Delay, deny, defend: Retrasar y denegar estrategia de defensa financiera de las ARS

Por Gregorio Moya E.

La prensa ha dado cuenta de la trágica muerte de Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, a manos de un atacante frente al hotel Hilton en la Sexta Avenida de Manhattan, a las 6:46 a.m. del pasado miércoles 4 de diciembre.

Las autoridades detuvieron este lunes en Altoona, Pensilvania, al sospechoso de matar a Thompson, por posesión de un arma de fuego que coincide con la utilizada en el crimen. La policía de Nueva York informó que el detenido se llama Luigi Mangione y tiene 26 años. "Negar, defender, deponer". Esas son las palabras que fueron grabadas en los casquillos que las autoridades neoyorquinas encontraron en la escena del asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, el pasado 4 de diciembre en Nueva York.

El caso generó muchas especulaciones dado que en los casquillos encontrados en el área del crimen se encontraron escritas las palabras delay, deny, defend. Ese es el título de libro "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" escrito por Jay M. Feinman y publicado en 2010. Este texto aborda las prácticas comunes de las compañías de seguros, que frecuentemente retrasan el pago de reclamaciones, niegan la cobertura y defienden estas acciones a través de litigios. La obra se ha convertido en una referencia importante sobre cómo estas tácticas afectan a los asegurados y critica el enfoque sistemático hacia la maximización de beneficios en la industria aseguradora.

Esto generó una conexión con el público, que ha sido víctima de agencias de seguros en EEUU, como la que dirigía la víctima. En efecto, el victimario generó cierta simpatía en la población, que lo comenzó a ver como un justiciero, figura esta que se promueve como parte de lo que podríamos decir mitos urbanos, y que llena muchos de los argumentos de películas y series de televisión. 

El propósito de las aseguradoras privadas de salud es maximizar las ganancias y minimizar los gastos y las inversiones. Esas son sus prioridades como en toda actividad mercantil, esta son las razones que impulsan sus decisiones cuando se trata de coberturas de servicios o pagos de reclamaciones. Al reducir coberturas o la cantidad que pagan en reclamaciones, las aseguradoras pueden aumentar sus márgenes de beneficio y proteger su estabilidad financiera, aunque ello reduzca los beneficios de los afiliados.

Por ello, las denegaciones de reclamos médicos a aseguradoras en EEUU se han incrementado un 31% de 2022 a 2024, según una encuesta realizada por Experian y citada por Reuters. UnitedHealthcare, de la cual Brian Thompson era director ejecutivo, facturó 100.800 millones de dólares solamente en el tercer trimestre del año, rechazó 8,7% de las solicitudes (https://acento.com.do/autor/france24.html).

Todo asesinato es condenable, y este no puede ser la excepción, independientemente de sus motivaciones.

Pero esta tragedia debe llamar a la reflexión acerca de la cantidad de muertes que generan las empresas que negocian con la salud como una mercancía más, como es el caso de estas en EEUU, que retrasan y niegan coberturas, y tienen un cuerpo de abogados listos para defenderse de esas atrocidades en los tribunales.

Con la entrada de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible – popularmente conocida como 'Obamacare' en 2010, las aseguradoras comenzaron a implementar un proceso de preautorización en el servicio, que requiere examinar los procedimientos recomendados por los doctores antes de acceder a pagar por sus clientes. Según una encuesta de la Asociación Médica Estadounidense, realizada en 2023, el 94% de los médicos reconoce que la implementación de la preautorización retrasa la atención médica, mientras que el 78% dijo que dicha acción lleva al abandono de los tratamientos.(https://acento.com.do/autor/france24.html). 

Igual que las aseguradoras de salud de EEUU, ocurre en República Dominicana con las mal llamadas administradoras de riesgos de salud (ARS), que niegan y retrasan atenciones, con lo cual, causan que los padecimientos de salud se agraven, arruinen y empobrezcan a los afiliados, produzcan más dolor y sufrimiento, y hasta la muerte. 

