Avances y retrocesos en la lucha por justicia reproductiva en el mundo

marzo 6, 2024 Por María Paula Houghton La lucha por justicia reproductiva nos hace recordar la historia de Sísifo. Cuando creemos conseguir nuestra meta, nos enfrentamos a una nueva lucha para defenderla y a volver a empezar porque una corte judicial de un plumazo, ha echado por la borda nuestros derechos. Debemos luchar para que los derechos conquistados en el papel se conviertan en una realidad para las personas de todas las clases, razas, nacionalidades y contextos. El concepto de Justicia Reproductiva nace en 1994 cuando un grupo de mujeres negras se cuestiona los marcos políticos y estratégicos del “derecho a decidir”, usado por lo general para defender el derecho al aborto. Por considerar por un lado, que es necesario defender no solo el derecho a no ser madre, sino el derecho a serlo con todas las garantías; y adicionalmente por entender que el acceso a derechos sexuales y reproductivos, no está únicamente ligado a la opresión machista o de género, sino a otros contextos, y a otras formas de opresión como el racismo y la xenofobia, y las diferencias de clase social; también en este marco se puede relacionar la lucha por justicia ambiental, económica, etc. Por eso, aunque no es un concepto proveniente del marxismo, es usado hoy en día para dar un marco más amplio al tema de los derechos sexuales y reproductivos, más allá del derecho al aborto. ¿Qué es la justicia reproductiva? El derecho a tener un hijo, el derecho a no tener un hijo y el derecho a criar a tus hijos. Todo el mundo debería tener eso. No es tan difícil de explicar, es simplemente difícil de lograr. Loretta Ross Y es que en el sistema capitalista, no únicamente se controla la capacidad reproductiva de las mujeres, se oprime y se instrumentaliza. Al tiempo que la maternidad se ensalza, no existen realmente condiciones para criar a los hijos, no solo por las largas jornadas de trabajo, falta de acceso a medicinas, alimentos y escuelas; sino también por el riesgo de que sea asesinado a causa de la crisis social, asesinado por el Estado como sucede en muchos países como Brasil, Colombia, o Estados Unidos (en especial si se trata de personas no blancas), o víctima de un genocidio si eres palestina. El derecho a ser madres y no solo a no serlo, ha sido controlado y atropellado en varias ocasiones de la historia reciente. Por ejemplo en los 60`s, los estados de Illinois, Iowa, Ohio, Virginia y Tennessee en los Estados Unidos, consideraron leyes de esterilización obligatoria para madres negras con asistencia social. También es conocido el fallo contra el estado peruano por la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas. Tales prácticas sucedieron a diferentes escalas en todo el continente. Esto quiere decir que, quienes abogan o abogamos por justicia reproductiva, no nos conformamos con luchar por leyes que legalicen y garanticen el aborto, si bien esta es una reivindicación fundamental, sino que buscamos eliminar todas las formas de opresión que hacen que a este nivel exista cualquier injusticia. Pero así como buscar solo el derecho al aborto es insuficiente para lograr justicia reproductiva, la justicia reproductiva no puede conseguirse de manera total en el marco del sistema capitalista de explotación. Por eso para nosotras las mujeres socialistas, la justicia reproductiva, y la justicia social en general, solo pueden ir de la mano con la liberación de la humanidad, y la destrucción del sistema capitalista; en ese sentido vamos aún más allá de este concepto u objetivo de la justicia reproductiva. No concebimos un capitalismo con justicia social; igualmente el derecho a ser o no madres, no lo concebimos únicamente como un tema de justicia, sino que también lo consideramos un asunto de libertad. Mientras una ultra minoría defina los destinos de la humanidad, existan guerras por el control de territorios y mercados y los avances de la ciencia se usen para destruir y para crear nuevas desigualdades, será utópico pensar en un mundo donde podamos tener un verdadero control sobre nuestra capacidad reproductiva y nuestras vidas. Igualmente, para nosotras, la contradicción de clase es fundamental y la ubicamos en un lugar diferente a las formas de opresión de género, raza, etc, al estar en corazón del sistema capitalista, que a su vez utiliza todas las demás formas de opresión. Para nosotras, es claro que la justicia social y reproductiva solo se podría alcanzar en una sociedad socialista, lo que no implica no luchar ahora mismo por derechos, avances y las mejores condiciones posibles. ¿Cuál es el origen y la causa de la opresión reproductiva sobre las mujeres, y por qué esta se exacerba durante las crisis económicas? En el mundo capitalista, las mujeres proporcionan un apoyo fundamental para el capitalismo fuera del lugar de trabajo, a través de su trabajo no remunerado. Esto se hace mediante la reproducción de la fuerza de trabajo con la maternidad y la crianza, y también mediante su sostén a través de todas las actividades de cuidado. Pero sabemos que la opresión a las mujeres y el control sobre su sexualidad/reproducción, son anteriores al capitalismo. La verdad es que la mujer no nació oprimida, ni es oprimida de manera natural por los hombres a causa de su capacidad reproductiva. Fue justamente, como lo dedujo Engels, con el nacimiento de la propiedad privada y las sociedades de clases, cuando la mujer empezó a tener un lugar subordinado. Su maternidad antes motivo de valor, se convierte en motivo de su inferiorización. Antes de esto, la mujer controló de diferentes maneras su maternidad