Hospitales autogestionarios: barrera para los más pobres

Por Gregorio Moya E.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Informe sobre la salud en el mundo 2010, estableció que “Los sistemas que exigen pagos directos en el momento en que las personas necesitan asistencia (incluyendo las cuotas de usuario y los pagos por medicamentos) impiden a millones de individuos acceder a los servicios y provocan dificultades económicas, incluso empobrecimiento, a otros tantos millones”.

El gobierno dominicano eliminó en la gestión 2012-2016 el pago de cuotas de recuperación en los hospitales públicos considerando que reducían el acceso a uso de los servicios de la población. No obstante, se mantiene el modelo de hospitales autogestionarios, los cuales se basan en que los hospitales son empresas que pueden generar sus fondos o una parte importante de ellos a partir de establecer sistemas de pago a los usuarios, mediante la evaluación económica previa.

Los hospitales autogestionarios son parte de la oferta de salud pública, construidos, equipados y con presupuesto público, pero con una gestión privatizadora, en la que estos compiten entre sí y con los hospitales públicos, en la lógica eufemística de los llamados cuasi mercados en salud, que en “relación con los prestadores públicos, buscan introducir competencia en el ámbito público mediante la separación de funciones” (Sojo, 2001). En nuestro país se estableció un sistema de universal y solidario como en Colombia, con competencia de mercado, lo cual es un contrasentido.

De manera que, la variable financiera pasa a jugar un papel fundamental en la gestión de los servicios hospitalarios. De ahí que, la preocupación por servicios de calidad en salud, eficacia de las atenciones va dejando un espacio mayor a los ingresos financieros. Por ello, estos centros de atención, prefieren atender a la población que puede pagar.

Los hospitales autogestionarios prefieren a los usuarios con seguros porque los mismos aseguran un retorno financiero, al igual que las personas que por sus ingresos pueden realizar pagos directos.

Y es que siempre los usuarios de los hospitales autogestionarios deben realizar pagos directos. Esta es una ley, que la gente pague como sea.

Es por ello que este modelo de hospitales autogestionarios constituye una barrera de acceso y uso de los servicios de atención en salud para los más pobres. La lucha por un sistema de salud eminentemente público se pone sobre el tapete, porque las promesas neoliberales de que el mercado como ordenador eficiente superaba lo público ha quedado evidenciado en sus incoherencias internas y en su desempeño y resultados, para utilizar conceptos muy caros para el propio enfoque neoliberal.

Porque como dice la OMS en su informe de 2010, a nivel mundial, estamos muy lejos de lograr la cobertura sanitaria universal. En República Dominicana esta es una verdad al canto, la cobertura es muy limitada e inequitativa, y el modelo de hospitales autogestionarios es un factor que profundiza la brecha de atención que sufre la población.

La salud según H. Clinton y D. Trump.

Saúl Franco,

Médico social.

Bogotá, 19 de octubre de 2016.

Después del Brexit en Inglaterra y el triunfo del NO en el plebiscito en Colombia, nadie está seguro de lo que pasará en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos -USA- el próximo mes. Ninguno de los dos candidatos que polarizan la campaña, Hillary Clinton por los demócratas y Donald Trump por los republicanos, ha logrado marcar una diferencia favorable y constante. Y si bien en salud – como en los demás temas de la agenda política – no todo depende de quién gane la presidencia, el ganador/a tiene un margen de maniobra importante en la orientación y las decisiones en salud.

A pesar de algunos logros, de destinar el 17% de su PIB a salud y de un gasto per cápita en salud de US$ 9.403 – 10 veces su equivalente en Colombia –, los indicadores de salud de  USA distan mucho de estar entre los mejores del mundo. Su sistema de salud sigue siendo fragmentado, centrado en la atención de las enfermedades y con gastos administrativos altísimos. Un 10% de los 322 millones de sus habitantes, sigue estando por fuera del sistema de salud. Cada hora se producen en promedio tres homicidios por arma de fuego y los suicidios se incrementaron en un 24% en los últimos quince años. Las inequidades en salud son aún muy grandes entre los diferentes grupos étnicos, minorías y estados que conforman el país. Y la inversión en investigación en salud sigue siendo inmensamente menor al gasto en guerra. Mientras el presupuesto anual de su Instituto Nacional de Salud es de US$ 32.000 millones, sólo en 2014 el gasto militar de USA fue de US$ 610.000 millones.