Las ARS cuentan también con un cuerpo de defensores compuesto por barras de abogados que llegan hasta las últimas instancias para defender el crimen de denegación de servicios. Cuentan también con abogacía en los medios de comunicación, en el congreso, en organismos del gobierno, en los partidos políticos del sistema, las universidades privadas, y lógicamente, las asociaciones de empresarios y bancos comerciales.

La oligarquía empresarial capitalista defiende las ARS junto con organismos del Estado a su servicio, de la gran prensa y de la sociedad civil cuyas opiniones son rentadas. Con los mismos aportes de los afiliados se pagan campañas publicitarias, contratan expertos internacionales, todo ello para convencernos de que las ARS realmente administran los riesgos de salud de la ciudadanía y garantizan el acceso y calidad de las atenciones de salud.

Pero la verdad es dura de matar, aunque a diario lo intenten, aunque para ello utilicen los mejores recursos publicitarios, los más simpáticos, admirados y queridos comediantes, los más fluidos y elegantes discursos, la verdad es que en el país negar servicios (deny) es el socorrido “no cubre”, o el “no está en el catálogo”, o “no está en el PDSS”.

La gente “no coge esa”. La población no cree en las mentiras y manipulaciones de las ARS orquestadas con mucho cuidado y con mucho presupuesto, sacado de los aportes de las trabajadoras y trabajadores.

Por ello, tarde o temprano, es posible que surjan reacciones violentas por parte de la población. Desde las organizaciones y activistas de la Coalición por la Seguridad Social Digna propugnamos para que las reacciones de la población sean organizadas, conscientes y orientadas al corazón del sistema jurídico-institucional, que niega y retrasa atenciones necesarias.

Cada día más la gente es consciente del latrocinio de las ARS y la necesidad de cambiar este modelo. Trabajamos educando, organizando para que la gente no tome en sus manos la justicia, como parece ocurrió en el caso de la fatídica muerte del director ejecutivo de United Healthcare.

Apostemos a desarrollar un movimiento cívico, masivo, participativo, pacífico y democrático. Y confiamos en ello, porque confiamos en el pueblo dominicano, sobre todo las y los que con su trabajo diario construyen las riquezas que exhiben las estadísticas oficiales y el empresariado.

 

La defensa de la cesantía: persistir y resistir para defender este derecho colectivo

Por Gregorio Moya E.

El Diario Libre, en su edición del 6 de diciembre, informa que los empresarios se mantienen firmes en su intención de modificar la cesantía. El sector patronal ha planteado a los senadores que la reforma de la ley laboral debe limitar la cesantía a seis años de trabajo, con un pago establecido bajo un cálculo de diez salarios mínimos. Esto significa que, si una persona ha trabajado 20 o 30 años para una empresa, solo se reconocerán seis años de cesantía.

El senador Ricardo de los Santos, presidente del Senado, rechazó la propuesta patronal, argumentando que "en este Gobierno hemos demostrado que los derechos adquiridos de cada ciudadano o ciudadana son respetados y así seguirá siendo". Esta posición trae alivio a las trabajadoras y trabajadores, pero tiene un matiz que, si no se aclara, podría convertirse en una justificación para traicionar a la clase trabajadora dominicana.

Es necesario señalar que la cesantía, como derecho adquirido, es un derecho colectivo de la clase trabajadora. Los derechos colectivos son un conjunto de derechos humanos que protegen a grupos sociales; a diferencia de los derechos individuales, donde el sujeto es un individuo, los derechos colectivos pertenecen a grupos sociales o comunidades. Aunque estos derechos suelen referirse a comunidades indígenas y otros colectivos con identidad cultural o histórica, los derechos laborales también deben ser considerados derechos colectivos.

