Arena, agua y muerte: se repite la historia como tragedia

Por Gregorio Moya E.

Fue asesinado el agricultor Francisco Ortiz, quien desapareció la madrugada del jueves 11 de abril, cuando trató de impedir la extracción de arena en el río Tireo, del municipio del mismo nombre en Constanza. Por defender el río este agricultor fue asesinado. Esta es una historia que se repite, pero otra vez como tragedia, tragedia que se lleva una vida útil y al servicio de los demás. Así ocurrió el 12 de octubre de 1998, cuando fue asesinado Sixto Ramírez por ser defensor del río Nizao junto con el movimiento ambientalista, del que formaba parte, el cual lucha desde décadas contra la extracción de arena que descarna los ríos, produce inundaciones y daños generalizados.

Arena, agua y muerte, así tituló la periodista Virginia Rodríguez en el Listín Diario un trabajo periodístico el 19 de agosto de 2017, en la que trata sobre la extracción de arena por las granceras, las disposiciones gubernamentales de protección de los ríos nunca cumplidas y la represión y muerte que los asesinos de los ríos, asesinan también a los defensores de la sangre de la tierra y sus venas que son los ríos. Esta historia que se repite, muestra también la insensibilidad e irresponsabilidad de las autoridades, al no disponer medios y recursos para proteger los ríos y cumplir sus propias leyes, con lo cual, son las comunidades y los ecologistas quienes se ven obligados a defender estas fuentes de vida, pagando con represión, cárcel y hasta con sus vidas como es el caso reciente del agricultor Francisco Ortíz, y con el no bien recordado Sixto Ramírez. Hay que decir, que las autoridades actúan o reprimiendo a los defensores de los ríos, haciéndose de la vista gorda frente a los granceros y sus matones, que cometen estos crímenes, siendo por ellos también victimarios. Arena, agua y muerte, a lo que hay que agregar, grandes ganancias para los dueños de las granceras y sus socios políticos de los partidos tradicionales que han gobernado el país en las alcaldías, el congreso, el ejecutivo y la justicia. Esta actividad económica de las granceras no necesita ninguna capacidad para emprender, con solo la complicidad de las autoridades y rodearse de matones que golpean y matan a los defensores de los ríos. La extracción de arena de los ríos refleja el subdesarrollo del país, al depender la industria de la construcción de una actividad económica recolectora, que no crea ni agrega valor en el proceso, que por el contrario degrada, que no es un proceso productivo, sino esencialmente extractivo, con lo que se asemeja a la montería, al hato y la tala de caoba, actividades económicas que fueron un cuello de botella en el desarrollo nacional.

El crimen de las granceras es múltiple. Primero produce un impacto nocivo en el medio ambiente. Segundo es una actividad económica que no necesita uso de la ciencia y la técnica y que como dijimos no crea ni agrega valor, por lo que no contribuye al desarrollo y mantiene a las comunidades y sus propios trabajadores en el atraso. En tercer lugar, por su carácter atrasado y de reconocida nocividad, las granceras actúan como mafias, extorsionando, comprando autoridades, usando la violencia y la criminalidad para imponerse en las comunidades.

La extracción de arena por las “granceras” para el año 2000 era 10,000 m3 diarios en la cuenca baja del río Nizao y 14,000 m3 diarios en el valle del Cibao. Esta actividad depredadora “se realiza generalmente con mala planificación y extracción caótica, sin reclamación posterior salvo en caso de algunas empresas. La extracción no regulada de materiales en orillas de los ríos provoca la destrucción de las franjas boscosas de protección (Díaz y Hernández, 2006; y Geilfus, 2002)”. Cuando el cauce de un río tiene suficiente material granular, estos componentes sirven de obstáculo para que las aguas corran con menos fuerza y velocidad cuando vienen las escorrentías. “Por eso es que es un crimen cuando tú le sacas a un río todo el conglomerado, porque lo pone liso”, dice el ingeniero Augusto Rodríguez, miembro de la Sociedad Dominicana de Geología. (https://periodismoinvestigativo.com/2019/04/la-impunidad-mengua-los-rios-dominicanos)