El cambio reciente más importante en su sistema de salud ha sido la reforma sanitaria de 2010, impulsada por el presidente Obama y conocida, por tanto, como Obamacare. En lo fundamental se orienta a tratar de reducir costos, hacer obligatoria la afiliación, aumentar la cobertura, reducir las preexistencias y mejorar la calidad de la atención. Sus resultados hasta ahora son positivos, pero insuficientes. Pues bien, el respaldo al Obamacare o su eventual eliminación, se convirtió en el punto central del debate en salud de los dos candidatos presidenciales.  Clinton ha enfatizado su compromiso de mejorarlo, y Trump su promesa de desmontarlo.

Hace poco la reconocida revista The New England Journal of Medicine -NEJM- invitó a los dos candidatos a presentar por escrito una síntesis de sus propuestas en salud. Trump no atendió la invitación. La respuesta de H. Clinton la publicaron en la edición del 28 de septiembre. Parte de que la atención en salud debe ser un derecho y no un privilegio. Se propone como meta el acceso universal de la población a servicios de calidad, independiente del lugar de residencia, el ingreso y la historia clínica previa. Y traza cuatro objetivos concretos: mejorar el Obamacare, garantizar servicios asequibles para todos, lograr mejor salud y servicios de salud de manera integrada y no fragmentada, y fortalecer la investigación y la innovación en salud.

Según otro artículo de la NEJM, del 16 de este mes, Trump ha insistido en que revocará el Obamacare, pero sin precisar cómo lo hará ni cuál es su plan alternativo. Ha dicho algo en cuanto a protección de la gente de los altos costos del seguro de salud; sobre la vigencia de dicho seguro por fuera del Estado de residencia, y sobre la posible importación y negociación de los precios de los medicamentos. Lo demás puede inferirse de su trayectoria de vida, su actitud y sus comentarios frente a otros temas. Ha sido más explícito el Comité programático del Partido Republicano, que ha señalado inclusive las limitaciones políticas del eventual presidente. Pero son bien conocidas tanto las diferencias entre los mismos republicanos, como las distancias entre el candidato y la institucionalidad del Partido.

Desde afuera y con la información disponible, uno piensa que le iría mejor a la salud de los estadounidenses y a sus servicios de salud con un triunfo de H. Clinton. Pero no habría cambios sustanciales. Ella encarna el mismo establecimiento. Con Trump, en todo caso, el retroceso es seguro, la mercantilización será aún mayor y los costos incalculables en salud y bienestar. 

Normas de vestir y acceso a los servicios de salud

Por Gregorio Moya E.

En centros de salud de nuestro país se estila que quienes administran dichos centros establecen normas de vestir a los usuarios basadas en el respeto a lo que ellos consideran buenas costumbres, con toda la carga ideológica que prima en una sociedad como la nuestra. Así mismo, establecen tipo de vestimentas en función del servicio que prestan de manera unilateral, sin tomar en cuenta a las personas a las que ellos sirven.

Esto lo vemos concretamente en la práctica en avisos colocados en los centros de salud en los que se prohíbe a las mujeres el uso de blusas de tiritos, faldas y pantalones cortos cuando visitan esos establecimientos de salud. Es decir, que las prohibiciones tienen un claro tinte de género. Por demás está decir que dichas prohibiciones no tienen ningún fundamento legal y que por tanto constituyen una extralimitación del personal de salud que gestiona estos centros de salud. Y es que el personal de salud no puede disponer o normar el acceso de la población a los servicios, mucho menos por preferencias personales.