recurriendo a distintos métodos abortivos, a prolongar la lactancia, etc. En la sociedad capitalista si bien la mujer consigue salir de los límites de la familia y vuelve a tener un lugar en la producción social, lo hace de manera subordinada. Su salario se considera secundario o complementario del del hombre; y nunca a pesar de trabajar a tiempo completo, es liberada de sus labores domésticas. Cuando se presentan crisis económicas, las mujeres están en la primera fila de los despidos, reducción de salarios y precarización. Se reproducen ideologías de que la mujer debe estar en el hogar, y se hacen de nuevo esfuerzos por controlar su capacidad reproductiva. Se hacen ofensivas para despojarla de sus derechos y evitar que tenga autonomía. Al mismo tiempo, la dependencia económica la hace vulnerable, víctima fácil de la violencia intrafamiliar o presa fácil del tráfico sexual. Situación del aborto y los derechos reproductivos en el mundo Mucho tiempo ha pasado desde aquel histórico decreto de los bolcheviques que en 1920 despenalizó el aborto en Rusia. Aunque en tiempos de los bolcheviques no existía el término justicia reproductiva, ellos entendieron el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la reproducción mejor que ningún otro gobierno o dirección de la actualidad, bajo dos conceptos fundamentales. El primero, la relación entre el derecho al aborto, las muertes por abortos inseguros, el derecho a la maternidad con garantías, y el contexto socioeconómico de las mujeres; y el segundo, la relación indisoluble entre la libertad y autonomía de las mujeres con su rol reproductivo. Para Lenin y las mujeres del Partido Bolchevique, era imposible liberar a las mujeres, y desarrollar su potencial intelectual, político y humano, sin otorgarles el control sobre su maternidad. Para eso no solo derogaron la penalización del aborto y todas las leyes antifemeninas, sino que además se propusieron un plan para erradicar las bases estructurales de la desigualdad (creando además guarderías, comedores, lavanderías comunitarias), en busca de una sociedad donde fuera posible no solo no tener hijos, sino tenerlos y criarlos dignamente. Lamentablemente, este proceso fue interrumpido por la contrarrevolución estalinista, y posterior restauración capitalista; hoy Rusia es uno de los países con leyes más restrictivas en derechos sexuales y reproductivos, teniendo leyes antiLGBTI ultra reaccionarias. Es un crudo ejemplo de cómo nuestros derechos siempre han estado en el centro de las luchas, avanzando y retrocediendo. Desde entonces, y siempre a través de la lucha de nuestra clase en diferentes momentos, hemos conseguido muchas conquistas a nivel mundial, con desigualdades de país a país. La igualdad formal o legal de las mujeres es una realidad de casi todo el mundo occidental. Pero a pesar de ello hoy siguen existiendo tanto la explotación capitalista, como la opresión machista, agravadas por la crisis ambiental propiciada por el imperialismo depredador, y que afecta especialmente a la clase trabajadora y dentro de ella con más fuerza a los sectores oprimidos. Las mujeres llevamos la peor parte de los planes de ajuste, siendo las primeras en ser despedidas. Una de las razones que motivó la decisión de los bolcheviques, fue el hecho ya entonces probado, de que la penalización del aborto no evita su práctica, sino que por el contrario aumenta las muertes de las mujeres más pobres y vulnerables, quienes se realizan el procedimiento de manera clandestina e insegura. A inicios del siglo 20 y casi hasta el final del mismo, los pabellones de ginecoobstetricia del mundo tenían alas completas para atender a las “sépticas” (infectadas), muchas de ellas se introducían plantas, alambres y ganchos para en medio de su desesperación, terminar sus embarazos. Esto llevaba a muchas muertes, mutilaciones y complicaciones. Por fortuna, hacia la década de los 90, se hace extensivo en el mundo tanto en el mercado legal como ilegal, el uso del medicamento misoprostol para inducción del aborto, y otros tratamientos relacionados con la salud femenina; gracias a esto hubo una caída drástica de la mortalidad y las complicaciones. Estas aun se presentan aunque de una forma menos dramática. Las recientes victorias Si bien en Francia, el derecho al aborto legal existe desde 1975, el 2024 inicia con una buena noticia para las mujeres francesas. El parlamento ha votado a favor de incluir este derecho de manera explícita dentro de la constitución; aun tiene que pasar por el Senado, de mayoría conservadora, para ser elevado a derecho constitucional, pero esta sola votación es un importante triunfo político. También el plazo para abortar fue aumentado de 12 a 14 semanas, siendo aun restringido. Otra victoria importante se obtuvo en el 2023, en México, donde la Suprema Corte despenalizó el aborto a nivel federal (ya se había despenalizado en el Distrito Federal y en el estado de Coahuila). En 2022, en Colombia luego de una lucha liderada por el movimiento Causa Justa y a pocos meses del estallido social conocido como Paro Nacional, el aborto se despenalizó completamente hasta las 24 semanas y parcialmente hasta el final del embarazo (ya existía un modelo previo de causales desde 2006). Convirtiéndose estos dos países en unos de los más avanzados del mundo, al nivel de Reino Unido, Canadá o Cuba, que cuentan desde hace varios años con legislaciones liberales en la materia. En otros países se ha obtenido fruto de enormes movilizaciones, una legalización parcial durante el primer trimestre como es el caso de Argentina, y Uruguay. En el continente americano Canadá, Guayana y Guayana