La extracción de arena de los ríos “influencian las tasas de erosión, sedimentación y contribuyen a la vulnerabilidad frente a sequías e inundaciones, constituyéndose así en una amenaza importante a la conservación forestal. Asimismo, las operaciones mineras provocan una modificación del paisaje por remoción de materiales, generando creación de barrancos y excavaciones”. (Díaz y Hernández, 2006). Los ríos se forman por la erosión que produce el agua por la superficie de la tierra, proceso que además de la erosión, el curso del agua arrastra materiales que se van depositando en esos canales que luego serán los causes de los ríos, hasta un momento en que el discurrir del agua alcanza un equilibrio no erosionan sus orillas ni el cauce o fondo del mismo. La erosión rompe ese equilibrio, en que no se produce ni erosión ni sedimentación, solo el transporte del agua. Francisco Ortiz, agricultor, generador de riquezas, por su actividad, por sus aportes, está en los antípodas de las granceras depredadoras y sus cómplices. Su vida productiva y compromiso manifiesto con el medio ambiente reclama que su martirio no quede impune, que sus asesinos sean traducidos a la cárcel, y que los depredadores de los ríos paguen por su crimen de lesa naturaleza y lesa humanidad.

De la tragedia de la victoria, todos los gobiernos son culpables

Por Gregorio Moya E.

Allí, bajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas, fabrican, tejen, hunden. -Miguel Hernández, Poeta presidiario y mártir- La prensa trae la noticia de que subieron a 12 este miércoles 20 de marzo de 2024, los privados de libertad fallecidos como consecuencia del incendio registrado en la Penitenciaria Nacional de La Victoria. Esperemos que “el telar de lagrima” no sea estéril como dijo el poeta. Ojalá que la semilla de la tragedia caiga en buena tierra, que encuentre el suelo fértil que no ha encontrado en esta sociedad y los gobiernos que ha tenido. Porque nada justifica la vida calcinada, la muerte socialmente distribuida como siempre, y la desidia, la indiferencia de la sociedad, sus partidos, sus iglesias, clubes, sindicatos, los gobiernos y la sociedad civil, con honrosas excepciones. Y esto no es un resultado del azar. No. “La causa última de los problemas de las cárceles, de los problemas de la inmensa mayoría de las personas que se encuentran en ellas, es la pobreza y marginación existentes en nuestra sociedad, y por tanto la injusticia social generada por el sistema capitalista (en otros aspectos tan eficaz)” . Las cárceles juegan un papel fundamental en la dominación. Ante la repetida tragedia de las muertes multiplicadas en las cárceles, ante el debate de los antiguos gobernantes y los actuales, entre ese tirarse la culpa a unos y otros, hay que decir que todos son culpables, a todos le importa un carajo que pasa en las cárceles, porque, en fin, por más que se rieguen los presos, están controlados, aislados, apestados, sin derechos, ni siquiera a la vida, ya no a la dignidad, la cual se las han arrancado como ropa a las personas violadas.

Las declaraciones del presidente del Senado, una amenaza al derecho a la seguridad social

Por Gregorio Moya E.

El Congreso Nacional no fue capaz de atender las demandas mayoritarias presentada por las organizaciones sociales, gremiales, de pequeños y medianos empresarios, de jubilados y de pacientes; que reclamamos una modificación de la ley de seguridad social, en cumplimiento de la Ley 13-20 votada por el mismo congreso que no la cumplió. Un congreso que no cumple ni siquiera sus propias decisiones.

El anuncio de la modificación de la Ley 87-01 por parte del presidente del Senado, quien lo hace ponderando que la misma “es la única que permitió al país tener verdaderos ahorros y ha dado buenos resultados en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social”, se siente como una amenaza, una mala nueva, el augurio de que algo viene mal.