Como derechos colectivos son indivisibles, en espacio y tiempo, su ejercicio beneficia tanto al grupo como a cada uno de sus miembros y a la sociedad en sentido general. Por lo tanto, la propuesta de algunos sectores patronales y de la opinión pública afectos a la patronal, que sugieren que se puede respetar el derecho adquirido de los trabajadores hasta la fecha, pero que al modificar la ley de cesantía estos derechos también se cambiarían o reducirían en el monto y tiempo de cobertura, o a un seguro de desempleo, constituye una negación de un derecho que no es individual sino colectivo.

El derecho a la cesantía está claramente establecido en cuanto a su titularidad: los trabajadores son los titulares de estos derechos. Este derecho es colectivo, al igual que el derecho a negociar que tienen los trabajadores con los empleadores las condiciones laborales como grupo.

Una característica fundamental de los derechos colectivos es que se refieren a intereses concretos y determinados de un grupo específico; en este caso, los empleados tienen una relación económica con sus empleadores, quienes, como dueños del capital, tienen poder sobre ellos. Uno de esos poderes es el despido sin justificación.

Por lo tanto, la clase trabajadora debe estar atenta a las maniobras de los empresarios y del Congreso, teniendo en cuenta la falta de consistencia e integridad de muchos congresistas dominicanos. En un país capitalista, el Congreso suele ser un instrumento al servicio de los sectores poderosos.

Así pues, la firmeza en la defensa de la cesantía es una necesidad urgente para la clase trabajadora y sus organizaciones aliadas.

NO A LA ELIMINACION NI MODIFICACION DE LA CESANTÍA LABORAL

La seguridad en el trabajo de construcción se logrará con la lucha

Por Gregorio Moya E.

El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana ha ordenado la paralización inmediata de las labores de construcción en una torre ubicada en el sector Piantini, tras identificar graves irregularidades en los procesos constructivos que representaban un riesgo significativo para la vida y seguridad de los trabajadores, según informan los diarios del 24 de noviembre de 2024. Esta decisión se produce después de un accidente en el que perdió la vida un trabajador de nacionalidad haitiana.

La suspensión fue determinada por el Ministerio de Trabajo luego de una exhaustiva inspección técnica, encabezada por el director de Coordinación de Inspectoría de Trabajo del Ministerio, Juan Ramón Ventura, quien confirmó que la constructora involucrada incumplió importantes regulaciones legales. El sector de la construcción es uno de los más propensos a accidentes laborales, especialmente mortales. La Organización Internacional del Trabajo estima que cada año ocurren aproximadamente 355,000 accidentes laborales mortales a nivel mundial, de los cuales al menos 60,000 se producen en obras de construcción, lo que representa cerca del 17% del total. (1) La escasa importancia que a veces se le asigna a la seguridad y salud en el trabajo en las obras surge de dos ideas arraigadas en el sector: (a) la construcción es una actividad peligrosa y, por lo tanto, los accidentes son inevitables; y (b) los accidentes laborales tienen poco impacto en los beneficios empresariales.(2)

Una característica del mercado laboral en el sector construcción es su informalidad. La contratación informal se da incluso entre empresas formalizadas para evitar compromisos con los derechos laborales, lo que resulta en pagos inferiores a lo establecido por ley y la falta de contribuciones a la seguridad social. Esto lleva a la contratación de mano de obra extranjera, principalmente haitiana, que es más económica y con la cual no se tienen compromisos laborales. Además, no existe un registro real de accidentes laborales debido a que aproximadamente el 54% de la población ocupada trabaja en la informalidad, cifra que es aún mayor en el sector construcción. Los datos estadísticos oficiales sobre accidentes laborales en este sector no representan adecuadamente la realidad; solo se reportan incidentes que afectan a menos de la mitad de la población trabajadora dominicana.(3)