Francesa también tienen leyes que habilitan el aborto legal libre. En Brasil desde el 2023 se está debatiendo la despenalización hasta la semana 12, siendo la decisión aplazada por el Tribunal Supremo. Actualmente el aborto solo es legal por causa de violación y su acceso es limitado. Retrocesos Sin embargo, en 2022 se dio quizá el retroceso en materia de aborto más grande de la historia, desde la pérdida de este derecho en la antigua URSS. Este gran retroceso histórico, es la caída de la sentencia Roe vs Wade en Estados Unidos, en pleno corazón del imperialismo y de la democracia burguesa. La Corte Suprema, retrocedió una sentencia de más de 50 años, mostrando con un crudo ejemplo de que en el capitalismo todos los derechos son parciales y están amenazados por firmes que parezcan, en especial los de las mujeres. Este fallo cambió el panorama de los derechos reproductivos a nivel continental, afectando gravemente a miles de mujeres, en especial las niñas, las negras y las migrantes. Miles de mujeres se ven obligadas a viajar entre estados por enormes distancias, otras a recurrir a prácticas inseguras o asumir maternidades forzadas. El este de Europa Polonia es uno de los países europeos que cuenta con una legislación más restrictiva sobre el aborto. Un gran retroceso se dio cuando el Tribunal Constitucional en octubre de 2020 ilegalizara el aborto en caso de embarazo inviable. Ahora únicamente se permite cuando la vida o la salud de la mujer embarazada corren peligro o cuando el embarazo es consecuencia de una violación. Esto luego de que en 2016 una multitudinaria huelga de mujeres impidiera el paso de un proyecto que lo prohibía totalmente. En Hungría por su parte, desde 2022 entró en vigencia la ley que obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de abortar, esta práctica es reconocida como una forma de violencia obstétrica. En este país es posible abortar hasta la semana 12 de gestación. Argentina El derecho hace pocos años conquistado por las mujeres argentinas, con enormes movilizaciones conocidas como la marea verde, que prendieron de hecho la llama de la lucha en todo el continente sirviendo como ejemplo y apoyo para casos como México y Colombia, está en riesgo ahora con la llegada del ultra derechista Milei, al gobierno. Se dio a conocer un proyecto de ley presentado por un puñado de diputados de la Libertad Avanza que busca derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Será necesaria la lucha organizada de todas las mujeres y la clase trabajadora argentina para detenerlo. Restricción total Persiste una situación grave en países como R. Dominicana, en El Salvador y en general en Centroamérica, así como en la mayor parte de los países africanos; donde la legislación prohíbe el aborto completamente o lo permite solo en caso de riesgo inminente para la vida de la mujer. Incluso en El Salvador, se presentan casos de cárcel por abortos espontáneos o muertes de neonatos, llegando incluso a condenarse a la mujer por el delito de homicidio. Esto a pesar de que ya se ha demostrado de manera científica que la prohibición del aborto no disminuye su práctica, sino que condena a las mujeres más pobres al aborto clandestino e inseguro, con severas consecuencias para la salud e incluso la muerte. El aborto inseguro fue una de las principales causas de muerte materna en el mundo durante la pandemia. Las consecuencias físicas, emocionales y legales del aborto clandestino e inseguro, muestran que este es un problema fundamentalmente de género y clase, pero también de raza. Las mujeres que cuentan con la capacidad adquisitiva pueden viajar para realizarse un aborto legal en otro país o región, o pueden pagar un aborto clandestino pero seguro. Estas legislaciones restrictivas afectan de manera desproporcionada a las niñas, las negras, las indígenas, las campesinas, las refugiadas y las migrantes, así como a los hombres trans y las personas no binarias con capacidad de gestar; quienes no solo ponen la mayoría de las muertes, sino que, además, son en mayor medida criminalizadas en los países donde existe la persecución activa por este delito. Un derecho constantemente amenazado Existe una presión constante de organizaciones anti derechos que actúan como una red organizada alrededor del mundo, asociada y articulada a la presión de la agenda de los grupos de la extrema derecha en el mundo; que actúan no solo a través de los partidos como Vox en Estado Español, sino a través de organizaciones que posan de benefactoras, y de las iglesias en especial de las evangélicas pentecostales y el catolicismo. En los países semicoloniales estos grupos reciben subvenciones de sus contrapartes en los países imperialistas. Es el caso de la campaña 40 días por la vida, que tiene presencia en más de 65 países y cuenta con un millón de voluntarios, en general personas reclutadas en sus lugares de oración; que son fácilmente adoctrinadas, y ejercen acciones no solo de incidencia sino de directo hostigamiento en contra de las mujeres que abortan y el personal de salud. Lo hacen con argumentos falsos como el supuesto dolor fetal en momentos de la gestación donde esto es imposible, o el supuesto síndrome posaborto que ha sido desestimado por la psicología, y la psiquiatría. Pero no todos los grupos actúan mediante la oración y el hostigamiento, incluso este tipo de organizaciones ha llegado a cometer acciones terroristas en contra de centros de salud prestadores de aborto, en especial en los Estados Unidos. La realidad que observamos en la mayoría de los países donde existe el derecho al aborto total o parcial, es que al igual que ocurre con otros