Este anuncio del presidente del Senado Ricardo de los Santos, nos dice que su concepción de la seguridad social es fiscalista, y que no va a incorporar la eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y las Administradoras de Riesgos de Salud, porque a decir de este legislador la actual ley ha dado buenos resultados. El Presidente del Senado no tiene noción de la seguridad social como un derecho, incluso contemplado en la Constitución de la República. Los afiliados de la seguridad social más que una buena noticia interpretamos como una amenaza el anuncio del senador por Sánchez Ramírez, que como la mayoría de los legisladores, está sordo y ciego ante los reclamos de cambios estructurales de la ley de seguridad social, que asegure de verdad la perdida de ingresos por enfermedad, vejez y viudez. Para el senador Ricardo de Los Santos, al igual que la mayoría de sus colegas, la seguridad social ha dado buenos resultados, porque al parecer, como tienen un seguro de salud y pensiones privilegiados, no se ha dado cuenta que el 50 por ciento del gasto en salud lo cubre directamente el paciente o sus familiares según las propias informaciones gubernamentales, y el otro 50% lo hace a través del presupuesto, que sale de la población, y de los aportes de los trabajadores a la seguridad social.

El presidente del senado parece que no ha leído los informes y estudios que dan cuenta de las limitaciones de acceso a servicios de salud en este sistema que ha convertido la salud en una mercancía, y que solo sirve para pagar una parte del gasto en salud, y una parte de lo que pagan los se la quedan las ARS, en un procedimiento de corrupción legalizado. El presidente del senado no tiene información de que los pobres tienen que abstenerse de adquirir los medicamentos, posponer procedimientos, porque sus recursos no le permiten pagar ese 30% de las medicinas cubiertas, y el 100% que no cubre la seguridad social actual, que son la mayoría. Para la salud de los pobres, la actual no es seguridad ni mucho menos social.De manera que, ante este anuncio, que debe ser comprendido como una amenaza, la ciudadanía debe continuar la lucha por la seguridad social por distintas vías y métodos.

Debemos continuar demostrando que este sistema es insostenible desde el punto de vista de sus objetivos de protección social. Para ello debemos seguir difundiendo las propuestas, los estudios e investigaciones que se han realizado en estos últimos años. Igualmente, hay que seguir organizando la movilización social en sentido general, promoviendo asambleas, interviniendo en los espacios de participación popular, en las organizaciones de la sociedad civil, tomando la plaza pública, impulsar pequeñas reuniones, demostraciones, integrando sectores y defendiendo derechos adquiridos como han hecho la ADP y el CMD, así como el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) que se ha mantenido movilizándose por sus derechos.

Mantener y fortalecer la unidad por la seguridad social digna, articulando demandas reivindicativas, sin tutelas, de manera solidaria, transparente, alcanzando comunidad de intereses en la diversidad de sectores de trabajadores.

Y en esta coyuntura, entrar en el debate, demandando el compromiso de candidatos y candidatas que asuman continuar defendiendo la propuesta de una seguridad social digna mediante una propuesta de modificación estructural de la ley de seguridad social, y confutar a quienes quieren continuar con un sistema que saca recursos a los trabajadores y trabajadoras, obtienen fabulosas ganancias, condenando a los mismos pensiones miserables, si les tocan, y al no cubre servicios de salud en clínicas, hospitales, farmacias y laboratorios. Aprovechemos la coyuntura proselitista actual, y en medio de la borrachera y chercha electoral, introducir nuestras demandas en los debates, en las propias actividades de los partidos, en cada municipio o circunscripción electoral reclamar a los candidatos el derecho a la seguridad social negado por la Ley 87-01 y el robo legalizado que realizan las ARS y las AFP.

Director OMS dice COVID-19 sigue circulando, cambiando y matando

En su alocución de apertura del año, el doctor Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 10 de enero de 2024 manifestó que, aunque la COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial, el virus sigue circulando, cambiando y matando. En diciembre se notificaron a la OMS cerca de 10 000 fallecimientos por COVID-19, las hospitalizaciones aumentaron un 42% y los ingresos en la UCI, un 62%, en comparación con las cifras de noviembre.