Y es que estas prohibiciones constituyen barreras de acceso, establecidas a partir del  criterio del personal de salud, a su discreción, con sus valores y creencias, las cuales no coinciden con la de los usuarios ni con la legislación y las indicaciones ministeriales, lo que afecta directamente la atención de población.

Debe comprenderse que acudir a los servicios de salud en la cultura nuestra se da en un marco  de tensiones y malestar psico-social, lo cual se agrava con reglamentaciones que desconocen las preferencias de la población. Podemos colegir que con ello la población usuaria tienden a hacer resistencia al uso de los servicios de salud.

Las disposiciones del personal de los centros de salud de prohibir que las personas accedan a dichos centros por el tipo de vestimenta, además de ilegal es contrario al deber que tienen de garantizar condiciones de atención profesional, trato digno, equitativo y no discriminatorio a los usuarios de dichos servicios. Y es que con estas prohibiciones, se incurre en una conducta que coloca a los usuarios en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias, que tienden a limitar el acceso de la población a dichos servicios.

Este tipo de actuación del personal de salud, que interactúa con los usuarios y usuarias en función de su propia cultura y formación profesional, se articula con la perspectiva sesgada de los usuarios y usuarias de sus derechos, las relaciones de poder y por los códigos y normas sociales vigentes que son parte de esas relaciones de poder como justificadores del mismo.

La Ley 42-01 establece en el artículo 7 de manera taxativa que el “El Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana tiene por objeto promover, proteger, mejorar y restaurar la salud de las personas y comunidades; prevenir las enfermedades y eliminar inequidades en la situación de salud y accesibilidad de los servicios, garantizando los principios fundamentales consagrados en esta ley”. Esta ley no tiene en ninguna de sus partes articulado alguno referente a establecer normas o códigos de vestimenta a los usuarios de los servicios, por lo que los mismos son nulos de toda nulidad y deben ser eliminados de los centros de salud.

Salud, cambio  climático y Loma Miranda

Por Gregorio Moya

Son reales los efectos del clima sobre la salud directamente. Son ya indiscutibles como determinante de la salud de la población. Sequías seguidas por tormentas e inundaciones crean condiciones y son en si mismas elementos que producen muertes, enfermedades y lesiones. Los cambios de clima, que antes veíamos con ciertos ciclos, ahora son bruscos y muy seguidos. Están como las crisis del capitalismo, se presentan cuando inicia la recuperación de la anterior. 

Y hablando de capitalismo, el nuestro, tardío como dijo Bosch, con una burguesía atípica como la consideró Jiménez Grullón, se asocia con el cambio climático para impactar la salud de la población. Modo de producción, modo de vida, ambiente físico, todo articulado para producir condiciones de mayor riesgo. 

OMS plantea que el "cambio climático es una amenaza emergente considerable para la salud pública y modifica la manera en que debemos considerar la protección de las poblaciones vulnerables." Es por ello que a nivel mundial ciudadanos en manifestaciones multitudinarias se movilizaron. La OMS ha planteado que "la variabilidad y el cambio del clima causan defunciones y enfermedades debidas a desastres naturales tales como olas de calor, inundaciones y sequías. Además, muchas enfermedades importantes son muy sensibles a los cambios de temperatura y pluviosidad. Entre ellas figuran enfermedades comunes transmitidas por vectores, por ejemplo el paludismo y el dengue, pero también otras grandes causas de mortalidad tales como la malnutrición y las diarreas. El cambio climático ya está contribuyendo a la carga mundial de morbilidad y se prevé que su contribución aumentará en el futuro.

En este momento, sabiendo que el impacto del cambio climático no afecta igual a todos en todo el mundo, que por vivir en una isla, por la pobreza que este capitalismos salvaje, tardío, dependiente se reciente en eliminar, por la inequidad que este modelo de crecimiento económico reproduce, porque ello lleva a millones de dominicanos a vivir en lugares vulnerables, con casas vulnerables.