derechos sexuales y reproductivos, las mujeres enfrentan innumerables barreras de acceso y el derecho al aborto es susceptible de retroceder. Esto es así porque bajo el capitalismo, todos nuestros derechos son parciales y están constantemente amenazados mientras no sea la clase trabajadora la que esté en el poder. No es raro que, el derecho al aborto sea utilizado como moneda de cambio electoral, prometido en la campaña de los más liberales, y estigmatizado y con promesas de hacerlo retroceder en las campañas de la derecha. Cuando gobiernos “progresistas” llegan al poder, lo primero que negocian para garantizar la gobernabilidad es el derecho al aborto; cuando llega al poder la derecha lo primero que hace es eliminar el derecho o al menos intentar impedir el acceso o restringirlo. Pero el derecho al aborto también se ve afectado diariamente, por un problema que amenaza a toda la clase trabajadora y el pueblo pobre, y que afecta con mayor intensidad a las mujeres: la desfinanciación y privatización de los sistemas de salud. Durante la pandemia, los límites de los sistemas de salud en el mundo fueron puestos en evidencia con absoluta claridad, y también las diferencias entre los sistemas privatizados y los que aún conservan niveles de asistencia pública. Un ejemplo es el Estado Español, donde pese a la reforma de la Ley del aborto en vigor desde marzo, no hay garantías de ejercer este derecho en la sanidad pública, tal como recoge la reforma. Según datos oficiales, el 84,3% de las IVE en 2021 se realizaron en la red privada, actualmente hasta en cinco comunidades autónomas todas las interrupciones de embarazo se siguen practicando en clínicas y hospitales privados y miles de mujeres se ven obligadas a salir de su provincia para poder abortar. Igualmente pasa en Colombia, donde tras 18 años de la despenalización por causales, y dos años de la despenalización total hasta las 24 semanas; la mayoría de mujeres siguen buscando realizarse el aborto por fuera del sistema de salud, y se presentan todo tipo de barreras para el acceso en especial para las negras, indígenas y campesinas. Los servicios de maternidad, anticoncepción y aborto fueron recortados en la mayoría de los países del mundo para desviar los recursos hacia la atención del Covid. Por eso la lucha por el aborto legal y seguro, está atravesada por la lucha por el derecho a la salud para toda la clase trabajadora. Ni siquiera en los países con las legislaciones más progresistas tocan la llamada objeción de conciencia, que es un obstáculo para impedir que las mujeres ejerzamos nuestro derecho a abortar. La objeción de conciencia debe garantizar la prestación del servicio por otro profesional, y nunca se debe traducir en obstrucción de la misma. Pero lo que ocurre es todo lo contrario, la objeción de conciencia se utiliza en diferentes países del mundo como una verdadera barrera y como excusa para impedir el aborto, incluso llegando a casos donde la niña o mujer han sido secuestradas por el hospital para obligarlas a continuar el embarazo. Incluso hay países donde se permite la objeción de conciencia institucional o colectiva, lo cual es totalmente contrario a los principios que rigen este derecho. Por supuesto y aunque algunas leyes lo contemplen en el papel, tampoco se garantizan de forma universal anticonceptivos fiables y gratuitos en la sanidad pública para no abortar y menos aún existe una educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas, para prevenir embarazos no deseados. Esto por el peso social de la iglesia en todo el mundo, por la falta de voluntad política, así como por los recortes en Educación. La lucha debe ser de clase, unificada e internacionalista De todo lo dicho podemos concluir que la lucha por justicia reproductiva está ligada a la lucha general contra la opresión machista, contra el racismo, por los derechos de la clase trabajadora a una atención en salud digna, por los derechos de los trabajadores de la salud, contra las privatizaciones y los planes de ajuste y a la propia lucha por el socialismo. Negar el acceso al aborto libre, seguro y gratuito, así como a una atención sanitaria materna decente, refuerza los aspectos más reaccionarios de la vida familiar bajo el capitalismo. Este sistema capitalista en crisis necesita regular y controlar nuestros derechos reproductivos para garantizar que se lleve a cabo la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero al mismo tiempo, trata de que esto se haga al menor coste posible para la burguesía y los gobiernos a su servicio. Por eso, desde la LITCI, no consideramos que la pelea por aborto libre, seguro y gratuito, así como por maternidades libres y deseadas sea sólo de las mujeres, sino de toda la clase trabajadora. Se trata de una expresión de la lucha de clases sobre la reproducción de la fuerza de trabajo, y más concretamente sobre quien controla y con qué criterio, el poder reproductivo de la clase trabajadora: la clase dominante y el Estado, o las mujeres de la clase trabajadora, las comunidades LGBTI y sus familias, es decir nuestra clase. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de la clase trabajadora y la juventud a luchar por el pleno acceso de las mujeres al aborto y a la totalidad de los derechos reproductivos que incluyen los permisos plenos de maternidad y paternidad, las guarderías públicas, el acceso universal a la contracepción y a la educación sexual entre otras cosas. Esta demanda debe ponerse en relación con otras luchas de nuestra clase y no puede darse únicamente en el marco de las fronteras nacionales, sino que debe ser articulada a nivel internacional.