La explicación del reciente accidente y la alta accidentalidad en el sector construcción radica en el afán de lucro presente en este contexto capitalista, donde se desatienden los derechos laborales y se generan condiciones propicias para accidentes fatales. Los accidentes laborales que frecuentemente cobran la vida de humildes trabajadores son consecuencia del deseo de maximizar ganancias a expensas de la seguridad y salud laboral. Como ha dicho el Papa Francisco: "El capitalismo es una economía que mata". La lucha por reducir los accidentes laborales y las muertes relacionadas con las condiciones laborales es parte integral del conflicto entre trabajo y capital; no es simplemente un asunto técnico o legal, sino una cuestión de lucha de clases. Los accidentes laborales son prevenibles; las lesiones, discapacidades y muertes son evitables. Estos incidentes son resultado de injusticias inherentes al modo de producción capitalista y reflejan la indiferencia por parte de las autoridades competentes.

La lucha contra los accidentes laborales representa una búsqueda por justicia frente a relaciones laborales que generan muertes prematuras, enfermedades y discapacidades temporales o permanentes. Es una lucha contra el sufrimiento causado por la explotación. Esta defensa por reducir los accidentes laborales implica también proteger los derechos de todos los trabajadores, sin importar su nacionalidad. La solidaridad entre trabajadores debe basarse en la dignidad humana y en los derechos fundamentales. En esta lucha no hay lugar para divisiones políticas, religiosas o raciales dentro de la clase trabajadora. No hay espacio para nacionalismos ni campañas de odio que están tan presentes hoy en día.

Notas: (1) Alberto L.V., “Panorama internacional de la seguridad y salud en el trabajo (SST) de construcción. El criterio de la OIT”, OIT 2003 

(2) Alberto L. V., Oficina Internacional del Trabajo (OIT), “Seguridad y salud en el trabajo de construcción: el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”, OIT. 2000. 

(3) Cano, J.L; Neris, K. Situación de la Seguridad en la Construcción en la República Dominicana. 12th International Conference on Project Engineering. Atenas, Grecia. 2022

Ciudad sanitaria, un caso de lo que no se debe hacer en inversión pública

Por Gregorio Moya E.

El proceso de construcción inconclusa de la ciudad sanitaria es un caso de estudio en cuanto a la inversión pública, un maestro negativo, un ejemplo de lo que no se debe hacer en inversión pública, y mucho menos en un sector tan complejo como el de la salud. Un proyecto ambicioso sin planificación La Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar es un complejo hospitalario cuya construcción fue contratada el 8 de julio de 2013, con un costo inicial de RD$6,993,757,022.28. A la fecha, la inversión supera los RD$18,000 millones, tres veces más de lo presupuestado, y aún falta concluir el hospital clínico-quirúrgico y garantizar que las demás instalaciones funcionen a plena capacidad. Se han realizado tres adendas al contrato original, lo que evidencia la falta de planificación de la obra, una situación que constituye un grave perjuicio a los recursos públicos. La entonces directora de la Dirección General de Compras y Contrataciones, Yokasta Guzmán, determinó que era necesario realizar un nuevo proceso de contratación, pero no actuó en consecuencia, dejando de lado su responsabilidad.

Este proyecto forma parte de los numerosos casos de corrupción durante los gobiernos del PLD, caracterizados por una gestión desorganizada y desmedida corrupción que dilapidó recursos y frenó oportunidades para un desarrollo con bienestar El proyecto abarca 152,000 m² distribuidos en 12 edificios, entre ellos: • Hospital Clínico-Quirúrgico (6 niveles) • Edificio de Imágenes (5 niveles) • Hospital Materno Infantil (7 niveles) • Nueve edificios de soporte

El complejo está diseñado para albergar aproximadamente 1,000 camas distribuidas en diversas especialidades. A pesar de utilizar la metodología BIM (Building Information Modeling) para una gestión más eficiente, la obra ha estado marcada por la opacidad. En junio pasado, el Ministro de Vivienda y Edificaciones informó que, a diferencia de lo declarado por Danilo Medina (98% de avance), la obra estaba completada en un 73% y actualmente se encuentra en un 85%, un progreso limitado debido a problemas legales con contratistas.