Es este el momento de comprender, asumir, integrar, racionalizar, que la explotación de Loma Miranda va a contribuir a aumentar la temperatura de esta isla, de este continente y del globo. Siendo así, Loma Miranda Parque nacional es un reclamo de supervivencia de la isla, amenazada con hundirse por el cambio climático. Por ello, por la salud, Loma Miranda Parque Nacional, o se hunde la isla.

27-06-2013

Dominicana solo permitirá el aborto terapéutico

Otramérica

El parlamento de República Dominicana ha avanzado sólo un milímetro en el respeto a la vida de las mujeres y ha aprobado una reforma legal que permite el aborto cuando la vida de la mujer corra peligro. Las mujeres dominicanas exigían más. La defensa de la dignidad, también.
Este martes 25 de junio será mal recordado en República Dominicana. Sus diputados, tras una fuerte presión de la Iglesia católica, han ‘modernizado’ el Código Penal vigente desde hace 129 años y han abierto un milímetro la mano para permitir el aborto, prohibido totalmente en el país hasta ahora, sólo cuandio la vida de la mujer esté en peligro.
La decisión forma parte de una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, aumenta de 30 a 40 años la pena máxima, incluye el cúmulo de penas, castiga el sicariato y la autoría intelectual de los crímenes de sangre, y penaliza con 40 años a los culpables de feminicidio. Los adultos que utilicen menores de edad en actos delictivos pueden pagar de 4 a 10 años de cárcel y los secuestradores, entre 20 y 30 años.
En el caso del aborto, se seguirá penando con 2 a 3 años de cárcel a toda persona que colabore con un aborto o a la mujer que lo practique en todos los casos excepto en el que su vida corra peligro. Médicos y enfermeras que participen en los abortos podrán ser condenados a penas de entre 4 y 10 años. En todo caso, con la aprobación de la reforma, República Dominicana se cae de la lista de Estados en los que no se permite el aborto terepéutico en la que quedan: Chile, El Salvador, El Vaticano, Malta y Nicaragua.
El Parlamento aprobó el nuevo Código tras 11años de consultas, debates, y polémica. En la calle, un grupo de mujeres de organizaciones feministas exigían una reforma más valiente y acorde con los principios de igualdad, protección y libertad para las dominicanas.
"Es un Código bien trabajado y consensuado, los redactores originales, que son los mejores juristas del país, han estado en esta década con nosotros asesorando", dijo a EFE el presidente de la Cámara de Diputados local, Abel Martínez Durán.
Sin embargo, el Foro Feminista, horas antes de la aprobación de esta reforma animaba a os diputados a ir más allá y legalizar sobre el aborto de una forma más progresista y respetuosa para los derechos de las mujeres. La organización recordó que República es “el país donde el porcentaje de mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo, el parto o puerperio es más del doble que en el resto de la región de América Latina y el Caribe”. También criticó que la nueva legislación se refiere sólo al feminicidio íntimo, restringiendo las agresiones a las mujeres al entorno de la pareja. Hay que destacar que en Dominicana fueron asesinadas 127 mujeres en 2012 en el marco de la violencia de género siendo el país con más incidencia del feminicidio seguido por Colombia y Perú.
Sergia Galván, directora de Colectiva Mujer y Salud de Dominicana, aseguraba a el diario El País hace unos días que “la incidencia de la jerarquía eclesial católica determina no solamente que no se despenalice el aborto por causales de incesto, violación o peligro de la vida de la mujer, sino prohibir y limitar la educación sexual en las escuelas, el uso de métodos anticonceptivos o del condón”.

Fuente: http://otramerica.com/radar/republica-dominicana-solo-permitira-aborto-terapeutico/2937

Posición del Foro Laico “Eugenio María de Hostos” ante el recurso de amparo de la Iglesia católica contra PROFAMILIA

El recurso de amparo interpuesto por la Iglesia católica contra la campaña de PROFAMILIA a favor de los derechos sexuales y reproductivosconstituye una clara demostración de por qué resulta tan urgente y necesaria la vigencia efectiva de la laicidad del Estado en la República Dominicana. En países de sólida tradición democrática, donde el Estado actúa como garante real de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos, ninguna Iglesia se hubiera atrevido a elevar una instancia como ésta, mucho menos una con tan escasa sustentación jurídica.