Esto plantea que los gobiernos y las personas debemos seguir tomando precauciones contra la COVID-19. Así mismo, el doctor Tedros sugiere que los gobiernos que mantengan la vigilancia y las actividades de secuenciación, y que garanticen el acceso de la población a pruebas, tratamientos y vacunas asequibles y fiables. Sugiere a “a las personas que se vacunen, que se hagan pruebas de detección, que usen mascarillas cuando sea necesario y que se aseguren de que los espacios interiores concurridos estén bien ventilados”. Para República Dominicana estas recomendaciones del director de la OMS son pertinentes, porque si bien es cierto que no estamos frente a una emergencia sanitaria por COVID-19, el virus sigue circulando, cambiando y podría matar. Para esta semana fueron procesadas 5,340 muestras de COVID-19 y, de estas, 969 fueron por PCR y 4,371 antigénicas, de las cuales 793 resultaron positivas. Los casos activos se colocan en 831 mientras que la positividad semanal se sitúa en 26% y la positividad de las últimas cuatro semanas en 12.5%. (https://presidencia.gob.do/noticias/ministerio-de-salud-publica-mantiene-vigilancia-epidemiologica-46-variantes-han-sido) De manera que, sin alarmarse deben tomarse precauciones, volviendo a la promoción de la higiene de manos, uso de mascarillas en lugares cerrados y con aglomeración de personas, máxime cuando se tiene catarro o cuando haya alguien con tos o estornudos. Mantener la guardia en alto con el COVID-19 no solo previene y reduce los contagios y la enfermedad, sino que también, previene otras enfermedades, principalmente del tracto respiratorio, y otras enfermedades transmisibles. Debe exigirse en los lugares de servicios de comida, centros de salud, escuelas disponer de medios para la higiene de mano como son agua y jabón en los lavamanos, alcohol gel para usuarios y proveedores de servicios y fluidez en las atenciones que reduzcan las aglomeraciones. En los centros de trabajo debe disponerse de mascarillas para los trabajadores y trabajadoras, sobre todos los que están más expuestos como son los del sector salud.