Falta de estudios de preinversión hospitalaria La construcción de una infraestructura hospitalaria requiere estudios previos para evaluar la viabilidad desde el punto de vista poblacional, ambiental, social y de movilidad. Estos análisis no se realizaron, ni se alineó la obra con el modelo de atención de la República Dominicana, el modelo de redes de servicios que contempla la forma de organización del sistema de salud.

Pérdidas económicas y en salud La no terminación del proyecto ha generado pérdidas económicas significativas, como el deterioro de instalaciones y equipos sin uso, muchos de los cuales han perdido su garantía. Además, la delincuencia ha causado daños por la falta de seguridad, incluyendo el robo de equipos y materiales costosos.

En términos de salud, las pérdidas son aún mayores. Se estima que la Ciudad Sanitaria podría ofrecer hasta 15,000 consultas diarias una vez terminada, ampliando considerablemente la cobertura y calidad de atención en el país. Servicios especializados proyectados • Hospital Materno Infantil: 196 camas, incluidas 74 para cuidados intensivos neonatales, quirófanos obstétricos y servicios prenatales y postnatales. • Unidad de Fisiatría: Terapias avanzadas como hidroterapia. • Odontología: Desde profilaxis hasta cirugía maxilofacial. • Laboratorio clínico: Capacidades avanzadas, incluyendo pruebas para trasplantes. • Servicios de imágenes: Diagnósticos con resonancia magnética, tomografía, y tecnologías integradas con inteligencia artificial para análisis de precisión. Continuar la lucha por su carácter público

El carácter público de este complejo hospitalario está en riesgo debido a intentos de privatización promovidos por sectores financieros y de salud. Es esencial que la ciudadanía mantenga la vigilancia y movilización hasta que el proyecto sea concluido y garantizado como un servicio público.

Por un sistema de seguridad social que brinde tranquilidad a la población

Por Gregorio Moya E. En la República Dominicana, la población trabajadora enfrenta una creciente angustia cuando se aproxima a la edad de jubilación debido a la incertidumbre sobre su futuro una vez que ya no pueda seguir trabajando de manera remunerativa y vea reducir o perder todos sus ingresos.

Los profesionales, que suelen tener una mayor seguridad de acceder a una pensión, desconocen el monto exacto que recibirán al retirarse. A excepción de los maestros y los médicos, la mayoría de los trabajadores no goza de la seguridad que tienen los diputados, senadores, jueces de la Suprema Corte de Justicia y miembros de la Junta Central Electoral.

Hombres y mujeres que han dedicado su vida al trabajo, contribuyendo al sistema de seguridad social y pagando impuestos, enfrentan la incertidumbre de no saber qué les depara el futuro. Muchas de estas personas, que a pesar de su edad son el sostén de sus familias, incluidos hijos, menores o adultos, o familiares con discapacidades, sienten la angustia de pensar que podrían convertirse en una carga para esos hijos o familiares, que muchas veces dependen de ellos.

Por eso, desde la Coalición por la Seguridad Social Digna, luchamos por un régimen de seguridad social y de protección para la población vulnerable. Con la ley actual (Ley 87-01) el 80% de esta población trabajadora no podrá acceder a las mínimas prestaciones que las ARS (Administradoras de Riesgos de Salud) tienen previsto entregar al 20% que ha tenido la fortuna de trabajar 30 años ininterrumpidos para recibir una pensión precaria, que será entre el 24 y el 30% de su salario. Las personas que se acercan a los 60 años y que van a pensionarse saben que este sistema les retira de inmediato la cobertura de seguro de salud, pese a haber contribuido durante años al mismo, dejándolos desprotegidos justo cuando más lo necesitan. Es fundamental continuar la lucha para que las mujeres y los hombres de nuestro país puedan retirarse con dignidad y acceder a una pensión que cubra con modestia, pero con dignidad, sus necesidades económicas y las de sus familias.