En primer lugar, dado que su propósito es silenciar la difusión de ideas contrarias a sus enseñanzas, la iniciativa de la Iglesia constituye un intento de censura eclesiástica, lo que viola el derecho constitucional a la libertad de expresión. Desafortunadamente para nuestras autoridades religiosas, en el país ya no rige el Index librorum prohibitorum et expurgatorum, el tristemente célebre catálogo de libros considerados perniciosos para la fe que la Sagrada Congregación de la Inquisición mantuvo vigente desde 1559 hasta 1966. De ahí la decisión de apelar a la autoridad laicapara amordazar a PROFAMILIA y, junto a ella, a cualquier organización o persona que en lo sucesivo pretenda reivindicar el derecho a la educación sexual escolar, al aborto terapéutico o al uso de anticonceptivos. A fin de cuentas, como acaba de señalar el Cardenal López Rodríguez, los derechos sexuales y reproductivos “son un invento de gente carente de moral y principios”.[1]

En segundo lugar, con este recurso la Iglesia trata de utilizar una instancia estatal para imponer a toda la población por la fuerza de la ley -y de no de la fe voluntariamente aceptada- su anacrónico sistema de creencias y prácticas en lo que atañe a la sexualidad y a la reproducción, sobre todo la de las mujeres. Aunque las y los abogados aseguran que los argumentos de la Iglesia no tienen ningún asidero jurídicoa la luz de lo que establece la Ley 137-11 sobreel amparo, no hay que olvidar que esta fue exactamente la estrategia que la Iglesia utilizó con éxito en el caso del Artículo 30 (actual Art. 37 de la Constitución).  En esa ocasión al igual que en ésta el propósito es obligar a toda la ciudadanía a acatar normas religiosas particulares con las que puede o no estar de acuerdo, lo que a todas luces viola la libertad de conciencia y de cultos establecida en la Constitución dominicana.

Parece evidente que la resolución de este recurso de amparo sólo podría resultar favorable a la Iglesia si se anteponen los principios religiosos a los derechos ciudadanos fundamentales, lo que de regir plenamente el Estado laico resultaría impensable. Pero no hay que olvidar queel Art. 30 no fue un hecho aislado sino que forma parte de una larga historia de sumisión de la autoridad estatal ante los designios de la jerarquía católica, como muestra el fallo judicial de la SCJ del 2008 que desestimó la demanda de inconstitucionalidad contra el Concordato. O como más recientemente evidenció la decisión del Presidente del Tribunal Constitucional de conmemorar el primer aniversario de la fundación de este organismo con una misa, aún después de ser intimado por el Foro Laico mediante un acto de alguacil para que se abstuviera de hacerlo.

Vale la pena reconsiderar los argumentos del Foro en esa ocasión porque han resultado proféticos, visto que el Tribunal Constitucional será el llamado a tomar la decisión final en caso de que Profamilia o la Iglesia decidan apelar la sentencia surgida del recurso de amparo. Nuestra nota de prensa planteó: 1) que se viola la libertad de conciencia y cultos establecida por la Constitución cuando una entidad gubernamental patrocina una celebración de carácter religioso particular; 2) que el Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana y sus jueces son los custodios fundamentales de la Constitución y como tales deben permanecer imparciales y alejados de toda disputa ideológica, así como de los símbolos y doctrinas religiosas; 3) que de no obtemperar la intimación del Foro, el Presidente y los demás miembros del TC  quedarían "ipso facto" inhabilitados para conocer y decidir cualquier recurso que directa o indirectamente involucre en el futuro a la Iglesia Católica, porque ya habrían manifestado su inclinación, preferencia y habrían creado un privilegio de esa Iglesia sobre las demás.[2]

