incorporado su obra Epidemiología Crítica a su programa de textos.
–Usted habla de epidemiología crítica, de medicina social y de salud colectiva. ¿Podemos desarrollar un poco estos conceptos?
–Son nombres distintos para un proyecto que fue cambiando con el tiempo, pero que básicamente se opone al concepto de salud pública imperante. La medicina social está en el camino de Ramón Carrillo, de Salvador Allende… Como ministro de Salud, Allende publicó La realidad médico-social chilena, obra sobre la salud pública con énfasis en la medicina social, en la que se señalaba claramente que el principal condicionante del nivel de salud de una población es su nivel socioeconómico. La medicina social busca entender cómo las condiciones sociales y económicas impactan en la salud, así como su importancia en la medicina. Y también fomentar las condiciones en las cuales la comprensión pueda conducir a una sociedad más sana. Ahora hablamos de salud colectiva, entendiendo salud como el articulador de las características personales con los condicionamientos sociales.
–Ajá, por eso es importante hablar de enfermedades de la riqueza con desigualdad si hablamos de diarrea infantil, mal de Chagas…
–Es que la salud pública tradicional no mira el contexto social. Por ejemplo, las poblaciones infantiles en América latina están sometidas a productos químicos desde la vida intrauterina. Hay innumerables obras, estudios, trabajos científicos sobre este tema. Basta recordar a Andrés Carrasco…
–Con su lucha contra el glifosato y los problemas que eso le acarreó…
–Bien. Ahora veamos las diferencias entre los enfoques de la salud de los que hablábamos al comienzo. La salud pública tradicional descubre que hay muchísimos chicos anémicos en América latina, y los trata con suplementos de hierro. La salud colectiva, además de tratar la anemia, llama a suspender las fumigaciones, busca cortar la causa.
–De ahí su referencia a Carrasco…
–Pero el modelo imperante, el farmacobiológico, es muy poderoso. No estudia los problemas de salud como una totalidad sino que lo divide todo, y para cada porción tiene un medicamento.
–Es un negocio que cierra bien redondito… Las fumigaciones favorecen su renta y aumentan las ventas de medicamentos.
–Y así es como las matrices de poder determinan las potencialidades de defensa y los problemas. La agricultura se torna entonces una economía de la muerte por destrucción ecológica. Los recursos naturales se toman sólo como recursos para hacer negocios. Muchas de las actividades económicas actuales, como la minería extractivista, la agroindustria con transgénicos, están ligadas a grandes intereses. Y todo se reduce a una cuestión de ganancias, no hay un enfoque ecológico.
–Y volvemos a las verdaderas causas de las enfermedades…
–Sí. Hay que cambiar el objeto de la salud. Se debe trabajar sobre el proceso de enfermedad, cómo y por qué se enferman las personas. Voy a darle un ejemplo claro. Una cosa es estudiar el dengue y cómo combatirlo. Y otra muy distinta es entenderlo en relación con los sistemas de producción que hacen que prolifere el vector. Los determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales y económicas que influyen en las diferencias individuales y colectivas en el estado de salud. Son los riesgos asociados a las condiciones de vida y de trabajo –por ejemplo, la distribución de ingresos, bienestar, poder–, más que factores individuales –como sería el estilo de vida individual o la herencia genética–, que aumentan la vulnerabilidad hacia las enfermedades.
–Entonces esa imagen bucólica del campo como un lugar sano, con la naturaleza en su esplendor…
–Ya no. Ya hablamos de la agricultura de la muerte. Se produce lo que llamamos hoguera tóxica, que es desencadenar los efectos deletéreos del calentamiento global en zonas cada vez más chicas. Con el uso de agrotóxicos, se destruye la naturaleza.
–¿Y qué justifica esa destrucción? ¿Sólo el afán de riqueza?
–Sí. La biodiversidad es un pésimo negocio.
–Es cierto… Impide la explotación a gran escala, el trabajo en serie… Exige métodos casi artesanales…
–¡Por supuesto! El monocultivo eleva la renta. Y está también el tema de la aplicación de la tecnología. La mala aplicación va destruyendo la vida, al destruir la biodiversidad.
–Pero sigue siendo económicamente rentable.
–Ya empieza a quedar en evidencia que no es así, por los enormes gastos que exige la salud pública. Esto demuestra que el actual modelo no sirve.
–Usted es rector de la Universidad Andina de Ecuador. ¿Cómo juega la universidad en este contexto? No se forma igual a los profesionales en esquemas tan distintos.
–Claro que no. Pero el tema del modelo universitario es mucho más amplio. Queremos cambiar el concepto de riqueza académica. No todos los modelos de universidad son igualmente válidos en todas las circunstancias. Queremos una universidad abierta a la comunidad, que sea un proveedor de pensamiento crítico, no un proveedor de datos.
–Hay que repensar, entonces, nuestras universidades.
–Sí. No todos tenemos que parecernos o imitar a Harvard. Pero tampoco vale la actitud cerril de rechazar o negar todo lo que venga de Harvard, que es una institución maravillosa y muy valiosa. Nosotros propugnamos una metacrítica del poder capitalista, con la articulación de los “buenos saberes”.
–¡Qué lindo eso de adaptar las universidades a nuestras comunidades! Es un alivio que haya catedráticos para los cuales nuestra cultura sea valiosa.
–Es que yo rescato algo muy importante en nuestra América, que es el concepto de resiliencia en lo social y en la vida cultural.
–Tiene razón… Más de quinientos años después de ese genocidio que la cultura dominante llama Descubrimiento, las culturas indígenas en América.
– Y sus aportes tienen que ser integrados a nuestro corpus académico.
*Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Teórico de la epidemiología crítica, impulsa una universidad que adopte los valores culturales de la sociedad a la que pertenece. Y rescata la resistencia cultural de los pueblos de América.
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