Uso indiscriminado de antibióticos, la pandemia silenciosa

Por Gregorio Moya E. La República Dominicana cuenta con cuadro básico de medicamentos, vigente mediante la resolución 00012 del 8/6/2018, el cual debió actualizarse 2 años después, lo cual no ha ocurrido, por lo que, este es la normativa vigente. En sus primeras líneas el cuadro básico de medicamentos establece que: “Los medicamentos esenciales cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo eficacia comparativa”. Por su parte, el Reglamento para el control de los medicamentos del Plan Básico de Salud, Promulgado mediante el decreto No. 73-03 de fecha enero 31 del 2003 establece que: “la promoción de medicamentos esenciales como el mejor criterio sanitario”. Así mismo el reglamento dicta que: “Los médicos y otros profesionales de la salud y personas autorizadas para prescribir medicamentos, sean bajo regímenes ambulatorios u hospitalarios, tendrán la libertad de realizar dicha prescripción, la cual deberá ajustarse al listado de medicamentos esenciales”. Estas normativas no se cumplen, verificándose que la mayoría de los facultativos prescriben medicamentos incumplen las mismas, y se verifica que responden más al mercadeo y las sugerentes promociones de la industria y el comercio farmacéutico. En el caso de los antibióticos esto es grave, convirtiéndose en una pandemia que se alimenta por distintas vías. Una, la venta libre de antibióticos no solo en farmacias, sino también en colmados, supermercados, incluso en estaciones de gasolina y ventorrillos. Las farmacias del pueblo despachan a la libre antibiótico y otros medicamentos de uso delicado. El decreto No. 73-03 establece que todo medicamento debe ser dispensado por una farmacia o establecimiento debidamente autorizado por la SESPAS (hoy MISPAS). Dos, la prescripción indiscriminada de antibióticos de amplio espectro por el personal médico, sin responder a la farmacología básica. Uso de antibióticos en procesos gripales, de amplio espectro y de ultima generación en infecciones donde están establecidos medicamentos de primera generación. Tres, la promoción indiscriminada de medicamentos, incluso por medios masivos. En noviembre de 2022, el director de Epidemiología, Ronald Skewes, explicó que una resistencia a antibióticos puede desencadenar enfermedades más prolongadas, aumentando así el costo por hospitalizaciones con estadías más largas en los centros de salud, también pueden producir discapacidad y muertes. Refirió Skewes que el 80 % de los países de la región oferta la venta libre de antibióticos sin receta, y República Dominicana no es la excepción”. Por ello el epidemiólogo planteó que “Hay que sensibilizar a la población sobre el uso apropiado de los medicamentos”, agregó Skewes. Eso es cierto, pero hay que obligar al personal médico a cumplir los protocolos y el cuadro básico de medicamentos, y con ello se reducirá el uso indiscriminado de los antibióticos, y detener la epidemia silente y en curso de la resistencia antimicrobiana. El Viceministro de Salud Colectiva del MISPAS, doctor Eladio Pérez dio datos de esa epidemia silente en el 2022. Veamos: “En el caso de la bacteria Escherichia coli (E. coli), anteriormente se trataba con ciprofloxacina, pero hoy día la resistencia a este fármaco aumentó de un 8 % al 92 %, perdiendo la efectividad casi por completo. Las infecciones por Klebsiella, bacteria causante de infecciones del tracto urinario y del tracto biliar, pasaron a registrar un 79.4 % al ser tratadas con antibióticos, cuando anteriormente, solo un 4 % de los tratamientos resultaban ineficaces.” (https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/4079394/autoridades-salud-alertan-sobre-consumo-indiscriminado-antibioticos) En un estudio en la comunidad de Paya en medio-Baní, durante el período agosto-octubre 2018 que el 46% utilizó antibióticos en los últimos 3 meses. El 68% de los infantes que consumieron antibióticos lo obtuvieron bajo prescripción médica y el 32% lo obtuvieron por venta libre. El antibiótico de mayor consumo fue la Amoxicilina. El motivo que mayor uso de antibiótico requirió fue relacionado a síntomas del aparato respiratorio (https://revistas.intec.edu.do/index.php/cisa/article/view/1331). Podemos pensar, que la prescripción medica es la principal causa de uso innecesario de antibióticos. La Sociedad Dominicana de Infectología ha advertido sobre el uso inapropiado de los antibióticos tanto en la producción agrícola, cárnica, así como por parte de los seres humanos ha provocado que la resistencia antimicrobiana que llega al punto de que hay bacterias que son resistentes a todos los antibióticos, por su uso indiscriminado. Según declaración de la doctora Clevy Pérez en 2021, en República Dominicana los estudios realizados sobre bacterias resistentes son de manera terciaria, es decir, de centros hospitalarios específicos. A esta declaración de la doctora Pérez agregamos que, muchos de esos hospitales son docentes, forman especialistas y a los médicos en formación, con lo cual la situación es más grave, porque la distorsión está en el proceso formativo, proceso en el que inciden las universidades, el ministerio de educación superior y el propio ministerio de salud, y el servicio nacional de salud. Un estudio realizado en el país puso en evidencia que más del 80% de los especialistas y médicos generales de diferentes regiones del país, y que laboraban tanto en centros públicos, como privados, respondieron inadecuadamente en cuanto al uso apropiado de antibióticos como la penicilina, cefalosporina, aminoglucósidos, macrólidos, quinolonas y vancomicina. (http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-06672015000100015) A la resistencia antimicrobiana por el uso abusivo de antibióticos hay que agregar el aumento de los costos, que en el país recaen sobre los bolsillos de la ciudadanía, que cubre de manera directa el 50% de estos. Y como los pobres dedican en más de un 60% de sus gastos en alimentos, los aumentos en los costos de los medicamentos son cubiertos con la reducción del consumo de alimento, es decir, con hambre. Como cada día aumenta el uso de antibiótico, nos encontramos frente a una pandemia silenciosa, que a nivel mundial viene siendo medida, pero que en el país apenas iniciamos la organización del combate al uso indiscriminado de antibióticos, que trae consigo la resistencia antimicrobiana, lo que quiere decir que los antibióticos se hacen inservibles.