La campaña de PROFAMILIA probablemente sería innecesaria si el Estado dominicano hubiera tenido la voluntad política de enfrentar los graves problemas de salud sexual y reproductiva que afectan a la población dominicana, mediante la implementación de políticas públicas dirigidas a prevenir el embarazo adolescente, la violencia de género, el auge del VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual, el embarazo indeseado y el aborto realizado en condiciones peligrosas, etc. Por el contrario, la irresponsabilidad estatal y la injerencia sistemática de la Iglesia en las políticas públicas son las principales responsables de que nuestros jóvenes no reciban educación sexual escolar, de que nuestras leyes obliguen a niñas y mujeres a parir embarazos productos de violación y a morir cuando estos embarazos amenazan su salud, de que una de cada cinco adolescentes ya sea madre.

Todo lo anterior remite a la imperiosa necesidad de rescindir de una vez por todas el Concordato y eliminar los privilegios políticos, jurídicos y económicos de la Iglesia católica, retornando la religión a la esfera privada, de la conciencia individual, que es donde en las democracias modernas le corresponde estar. Es hora de que el Estado dominicano asuma el rol que le corresponde de proteger el derecho de todos y cada uno de los ciudadanos a sus creencias y prácticas religiosas sin interferencia alguna y en condiciones de absoluta igualdad, tal como establecen los principios de laicidad que subyacen nuestro ordenamiento jurídico. El hecho de que todavía hoy en día la Iglesia se atreva a demandar a Profamilia por promover derechos humanos fundamentales debe ser una voz de alerta a toda la sociedad dominicana. Respondamos a la altura que demandan las circunstancias.

Santo Domingo, 12 de mayo del 2013

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[1] Ver la reseña en 7días.com.do, 11 de mayo del 2013, ““Para el cardenal López Rodríguez los derechos sexuales son ‘invento’ de gente sin principios”, http://www.7dias.com.do/index.php/noticias/140532/Para_el_cardenal_Lopez_Rodriguez_los_derechos_sexuales_son_invento_de_gente_sin_principios#.UY-rkII1csc

[2]Lo anterior cita la nota de prensa del Foro Laico del 23 de enero del 2013. La reseña de la misma hecha por el diario El Día aparece en: http://www.eldia.com.do/nacionales/2013/1/24/105146/Movimiento-intima-al-Tribunal-Constitucional-para-que-no-celebre-su

LAS PISCINAS DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO: UN TEMA MAYOR

Por Gregorio Moya E.

La prensa se hizo eco de una disputa mayor, de gran importancia entre el Alcalde del Distrito Nacional Roberto Salcedo, y el Director de la CAASD, ingeniero Alejandro Montás. Pero como los temas de importancia son relegados por la prensa y por los propios actores, este ha desaparecido como un tema mayor de nuestra ciudad.

En efecto, como buenos compañeros, los dos funcionarios públicos resolvieron su diferencia, y el tema central quedó relegado. La falta de agua, el desperdicio que significa los cientos de miles de galones gastados en momentos en que hay una escasez de agua con la que se justifica que se racione este liquido vital, y que se inicie una campaña de persercución contra los lavacarros improvisados.

El mensaje que da el Alcalde es de lo peor. No hay respeto a una situación especial en la que está la ciudad con la escasez de agua. Otro mensaje deprimente da el ingeniero Montás al mostrar la poca firmeza cuando se trata de defender lo correcto frente a sectores de poder. Una cosa es con los lavacarros de los barrios y otra es con el flamante Alcalde. Coger piedras contra los más chiquitos es un abuso de poder, mientas se muestra vacilante frente al síndico.

Hay que preguntarse, aparte del tema del desperdicio de agua. ¿Cuáles son los controles de salud que se han establecido en un país que está viviendo los tiempos del Cólera? ¿Se han puesto a pensar los funcionarios del ayuntamiento, comenzando por el Alcalde, que las enfermedades diarreicas constituyen una de las causas de enfermar y morir de primer orden en el país?

Esta sociedad del espectáculo tiene entre sus funcionarios destacados humoristas que compensan sus deficiencias con los show de mal gusto.