Lo increíble en Venezuela para Stefanoni, Boric y otros

Por Gregorio Moya E.

El científico social Pablo Stefanoni consideró en un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad de julio 2024 titulado Venezuela: «difícil de creer», que “El resultado electoral en Venezuela plantea dudas fundadas, por lo ocurrido tanto durante el propio conteo de los votos como en los meses anteriores, y vuelve a sumir al país en la incertidumbre. ¿Tiene la oposición un plan B?”. La frase “difícil de creer” es del Presidente Gabriel Boric de Chile.

Sin dudas que en Venezuela es difícil creer que un gobierno como el de Maduro no haya caído después de tantas sanciones económicas, que ha producido una gran pobreza en ese país, pese a la recuperación económica de la que se habla. Porque después de 11 años de ataques a la economía por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, no es posible la recuperación de la misma y mejoras significativas en las condiciones de vida de la población. Esta variable olvidada por Stefanoni, Boric y otros, que escriben asombrados y denunciando las irregularidades y fraude en Venezuela. Los que hablan de la crisis electoral venezolana no la enmarcan dentro de la crisis capitalista mundial. Ni siquiera los trostkistas y otros que se autodenominan marxistas contextualizan dicha crisis en la crisis estructural del capitalismo. Tampoco comprenden la crisis electoral venezolana en el contexto de las relaciones imperialistas, que se caracteriza por el dominio monstruoso de una oligarquía financiera, que en este momento ese dominio es planetario, y que con el modelo neoliberal que exacerba las políticas neolocoloniales y el desconocimiento de la soberanía de los pueblos y las naciones. Además, el imperialismo significa profundos riesgos de guerras, invasiones, incluyendo la hecatombe nuclear, a la que se juega y amenaza en Ucrania y en el medio oriente. El riesgo del fascismo a escala planetaria. Volvamos a las dudas. Para Stefanoni Amoroso, el funcionario que anunció una investigación que anuncio el triunfo de Maduro es un Ex-diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y representante del ala dura del chavismo. Es decir, esto confirma que el CNE no es confiable, como ha relatado la oposición. Stefanoni cuenta otras cosas. Destaca que el gobierno de Maduro llevó a cabo la entrega del patrimonio público (mediante la privatización de PDVSA), tiende a pasar por alto la dimensión del saqueo y la dinámica de «Estado depredador» en la que derivó la Revolución Bolivariana”, que en los hechos, con una retórica revolucionaria: ha provocado un desplome de los servicios de salud y educación y ha derrumbado la producción petrolera. Añadiendo que “Fue el propio madurismo el que desacreditó a la izquierda en Venezuela.” Sin dudas que hay una izquierda acrítica, seguidista en América Latina, que en República Dominicana hace olas celebrando hasta las estupideces e inconsecuencias de Maduro. Dudan del triunfo de Maduro Stefanoni y el presidente Boric. Uno de los elementos que desarrolla Stefanoni ew la retórica desafortunada de Maduro, incluso introduce el baño de sangre para profundizar la confusión de lo dicho por el presidente venezolano, distorsionado por la prensa, los opinadores y colocado por este científico social para aderezar su argumento. Dudan de la derrota de la oposición, dudan todo, incluyendo que el chavismo existe, y que no ha sido derrotado. Dudan de todo los Stefanoni. Pero la duda no les alcanza a ver el papel del imperialismo, la derecha internacional, la gran prensa y el zar de las redes sociales, el señor Musk.

Las muertes en Gaza pueden ser 186,000

Por Gregorio Moya E.

Contar los muertos en Gaza: difícil pero esencial. Ese es el título de un trabajo fundamental de la revista The Lance en su versión digital sobre el número de muertes causadas por el ejercito de Israel, publicada 5 de julio de 2024, que se puede acceder en el siguiente enlace, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01169-3/fulltext.