FRANCISCO ORTÍZ: UN CRIMEN QUE NO DEBE SER OLVIDADO

Por Gregorio Moya E.

Francisco Ortiz, asesinado por defender el río Tireo de las granceras que extraen de forma impune arena no debe ser olvidado.

Junto con los que cometieron el crimen, deben ser traducidos a la justicia popular lo que matan los ríos extrayendo de sus entrañas la materia que sustenta sus aguas, que permiten llevar las aguas a la distancia, para nutrir las plantas, los animales y a las personas.

¿Por qué votaré por Guillermo Moreno? (1)

Por Gregorio Moya E.

La mayoría de los llamados debates que tanto ha sido ponderados no han sido tales. La mayoría de los que debatieron discutieron diferencias superficiales e intrascendentes, o propuestas inviables como la de eliminar los impuestos de los émulos de Trump y Miley en el país. Lo que debatieron fueron sus grandes coincidencias, con excepción del doctor Guillermo Moreno que en debate de los candidatos al Senado defendió causas populares y que expresa su compromiso con la clase trabajadora del país.

Guillermo Moreno defendió la cesantía y planteó que defendería este derecho de manera firme y comprometida. Esto se corresponde con una actitud coherente del líder aliancista, que ha acompañado a los sectores organizados de la clase trabajadora cuando desde la patronal se ha intentado arrancar esta conquista lograda con la lucha. Igualmente, el presidente de Alianza País y candidato a Senador por el Distrito Nacional de más de una veintena de partidos, se colocó en la demanda de una modificación de la ley 87-01 del sistema dominicano de la seguridad social. Esta posición de Guillermo Moreno es la continuación de la militancia de su partido y de él mismo en la lucha por la una seguridad social digna, que proteja a la clase trabajadora y a la población que se vea en condiciones de necesidad y amerite la solidaridad institucional de la seguridad social.

Guillermo Moreno, como candidato también se identificó con un aumento del presupuesto del Estado en salud, de acuerdo a lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es vinculante en cuanto a la presupuestación del Estado, aunque esto no ha sido observado por los gobiernos y congresos que hemos tenido. Sin dudas que el Senador Guillermo Moreno tendrá la oportunidad en este mismo año de honrar, como ha sido su conducta este compromiso, siendo coherente con su trayectoria. Otra de las razones por las que votaré por Guillermo Moreno es porque frente a las TRES CAUSALES, respeta el derecho de las mujeres a decidir en caso de incesto, violación o cuando la vida de ellas o la viabilidad del bebe por nacer estén en comprometidas. Es decir, en este tema, Guillermo Moreno pone en primer lugar los derechos colectivos sobre lo individual.

Guillermo Moreno no es solo un destacado jurista, de demostrada capacidad de gestión, un conocedor del sistema judicial como abogado, fiscal, docente e investigador. Guillermo Moreno ha estudiando la sociedad dominicana y en su andar ha diseccionado la misma, y ha hecho propuestas en base a las averiguaciones sistemáticas que ha realizado, escuchando a especialistas, analizando datos y dialogando con sectores de la sociedad dominicana, y participando activamente en las luchas, con modestia, respetando los espacios de las organizaciones sociales.