PANDEMIA DE COVID 19 Y DERECHOS HUMANOS

Por Gregorio Moya E. La situación de crisis sanitaria y sus secuelas económicas, sociales e institucionales son de gran impacto, y afectan los derechos humanos. En la mayoría de los países, incluyendo la República Dominicana, el ordenamiento jurídico contempla que ante situaciones de emergencia como es una epidemia, limitar o derogar algunos derechos con el fin legítimo de proteger la salud pública, pero esta limitación no es una carta en blanco, que borra todos los derechos. La limitación de derechos, que es votada por el poder legislativo debe estar acorde con el objetivo de proteger la salud pública, debe ser necesaria, efectiva y basada en la evidencia, no puede ser ni generar arbitrariedades y discriminación. Y es que la declaratoria de emergencia, desde marzo 2020 a la fecha, está siendo utilizada de forma tal que se extralimitan las autoridades, sobre todo policiales y militares, golpeando hasta la tortura, apresando y reteniendo en la cárcel, imponiendo multas ilegales, violando domicilios, todas otras violaciones de derechos, sin ninguna justificación basada en la evidencia como medida de protección de la salud pública. Pero lo que es peor, los apresamientos, abarrotar las cárceles constituyen acciones que aumentan los riesgos de contagio, que es lo que supuestamente se busca enfrentar. Como dice la Federación Internacional de los Derechos humanos, la situación es tal, que la pandemia de Covid-19 ha sido una excusa para las autoridades “aumentar ilegalmente sus prerrogativas, retener el poder, controlar a su población y atacar los derechos fundamentales y las libertades individuales. La crisis ha afectado de manera desproporcionada a la población más vulnerable y ha agravado la falta de protección por parte del gobierno”, https://www.fidh.org/es/. Hay que recalcar que hay derechos fundamentales que no admiten derogación, y su violación es mucho más pernicioso que el fin de protección que supuestamente se propone. El derecho a la vida, el derecho a la integridad y a no ser torturado ni encarcelado ni retenido sin causa justificada, son derechos que no puede derogar ninguna ley de emergencia. La violación sistemática de derechos fundamentales cometidos por la policía en República Dominicana socava el orden público, porque el respeto a los derechos humanos forma parte del orden público, de acuerdo a los Principios de Siracusa.

Desescalada mal preparados

Desescalada mal preparados

Por Gregorio Moya E.

La apertura gradual de la actividad económica se realiza por parte de las autoridades mal preparadas, toda vez que el gobierno no sabe a ciencia cierta la dinámica real del comportamiento de la epidemia.

Lo de San Francisco de Macorís fue una bomba que le explotó a las autoridades en la cara, y cuando vinieron a actuar ya la circulación comunitaria fue casi incontrolable, gracias a la actuación de la sociedad francomacorisana se contuvo la situación, que actuó con presteza con acciones de reclamo a las autoridades y también con acciones de solidaridad.

En la capital, en La Ciénega explota una situación donde de 100 pruebas, 26 fueron positivas, pero luego, otras pruebas resultaron negativas. Esta incoherencia el gobierno la maneja con incapacidad y con manus militaris, para tapar dicha incpacidad.

En Villa Juana, el reconocido médico cardiólogo e internista Pedro Ureña de 314 pruebas realizadas el domingo 10 de mayo, el 40 % arrojó resultados positivos. En Villas Agrícolas la situación es similar, así como en otros barrios.

Por otra parte, las denuncias de desatención y abandono de pacientes en sus hogares es muy grande. Incluso personas activas, educadas tienen que esperar una y dos semanas para recibir los resultados de las pruebas, cuando las mismas pueden ser entregadas en 24 horas, pueden ser enviadas a los pacientes por whatsapp o por teléfono.

Las Unidades de atención primaria están trabajando con más deficiencias que con las que trabajaban antes. La salud colectiva, esa que es prevención de la salud es un desastre.

El gobierno admite que no tiene pruebas suficientes. Aunque se han anunciado millones de mascarillas, todavía vemos en las calles personas con trapos en la cara o mascarillas que no protegen lo suficiente.

En los comercios y empresas no vemos medios de rastreos de la pandemia como son termómetros, tampoco se están realizando cuestionarios a los trabajadores que están siendo activados para conocer su sintomatología.

El transporte no ha sido preparado. Vimos las aglomeraciones del metro, el protocolo general y especial, no hay que lo supervise y lo haga cumplir en el sector económico. Está a la buena intención de los empresarios, los cuales con la destrucción de sus inventarios y tejido económico están más preocupados por mantener sus empresas, y los trabajadores por no poder su empleo.

En fin, estamos haciendo una reapertura de la economía sin ninguna preparación por parte de las autoridades, lo cual puede ser causa de un repunte de la epidemia con una curva ascendente, que podría ser peor.