The Lance establece que, "En los conflictos recientes, la cantidad de muertes indirectas es entre tres y quince veces mayor que la de muertes directas. Si se aplica una estimación conservadora de cuatro muertes indirectas por cada muerte directa” . Y agrega que de las 37.396 muertes reportadas, no es inverosímil estimar que hasta 186.000 o incluso más muertes podrían ser atribuibles al conflicto actual en Gaza. Usando la estimación de población de la Franja de Gaza de 2022 de 2.375.259, esto se traduciría en el 7,9% de la población total de la Franja de Gaza. A propósito de esto,en su página web Oxfam en enero de 2024, también "advierte de la enorme amenaza que el hambre y las enfermedades suponen para la vida, más allá de las víctimas directas. El inicio de la estación fría y húmeda podría hacer aún más crítica la situación, dada la escasez de mantas y la falta de agua caliente y de combustible para los aparatos de calefacción. El personal de Oxfam ha informado de que la población no puede encender fuego debido a la lluvia y que los refugios tampoco son impermeables. Además, el invierno también reduce las probabilidades de encontrar alimentos, cuando el conjunto de la población se encuentra ya al borde de la hambruna." Para enero esta ONG calculaba que el número promedio de muertes por día en Gaza es significativamente mayor que el de cualquier conflicto armado importante reciente, incluidos Siria (96,5 muertes por día), Sudán (51,6), Irak (50,8), Ucrania (43,9) Afganistán ( 23,8) y Yemen (15,8). En Gaza se estimaban 250 por día.

para el 29 de octubre, a solo 22 días de iniciada la agresión contra Gaza, el periodico el País tituló una crónica como La otra amenaza de muerte en Gaza. Señalando la falta de combustible y medicamentos en la Franja pone en riesgo las vidas de quienes dependen de un respirador o una incubadora, pero también las de 350.000 personas con cáncer, diabetes, enfermedades de corazón o renales. El periodico agregaba que "En Gaza hay personas cuya vida pende de un hilo debido a la falta de medicamentos y de combustible en los hospitales. El riesgo de morir a causa de los bombardeos en la Franja es elevado: antes incluso de que Israel anunciara el sábado el inicio de una nueva fase de ataques —previsiblemente más cruenta— en 22 días de asedio han sucumbido ya más de 7.700 palestinos a los misiles".

Esto es un genocidio, es sin dudas limpieza étnica, un crimen de lesa humanidad, que los países llamados libres, desarrollados y democráticos no quieren ver, porque consideran, convenientemente, que el Estado de Israel es un régimen democrático, aunque tenga una población oprimida, como ciudadanos de segunda clase con menos derechos que los israelies, donde impera el apartheid como en los mejores tiempos de la Suráfrica racista y EEUU, llamada cuna de la democracia. Las naciones unidas consideraron que lo que ocurre en Gaza por los bombardeos y cerco israelí es una verdadera crisis de derechos humanos, sin dudas que es totalmente cierto.

Martín McKee, uno de los autores del artículo, es miembro del consejo editorial del Israel Journal of Health Policy Research y del Comité Asesor Internacional del Instituto Nacional de Israel para la Investigación de Políticas de Salud fue copresidente de la 6ª Conferencia Internacional de Jerusalén sobre Políticas de Salud del Instituto en 2016, pero escribe a título personal dice The Lancet, tomando distancia del autor.

Aunque The Lancet Group adopta una posición neutral con respecto a los reclamos territoriales en textos publicados y afiliaciones institucionales, sin dudas que, esta publicación constituye para los pueblos un aval y evidencias del genocidio y la limpieza étnica que comete el Estado de Israel, un país con poder nuclear, cuyo poderío militar ocupa el lugar 17 en 2024, de los 145 países, según Global Fire Power (GFP), con un presupuesto militar para 2023 de 24.300 millones de dólares, pero que cuenta con el apoyo de Estados Unidos de América, que ocupa el puesto número 1, seguido por otras potencias como Reino Unido, Alemania entre otras potencias militares y económicas.