Finalmente, votaré por Guillermo Moreno porque va a desempeñarse como un congresista en serio, con el que se puede diferir, pero por su trayectoria, se sabe que será un trabajador en el Congreso, que no va a votar por proyectos sin leerlos y que no levantará la mano ante la presión de un “voten honorables”.

Arena, agua y muerte: se repite la historia como tragedia

Por Gregorio Moya E.

Fue asesinado el agricultor Francisco Ortiz, quien desapareció la madrugada del jueves 11 de abril, cuando trató de impedir la extracción de arena en el río Tireo, del municipio del mismo nombre en Constanza. Por defender el río este agricultor fue asesinado. Esta es una historia que se repite, pero otra vez como tragedia, tragedia que se lleva una vida útil y al servicio de los demás. Así ocurrió el 12 de octubre de 1998, cuando fue asesinado Sixto Ramírez por ser defensor del río Nizao junto con el movimiento ambientalista, del que formaba parte, el cual lucha desde décadas contra la extracción de arena que descarna los ríos, produce inundaciones y daños generalizados.

Arena, agua y muerte, así tituló la periodista Virginia Rodríguez en el Listín Diario un trabajo periodístico el 19 de agosto de 2017, en la que trata sobre la extracción de arena por las granceras, las disposiciones gubernamentales de protección de los ríos nunca cumplidas y la represión y muerte que los asesinos de los ríos, asesinan también a los defensores de la sangre de la tierra y sus venas que son los ríos. Esta historia que se repite, muestra también la insensibilidad e irresponsabilidad de las autoridades, al no disponer medios y recursos para proteger los ríos y cumplir sus propias leyes, con lo cual, son las comunidades y los ecologistas quienes se ven obligados a defender estas fuentes de vida, pagando con represión, cárcel y hasta con sus vidas como es el caso reciente del agricultor Francisco Ortíz, y con el no bien recordado Sixto Ramírez. Hay que decir, que las autoridades actúan o reprimiendo a los defensores de los ríos, haciéndose de la vista gorda frente a los granceros y sus matones, que cometen estos crímenes, siendo por ellos también victimarios. Arena, agua y muerte, a lo que hay que agregar, grandes ganancias para los dueños de las granceras y sus socios políticos de los partidos tradicionales que han gobernado el país en las alcaldías, el congreso, el ejecutivo y la justicia. Esta actividad económica de las granceras no necesita ninguna capacidad para emprender, con solo la complicidad de las autoridades y rodearse de matones que golpean y matan a los defensores de los ríos. La extracción de arena de los ríos refleja el subdesarrollo del país, al depender la industria de la construcción de una actividad económica recolectora, que no crea ni agrega valor en el proceso, que por el contrario degrada, que no es un proceso productivo, sino esencialmente extractivo, con lo que se asemeja a la montería, al hato y la tala de caoba, actividades económicas que fueron un cuello de botella en el desarrollo nacional.

El crimen de las granceras es múltiple. Primero produce un impacto nocivo en el medio ambiente. Segundo es una actividad económica que no necesita uso de la ciencia y la técnica y que como dijimos no crea ni agrega valor, por lo que no contribuye al desarrollo y mantiene a las comunidades y sus propios trabajadores en el atraso. En tercer lugar, por su carácter atrasado y de reconocida nocividad, las granceras actúan como mafias, extorsionando, comprando autoridades, usando la violencia y la criminalidad para imponerse en las comunidades.

La extracción de arena por las “granceras” para el año 2000 era 10,000 m3 diarios en la cuenca baja del río Nizao y 14,000 m3 diarios en el valle del Cibao. Esta actividad depredadora “se realiza generalmente con mala planificación y extracción caótica, sin reclamación posterior salvo en caso de algunas empresas. La extracción no regulada de materiales en orillas de los ríos provoca la destrucción de las franjas boscosas de protección (Díaz y Hernández, 2006; y Geilfus, 2002)”. Cuando el cauce de un río tiene suficiente material granular, estos componentes sirven de obstáculo para que las aguas corran con menos fuerza y velocidad cuando vienen las escorrentías. “Por eso es que es un crimen cuando tú le sacas a un río todo el conglomerado, porque lo pone liso”, dice el ingeniero Augusto Rodríguez, miembro de la Sociedad Dominicana de Geología. (https://periodismoinvestigativo.com/2019/04/la-impunidad-mengua-los-rios-dominicanos)

La extracción de arena de los ríos “influencian las tasas de erosión, sedimentación y contribuyen a la vulnerabilidad frente a sequías e inundaciones, constituyéndose así en una amenaza importante a la conservación forestal. Asimismo, las operaciones mineras provocan una modificación del paisaje por remoción de materiales, generando creación de barrancos y excavaciones”. (Díaz y Hernández, 2006). Los ríos se forman por la erosión que produce el agua por la superficie de la tierra, proceso que además de la erosión, el curso del agua arrastra materiales que se van depositando en esos canales que luego serán los causes de los ríos, hasta un momento en que el discurrir del agua alcanza un equilibrio no erosionan sus orillas ni el cauce o fondo del mismo. La erosión rompe ese equilibrio, en que no se produce ni erosión ni sedimentación, solo el transporte del agua. Francisco Ortiz, agricultor, generador de riquezas, por su actividad, por sus aportes, está en los antípodas de las granceras depredadoras y sus cómplices. Su vida productiva y compromiso manifiesto con el medio ambiente reclama que su martirio no quede impune, que sus asesinos sean traducidos a la cárcel, y que los depredadores de los ríos paguen por su crimen de lesa naturaleza y lesa humanidad.

De la tragedia de la victoria, todos los gobiernos son culpables

Por Gregorio Moya E.

Allí, bajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas, fabrican, tejen, hunden. -Miguel Hernández, Poeta presidiario y mártir- La prensa trae la noticia de que subieron a 12 este miércoles 20 de marzo de 2024, los privados de libertad fallecidos como consecuencia del incendio registrado en la Penitenciaria Nacional de La Victoria. Esperemos que “el telar de lagrima” no sea estéril como dijo el poeta. Ojalá que la semilla de la tragedia caiga en buena tierra, que encuentre el suelo fértil que no ha encontrado en esta sociedad y los gobiernos que ha tenido. Porque nada justifica la vida calcinada, la muerte socialmente distribuida como siempre, y la desidia, la indiferencia de la sociedad, sus partidos, sus iglesias, clubes, sindicatos, los gobiernos y la sociedad civil, con honrosas excepciones. Y esto no es un resultado del azar. No. “La causa última de los problemas de las cárceles, de los problemas de la inmensa mayoría de las personas que se encuentran en ellas, es la pobreza y marginación existentes en nuestra sociedad, y por tanto la injusticia social generada por el sistema capitalista (en otros aspectos tan eficaz)” . Las cárceles juegan un papel fundamental en la dominación. Ante la repetida tragedia de las muertes multiplicadas en las cárceles, ante el debate de los antiguos gobernantes y los actuales, entre ese tirarse la culpa a unos y otros, hay que decir que todos son culpables, a todos le importa un carajo que pasa en las cárceles, porque, en fin, por más que se rieguen los presos, están controlados, aislados, apestados, sin derechos, ni siquiera a la vida, ya no a la dignidad, la cual se las han arrancado como ropa a las personas violadas.

Las declaraciones del presidente del Senado, una amenaza al derecho a la seguridad social

Por Gregorio Moya E.

El Congreso Nacional no fue capaz de atender las demandas mayoritarias presentada por las organizaciones sociales, gremiales, de pequeños y medianos empresarios, de jubilados y de pacientes; que reclamamos una modificación de la ley de seguridad social, en cumplimiento de la Ley 13-20 votada por el mismo congreso que no la cumplió. Un congreso que no cumple ni siquiera sus propias decisiones.

El anuncio de la modificación de la Ley 87-01 por parte del presidente del Senado, quien lo hace ponderando que la misma “es la única que permitió al país tener verdaderos ahorros y ha dado buenos resultados en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social”, se siente como una amenaza, una mala nueva, el augurio de que algo viene mal.

Este anuncio del presidente del Senado Ricardo de los Santos, nos dice que su concepción de la seguridad social es fiscalista, y que no va a incorporar la eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y las Administradoras de Riesgos de Salud, porque a decir de este legislador la actual ley ha dado buenos resultados. El Presidente del Senado no tiene noción de la seguridad social como un derecho, incluso contemplado en la Constitución de la República. Los afiliados de la seguridad social más que una buena noticia interpretamos como una amenaza el anuncio del senador por Sánchez Ramírez, que como la mayoría de los legisladores, está sordo y ciego ante los reclamos de cambios estructurales de la ley de seguridad social, que asegure de verdad la perdida de ingresos por enfermedad, vejez y viudez. Para el senador Ricardo de Los Santos, al igual que la mayoría de sus colegas, la seguridad social ha dado buenos resultados, porque al parecer, como tienen un seguro de salud y pensiones privilegiados, no se ha dado cuenta que el 50 por ciento del gasto en salud lo cubre directamente el paciente o sus familiares según las propias informaciones gubernamentales, y el otro 50% lo hace a través del presupuesto, que sale de la población, y de los aportes de los trabajadores a la seguridad social.

El presidente del senado parece que no ha leído los informes y estudios que dan cuenta de las limitaciones de acceso a servicios de salud en este sistema que ha convertido la salud en una mercancía, y que solo sirve para pagar una parte del gasto en salud, y una parte de lo que pagan los se la quedan las ARS, en un procedimiento de corrupción legalizado. El presidente del senado no tiene información de que los pobres tienen que abstenerse de adquirir los medicamentos, posponer procedimientos, porque sus recursos no le permiten pagar ese 30% de las medicinas cubiertas, y el 100% que no cubre la seguridad social actual, que son la mayoría. Para la salud de los pobres, la actual no es seguridad ni mucho menos social.De manera que, ante este anuncio, que debe ser comprendido como una amenaza, la ciudadanía debe continuar la lucha por la seguridad social por distintas vías y métodos.

Debemos continuar demostrando que este sistema es insostenible desde el punto de vista de sus objetivos de protección social. Para ello debemos seguir difundiendo las propuestas, los estudios e investigaciones que se han realizado en estos últimos años. Igualmente, hay que seguir organizando la movilización social en sentido general, promoviendo asambleas, interviniendo en los espacios de participación popular, en las organizaciones de la sociedad civil, tomando la plaza pública, impulsar pequeñas reuniones, demostraciones, integrando sectores y defendiendo derechos adquiridos como han hecho la ADP y el CMD, así como el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) que se ha mantenido movilizándose por sus derechos.

Mantener y fortalecer la unidad por la seguridad social digna, articulando demandas reivindicativas, sin tutelas, de manera solidaria, transparente, alcanzando comunidad de intereses en la diversidad de sectores de trabajadores.

Y en esta coyuntura, entrar en el debate, demandando el compromiso de candidatos y candidatas que asuman continuar defendiendo la propuesta de una seguridad social digna mediante una propuesta de modificación estructural de la ley de seguridad social, y confutar a quienes quieren continuar con un sistema que saca recursos a los trabajadores y trabajadoras, obtienen fabulosas ganancias, condenando a los mismos pensiones miserables, si les tocan, y al no cubre servicios de salud en clínicas, hospitales, farmacias y laboratorios. Aprovechemos la coyuntura proselitista actual, y en medio de la borrachera y chercha electoral, introducir nuestras demandas en los debates, en las propias actividades de los partidos, en cada municipio o circunscripción electoral reclamar a los candidatos el derecho a la seguridad social negado por la Ley 87-01 y el robo legalizado que realizan las ARS y las AFP.

Director OMS dice COVID-19 sigue circulando, cambiando y matando

En su alocución de apertura del año, el doctor Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 10 de enero de 2024 manifestó que, aunque la COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial, el virus sigue circulando, cambiando y matando. En diciembre se notificaron a la OMS cerca de 10 000 fallecimientos por COVID-19, las hospitalizaciones aumentaron un 42% y los ingresos en la UCI, un 62%, en comparación con las cifras de noviembre.

Esto plantea que los gobiernos y las personas debemos seguir tomando precauciones contra la COVID-19. Así mismo, el doctor Tedros sugiere que los gobiernos que mantengan la vigilancia y las actividades de secuenciación, y que garanticen el acceso de la población a pruebas, tratamientos y vacunas asequibles y fiables. Sugiere a “a las personas que se vacunen, que se hagan pruebas de detección, que usen mascarillas cuando sea necesario y que se aseguren de que los espacios interiores concurridos estén bien ventilados”. Para República Dominicana estas recomendaciones del director de la OMS son pertinentes, porque si bien es cierto que no estamos frente a una emergencia sanitaria por COVID-19, el virus sigue circulando, cambiando y podría matar. Para esta semana fueron procesadas 5,340 muestras de COVID-19 y, de estas, 969 fueron por PCR y 4,371 antigénicas, de las cuales 793 resultaron positivas. Los casos activos se colocan en 831 mientras que la positividad semanal se sitúa en 26% y la positividad de las últimas cuatro semanas en 12.5%. (https://presidencia.gob.do/noticias/ministerio-de-salud-publica-mantiene-vigilancia-epidemiologica-46-variantes-han-sido) De manera que, sin alarmarse deben tomarse precauciones, volviendo a la promoción de la higiene de manos, uso de mascarillas en lugares cerrados y con aglomeración de personas, máxime cuando se tiene catarro o cuando haya alguien con tos o estornudos. Mantener la guardia en alto con el COVID-19 no solo previene y reduce los contagios y la enfermedad, sino que también, previene otras enfermedades, principalmente del tracto respiratorio, y otras enfermedades transmisibles. Debe exigirse en los lugares de servicios de comida, centros de salud, escuelas disponer de medios para la higiene de mano como son agua y jabón en los lavamanos, alcohol gel para usuarios y proveedores de servicios y fluidez en las atenciones que reduzcan las aglomeraciones. En los centros de trabajo debe disponerse de mascarillas para los trabajadores y trabajadoras, sobre todos los que están más expuestos como son los del sector salud.